El Gobierno Nacional expidió el decreto 1094 del 28 de agosto de 2024, que permitirá fortalecer el sistema económico propio y el buen vivir de los pueblos ancestrales que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Según la norma expedida, esto se logrará a partir de mecanismos orientados a la protección y financiación de las unidades productivas indígenas, adquisición de insumos, transformación y comercialización, contribuyendo al eficaz desarrollo de un modelo sostenible, en armonía y equilibrio entre todos los seres de la naturaleza que habitan el territorio.

Al respecto, en el parágrafo del artículo 5°, el decreto establece que, en armonía con la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Gobierno Nacional, en un plazo de nueve meses, expedirá, dentro del marco de las competencias de cada uno de los sectores y ministerios– las reglamentaciones sobre el fortalecimiento del sistema económico propio de las citadas comunidades indígenas.

Este enfoque busca garantizar que las comunidades indígenas reciban el apoyo necesario para mejorar su situación económica y social.

En líneas generales, el decreto permitirá avanzar en la solución de la problemática social, económica, ambiental y cultural que afrontan las comunidades ancestrales de este departamento y facilitará a las autoridades indígenas tradicionales del CRIC tomar acciones urgentes para superar la violencia y el conflicto armado, y defender la vida, elterritorio y la cultura de los pueblos indígenas en esta región del país.

Cabe recalcar que el decreto reconoce explícitamente las competencias de las autoridades indígenas del CRIC para ordenar, regular, preservar, cuidar, conservar, restaurar, proteger, disponer, aprovechar, vigilar, revitalizar y salvaguardar los territorios, los espacios de vida y el fortalecimiento del sistema económico propio.

El decreto ha sido objeto de críticas por parte de sectores no indígenas, como por ejemplo, Oscar Campo, representante a la Cámara en Cauca, quien señala que la falta de diálogo previo con otras comunidades, como campesinos y afrodescendientes, plantea riesgos de conflictos territoriales

Solicitó al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional una revisión rápida del decreto para evaluar su viabilidad jurídica y su impacto en los derechos de todos los habitantes del departamento.