Las comisiones económicas del Congreso y el Ministerio de Hacienda continúan las discusiones para definir el monto del presupuesto del 2025. Como se sabe, entre el 23 y el 25 de septiembre se le vence el plazo al Legislativo para presentar la ponencia y hacer la votación del monto.

Hasta el momento las dos partes no se mueven de sus respectivas propuestas, pues el Gobierno pretende $523 billones y el Congreso no aprobaría más de $511 billones. 

En ese sentido, EL NUEVO SIGLO consultó con congresistas de las comisiones económicas para conocer qué solución se puede dar en este caso y que permitan un acuerdo en la cifra. Inicialmente.

La senadora Angelica Lozano insiste en que el monto se debe desglosar y asignar a cada cartera con el fin de encontrar una salida a las dos posturas radicales de la discusión “Para este caso la ley dice que tiene máximo hasta el 20 de octubre para surtir dos debates, si se llega a ese plazo y no terminó el trámite, el presidente Petro queda facultado para expedirlo por decreto, pero antes de llegar allá, el miércoles 25 de septiembre tenemos el plazo para elaborar la ponencia y votarla entre el lunes 23 y el miércoles 25 de septiembre. La ley dice que el presidente está facultado para decretar lo que se apruebe en ese primer debate; sin embargo, otros colegas dicen que se debe esperar al 21 de octubre sin presentar ponencia para que el presidente decrete. En ese caso y aunque determine los $523 billones, en realidad tendría $511 billones, porque el presidente no puede decretar tributos, sino únicamente el Congreso. Así que estamos trabajando en que la ponencia, hay entidades con muchos recursos que no ejecutan y otras que necesitan más recursos”.

Así mismo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, explicó: “No podemos aceptar votar una tributaria a ciegas, tengo que pedir respeto por la independencia de poderes y es que el Ejecutivo no es jefe del Legislativo. 12 billones de pesos que no se han discutido, eso no es serio al poner un Congreso a que dé un cheque en blanco para rellenar a ver cómo se consiguen esos 12 billones de pesos a espaldas del país. Nosotros nos debemos a quienes nos eligieron y a ellos debemos rendirles cuentas a quienes esperan que las discusiones de un financiamiento no sean de espaldas a ellos ni en cuartos oscuros. En 2024 nos hicieron aprobar unos recursos diciendo que iban a recoger 15 o 20 billones en un tribunal de arbitramento y al final hubo que hacer un recorte doloroso de 20 billones de pesos de un presupuesto aprobado por el Congreso de la República. Otra vez pedirle un cheque en blanco al Congreso cuando ya el primero fracasó”.

Por su parte, el senador Carlos Julio González, de Cambio Radical, señaló: “Ha habido propuestas desde varios sectores. Ley de financiamiento con aquello que se percibe no lesivo, normalización, evaluación de la regla fiscal. Pero no imponer más impuestos, porque la economía nacional hoy en día no aconseja más impuestos. Hay muchas dificultades, tenemos que evaluar el aumento del valor en el impuesto de la ganancia ocasional, el aumento de la base gravable, el valor del impuesto al carbono. Tenemos que estudiar el impacto de todo eso y si realmente el recaudo que ellos están proyectando va a ser realidad. Hay informes relacionados con que el monto esperado de $2 billones del aumento del IVA para las empresas que tienen juegos de azar en línea no llegaría a esa cifra, sino que alcanzaría únicamente a los $800 mil millones. Entonces estamos evaluando impactos, qué sectores van a resultar afectados. Hay una situación muy compleja con el aumento del impuesto al carbono que expertos también consideran que impactaría a la gasolina, el diésel y el gas domiciliario. Entonces, el Congreso no puede aprobar una ley de financiamiento sin tener claridad de una ley que es más una reforma tributaria. No podemos aprobar esa reforma sin que aprobemos el monto del presupuesto general”.

Igualmente, el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, aseguró que “la fecha máxima para aprobar el monto del presupuesto era el 15 de septiembre. No aprobado el monto, es decir, rechazado el monto teniendo en cuenta que Gustavo Petro tenía desfinanciado el proyecto en más de 40 billones de pesos, es evidente que el mensaje es un presupuesto negado. Es decir, el presidente tendrá la facultad de expedirlo por decreto sin facultades extraordinarias y eso lo que implica es que el Gobierno nacional no tiene la gobernabilidad necesaria para hacer daño y demuestra la independencia del Senado y en buena parte es un mensaje favorable a los mercados y a la sociedad. El monto fue negado por la arbitrariedad, la soberbia de Gustavo Petro y sus ministros. Le aseguramos al Gobierno que tenía los recursos necesarios en el derroche y la corrupción para que dejara de meterles la mano en el bolsillo a los colombianos, porque continuar con el trámite sería viciar cualquier proceso adicional. Sabemos que el Gobierno busca un camino para salvar el presupuesto, pero eso ya quedó negado. Cuando se niega el monto no hay sobre qué discutir, ante esa negativa era obligación del Gobierno proponer un monto diferente, pero por soberbios y autoritarios no lo hicieron. El mensaje del Senado fue claro: no estamos de acuerdo con la reforma tributaria que genera la desfinanciación del presupuesto y queda marcada la independencia del Gobierno y no estamos a merced del Gobierno”.

Posteriormente, el senador del Partido Liberal Mauricio Gómez Amín señaló sobre el particular: “Aquí no hay nada que conciliar, no hay nada que negociar, la Comisión Tercera del Senado de la República ya tomó una decisión. Ahora la palabra la tiene el señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es él quien con responsabilidad le tiene que decir al país que quita los 12 billones de pesos del presupuesto; si no, no sirve, porque la Comisión Tercera del Senado no va a cambiar de posición. Nos preocupa que la inversión, que es lo que llega a las regiones, se redujo un 17.40 %, lo que equivale a 16 billones de pesos. Municipios que requieren recursos para salud, educación, vivienda, agua potable. Pero el presidente lo que hace es quitarles recursos a las regiones y le da plata a su gobierno para crear más burocracia. Aquí hay que decirle al Gobierno que reduzca los gastos de funcionamiento, que aumentaron en un 6.20 % para este presupuesto que les quita plata a los deportistas en un 66 %, pero aumenta la creación de embajadas, consulados y los gastos de funcionamiento del Gobierno en 19 billones de pesos”.  

 A su turno, el senador José David Name, del Partido de la U, aseveró: “Venimos de una reforma que falló estrepitosamente, en la que se prometía combatir el hambre, reducir la pobreza y buscar la igualdad social. Ahora tenemos un desequilibrio fiscal que buscan resarcir con el recaudo de $12 billones que, según el Ejecutivo, hacen falta en el Presupuesto General para la Nación del 2025. El Gobierno trabaja en una reforma tributaria que ya enfrenta críticas. Necesitamos enfocarnos en combatir la pobreza e incentivar la innovación, no en generar más impuestos. Como congresista me opondré a cualquier reforma que afecte a los más vulnerables. Proteger el bolsillo de las familias, incentivar la inversión y generar empleo es esencial”.