UN NUEVO escándalo estalló dentro del Gobierno por la investigación de W Radio, que da cuenta de la supuesta existencia de una red de corrupción por un grupo empresarial conformado por varias IPS que habrían sido beneficiadas por varias EPS con el pago de la casi totalidad de los servicios prestados, las cuales tendrían como matriz una empresa, dijo, domiciliada en España; mientras que otras clínicas e instituciones agonizan por las deudas que tienen con ellas. Este Medio aseguró que fuentes sostienen que la canciller Laura Sarabia presuntamente está involucrada en estos hechos.

Llamó la atención que poco después de esta denuncia y sin que Sarabia se hubiera pronunciado sobre el grave señalamiento en su contra, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, puso en duda la conveniencia de que se mantenga al frente de la Cancillería por la sombra de duda que se generó.

“Luego de las denuncias de la W Radio sobre un entramado de corrupción para saquear recursos de la salud a través de empresas de papel, quedan varias reflexiones. La principal, ¿es bueno para Colombia tener una canciller que esté mencionada en este escándalo?”, puso Bolívar en la red X.

Añadió que “el titular de ese cargo, que representa en el mundo a 52 millones de personas, no admite ni una sola sombra de duda sobre sí. Vinimos a luchar contra la corrupción y como dijo el presidente Petro, que caiga quien tenga que caer”.

Casi que de inmediato, Sarabia le respondió a su colega de Gobierno, también por esta red social, que “estoy de acuerdo ‘que caiga quien tenga que caer’. Contrasten con el presidente Gustavo Petro el nombramiento a Mauricio Marín y por qué salió el superintendente Luis Carlos Leal. Y si tuve alguna injerencia en ambas decisiones”.

Añadió la canciller que “a la W le pedí que llamáramos al presidente para confirmar las fuentes cercanas a él, se negaron. Gustavo Bolívar si realmente hablas con el presidente confírmalo él te dirá. A mí me han calumniado e investigado dentro y fuera del gobierno, y saben que no tengo enriquecimiento alguno”.

También se pronunció sobre estos hechos el exsuperintendente de Salud, Luis Leal, actualmente asesor del ministerio del ramo. “También estoy de acuerdo con la premisa ‘que caiga quien tenga que caer’ y le sumo: que caiga pronto. Por eso mismo y cumpliendo con mi deber como funcionario público puse en conocimiento de la Fiscalía las pruebas de irregularidades que conocí como SuperSalud e invito a la canciller a que haga lo mismo si así lo considera pertinente. Que caiga quien tenga que caer y que caiga pronto porque este país no aguanta más robo de recursos en la salud”.

Vela recordar que tras ordenar por una denuncia una auditoría a cuatro EPS, el por esos días superintendente Leal reveló el pasado 30 de octubre presuntas irregularidades en Coosalud (entonces todavía no intervenida) y tres intervenidas: Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S., Asmet Salud EPS S.A.S., y Emssanar EPS S.A.S.

Entre las irregularidades que se habrían registrado está la “presunta confabulación liderada por un particular, el señor Mario Andrés Urán, para la postulación y direccionamiento de contratos a las mismas IPS por parte de las 3 EPS intervenidas, a través de su cargo de asesor en la EPS Coosalud”, indicó el órgano de control. Agregó que también “la concentración de pagos en ciertas IPS sin la debida justificación de estos y en detrimento del giro de recursos a otras entidades de salud.

La investigación

Según W Radio en menos de cuatro años se ha ido consolidando en Colombia un grupo empresarial integrado por IPS en distintas especialidades: clínicas, de exámenes médicos, farmacias y otros, tienen como matriz una empresa de papel con domicilio en España.

Agrega que las IPS de dicho grupo empresarial se “han visto beneficiadas, al menos los últimos dos años”, por pagos de EPS manejadas “en la sombra por Mario Urán, en desmedro del pago casi inexistente a los hospitales públicos”.

Dijo que a finales del 2024, el entonces superintendente Leal alertó al presidente sobre que recursos del sistema se estaban desviando a través de manejos en apariencia irregulares de la EPS Coosalud y otras dos EPS intervenidas por la Superintendencia.

Añadió este Medio que en aquel momento, el presidente “hizo eco únicamente a la primera mitad de la denuncia, aquella que protagonizaban las EPS, pero calló respecto al resto de lo que el superintendente le comentó muy preocupado. A los pocos días, al superintendente Leal le pidieron la renuncia”.

Sostuvo que dos fuentes de la Presidencia le confirmaron que la salida de Leal se dio ante la preocupación de una persona del entorno cercano al presidente por el alcance de los hallazgos relacionados con las IPS.

Dijo también el medio que las IPS involucradas son 18 en distintas regiones del país, y que aunque tienen nombres distintos, “todo el dinero por ellas percibido termina llegando a una misma compañía que no tiene sede en Colombia, sino en España: se trata de Venum Investments 2020 SL.

Indica esta investigación periodística que esta es una empresa de papel que desde 2021 tiene un único socio, una empresa llamada Namose S.A., la cual explica también es de papel constituida en Uruguay.

W Radio dijo también que sus fuentes advirtieron que Jhon Marín, expresidente de la Fiduprevisora “sería una de las personas detrás de este entramado” y “sigue siendo el dueño y señor de las IPS más poderosas del sector salud”.

Señala esta Radio que “Marín fue la cuota que puso el Partido de La U en el Gobierno Petro y éste, a su vez, fue quien llevó a Daniela Andrade a la Fiduprevisora para firmar todo tipo de documentos”. Agregó que Andrade es la pareja de Jaime Ramírez Cobo, asesor y padrino de matrimonio de Laura Sarabia.

Dio cuenta además que fuentes “vinculadas con Venum Investments indican que Marín y Sarabia, junto a políticos del Partido de La U, se lucran de los dividendos de estas IPS”.

Presidente se pronuncia

El jefe de Estado dijo que “he leído esta denuncia de la W y me encuentro que es la misma denuncia que hizo el Gobierno, pero vuelta contra mí, el que ordenó hacerla”. Añadió que “Coosalud es una EPS privada, y el señor Urán es su asesor privado. Nada tienen que ver con el Gobierno”.

Mencionó también que “como en la mayoría de las EPS y, este es el motivo fundamental de la reforma a la salud que presenté y sabotean permanentemente en el Congreso, usan los dineros públicos que les entregamos en fines diferentes a la salud de sus afiliados y se trasladan billones de pesos públicos al enriquecimiento ilícito de dueños de IPS privadas que crecen con estos recursos mientras quiebran la red pública”.

Sostuvo que “denuncié públicamente cómo en el caso de Coosalud se había usado el dinero público como fianza en un empréstito que tomó el dueño de Coosalud, de $200.000 millones”.