AL TIEMPO que la fiscal Luz Camargo justificó el hecho de que, por estar tramitando un principio de oportunidad, Sneyder Pinilla no declaró en días pasados en la Corte Suprema de Justicia en la investigación a congresistas que habrían participado en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), pidió al alto tribunal que trabajen coordinadamente en este caso.

“Tenemos que trabajar en los tiempos, tenemos que trabajar en que los tiempos puedan ser coordinados. Digamos que el silencio del señor Sneyder Pinilla o de cualquier otro involucrado que está sometido o que está en proceso de un principio de oportunidad tiene algún sentido, porque él está negociando sobre información que nos brinda a nosotros”, expresó la fiscal Camargo.

Añadió la jefa del ente acusador que “tenemos que coordinar con la Corte Suprema de Justicia en este caso para que podamos trabajar sincrónicamente, para que podamos trabajar armónicamente y seguramente vamos a hablar con ellos para hacerlo en esa dirección”.

La fiscal general hizo este pronunciamiento ad portas de que hoy un juez de garantías decida sobre la medida de aseguramiento que solicitó la Fiscalía contra Olmedo López, exdirector de la Ungrd; Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma, y el contratista Luis López Rosero, quienes según las investigaciones y las declaraciones que ellos han entregado, participaron en una serie de hechos de corrupción en esta entidad en los meses finales del 2023 por sobrecostos millonarios y otras irregularidades en la contratación, entre otros, para llevar agua a La Guajira en carrotanques por la extrema sequía debido al fenómeno de El Niño.

Olmedo López sostuvo que de esta contratación irregular varios ministros y otros altos funcionarios del Gobierno, supuestamente, le dieron instrucciones en una reunión en la Casa de Nariño en noviembre pasado, para que entregara dineros y contratos a algunos congresistas con el fin de que votaran favorablemente las reformas que presentó el Ejecutivo.  

El pasado 7 de agosto se realizó la audiencia de medida de aseguramiento contra estas personas; sin embargo, el juez de garantías por falta de tiempo aplazó para el día de hoy para tomar una decisión.

Estas personas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. En el caso de Olmedo López y Sneyder Pinilla, el organismo pidió que por su seguridad sean recluidos en una guarnición militar.

Para la Fiscalía, los tres investigados, en complicidad con otros funcionarios, “acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las modalidades de contratación privada y expedita de la Ungrd, entre las cuales se destaca la modalidad de adquisición de asistencia humanitaria de emergencia para la ejecución de las respuestas ante emergencias a través de decretos de calamidad pública y declaratorias de desastre nacional, logrando consolidarse como una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros”.

Funcionarios salpicados

En la audiencia de medida de aseguramiento contra Olmedo López y Sneyder Pinilla por los hechos de corrupción en esta entidad, también salieron a relucir los nombres del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; Carlos González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, y César Manrique, actual director de Función Pública.

La fiscal delegada María Cristina Patiño dijo en esa oportunidad que “entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, le solicitó a Olmedo López conseguir contratos por $60 mil millones para Iván Leonidas Name Vásquez y por un poco más de $10 mil millones para Andrés David Calle Aguas, contratos que posteriormente se cambiaron por $3 mil millones en efectivo para Name Vásquez y $1.000 millones en efectivo para Calle Aguas”.

En cuanto a la participación que habría tenido el ministro de Hacienda en estos hechos, la fiscal Patiño dijo que Olmedo López “ordenó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca, y El Carmen de Bolívar, Bolívar, en concreto en el corregimiento de El Salado, en los cuales estaban interesados indebidamente senadores y representantes a la Cámara, de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso”.