Continuando con sus reuniones de alto nivel con dependencias de Naciones Unidas, representantes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr) se reunieron este miércoles de forma virtual con la alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para presentar sus avances y dialogar sobre los desafíos de la implementación del acuerdo de paz a cuatro años de su firma.

Además solicitaron a la expresidente chilena el acompañamiento de su oficina a en un contexto de presiones políticas que, aseguraron, se ejercen sobre este sistema y que pueden afectar la autonomía, independencia y funcionamiento de los mecanismos que lo componen.

En la reunión participaron la directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón; la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrada Patricia Linares Prieto, y el presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Francisco de Roux.

Durante la reunión el Sistema de Justicia Transicional colombiano -cuya vocería estuvo a cargo de la Directora General de la UBPD, informó sobre los avances del mismo aún en medio de la pandemia, tales como el desarrollo de los siete macrocasos de la JEP y la realización de audiencias, la escucha amplia y plural a más de 20.177 personas de las cuales el 85% son víctimas, por parte de la Comisión de la Verdad, y la puesta en marcha del Plan Nacional y 12 Planes Regionales de Búsqueda que adelanta la Unidad y que involucran a más de 600 víctimas de desaparición,

También se resaltaron las preocupaciones por el recrudecimiento del conflicto en algunas regiones del país, las masacres y el asesinato de 300 líderes sociales, entre ellos integrantes de comunidades étnicas y mujeres, así como de excombatientes de las Farc que se acogieron al acuerdo de paz.

A este panorama, se suma la no aprobación de recursos adicionales solicitados por la JEP para 2021, que aseguró, son necesarios para brindar protección a víctimas, testigos e intervinientes; representar judicialmente a las víctimas y garantizar una justicia más ágil, transparente y digital.