Al aprobar el Congreso  la Jurisdicción Especial de Paz, el exministro Diego Palacio y los generales Jésus Arías Cabrales y Jaime Uscátegui fueron los primeros en acogerse a la justicia transicional.

En efecto, ayer Álvaro Leyva confirmó, que algunos de los altos exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe que han sido condenados planean llevar a la JEP sus casos y esa es la situación del exministro de Protección Social.

"Se espera que los jueces correspondientes autoricen la libertad condicional y anticipada de Palacios y los generales Arias y Auscátegui", dijo el conservador minutos después de anunciar que los tres firmaron un acta de compromiso de sometiento a la Jurisdicción Especial de Paz. "Los felicito por la decisión. Un ejemplo a seguir", agregó.

En el caso del exfuncionario uribista el argumento principal que hace factible su llegada a la justicia especial tiene que ver con que los delitos condenados por la Corte Suprema de Justicia tenían como fin asegurar la reelección de Uribe con el propósito de continuar la seguridad democrática, prioridad de ese gobierno.

Palacios pasa la primera prueba de fuego a la hora de demostrar que la JEP sí tiene competencia sobre su caso. Aunque todavía le queda camino por recorrer y más cuando apenas se organizan los andamios del Tribunal de Paz que entraría a funcionar terminando el 2017, empezó a atravesar la ventana que le dejaron abierta en La Habana sobre la participación de terceros y que le da las llaves de su libertad condicional. Es decir, de personas que no formaron parte de las Fuerzas Armadas ni de la guerrilla, pero que “han participado en forma indirecta en el conflicto y han cometido delitos en ese contexto”.