La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena impuesta al exministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, al exministro del Interior, Sabas Eduardo Pretelt de la Vega, y al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Alberto Velásquez Echeverry, por el delito de cohecho por dar y ofrecer, vinculado a ofrecimientos ilegales a congresistas para lograr la aprobación de la reelección presidencial en 2004.
Los exfuncionarios fueron condenados por el Alto Tribunal, en única instancia, durante el 14 de abril de 2015, luego de que se pudiera demostrar que fueron los encargados de coordinar los ofrecimientos realizados por el Gobierno para manipular el voto de los entonces congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, para lograr la reelección del expresidente Álvaro Uribe.
Por ello, la Sala Penal condenó a Sabas Pretelt de la Vega y a Diego Palacios a seis años de prisión y una multa de 167 salarios mínimos, mientras que a Alberto Velásquez, deberá pagar una condena de cinco años y deberá pagar 83 s.m.m.l.v.
En el expediente de la Corte Suprema se logró evidenciar que los acusados le ofrecieron a la congresista Yidis Medina la dirección de la clínica, lo que fue reiterado y confirmado por Diego Palacio, Ministro de la Protección, en una conversación telefónica sostenida en horas de la noche con la congresista.
Otros condenados en el caso de Yidispolítica
Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue capturado hoy para cumplir su condena de cinco años de prisión por su papel en el escándalo de la Yidispolítica, tras la confirmación de su sentencia por la Corte Suprema de Justicia.
Moreno se entregó a las autoridades en el comando de la Policía en Calarcá, Quindío. La detención se realizó después de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su condena por tráfico de influencias, fijada en cinco años de prisión.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la sentencia el pasado 24 de julio, al confirmar que Moreno utilizó su posición para influir en congresistas con el fin de obtener apoyo para el acto legislativo que permitió la reelección de Uribe.