¿ACABAR BANCADA DE LA MUJER? La llegada de Armando Benedetti al Ministerio del Interior generó una división profunda en la llamada “Bancada de la mujer” en el Congreso, en donde es claro que una parte de las senadoras y representantes a la Cámara están contra de esa designación, debido a las acusaciones de violencia de género contra el alto funcionario, pero otras señalan que hay que darle el beneficio de la duda, ya que no ha sido condenado por ningún juez por incurrir en presuntas agresiones a su esposa. La contradicción llegó a tal punto que una de las congresistas de la oposición, en diálogo informal con un periodista de EL NUEVO SIGLO, señaló que la postura de las parlamentarias que defienden a Benedetti era tan “indignante, machista y revictimizante” y, por lo tanto, lo procedente era acabar con la “Bancada de la mujer” porque se le estaba “dando un entierro de tercera” y se desdibujó su propósito.

¿CÓMO VA EL PROCESO? (I) Desde el pasado fin de semana, cuando se conoció que Benedetti sería designado ministro del Interior, una de las preguntas más reiteradas en los pasillos políticos y jurídicos es cómo va el proceso penal contra el alto funcionario, que fue llamado a juicio a comienzos de este mes por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, sindicado del delito de tráfico de influencias por presuntamente incidir para que una empresa particular fuera beneficiada con contratos de Fonade, durante el gobierno Santos.

¿CÓMO VA EL PROCESO? (II) Aunque fuentes cercanas al Alto Tribunal señalaron, en su momento, que esta etapa procesal podría durar entre ocho meses y un año en resolverse, en el mejor de los casos, todo dependía de la estrategia de la defensa, en cuanto a forzar un rápido procedimiento o dilatarlo. La estrategia, sea cual sea, ya se empezó a mover: el martes pasado los abogados del entrante ministro presentaron un primer recurso de reposición ante la Sala para que se anule la acusación y se archive el caso, esto alegando que la ocurrencia del delito no está acreditada ni tiene soporte probatorio. Así las cosas, esto va para largo.

QUINTERO A LO PETRO. Luego de que la Procuraduría General indicara que abrirá juicio disciplinario al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por presuntamente haber publicado de manera tardía sus declaraciones de renta en 2019 y una falla en la actualización de su registro de bienes y conflictos de interés en la de 2020, el exmandatario pasó a la ofensiva. No solo ratificó que será candidato a la presidencia en 2026, lo que de inmediato impactó en las toldas de la centroizquierda y del petrismo, en donde muchos sectores le tienen muchas reservas, sino que además sostuvo que “… en mi gobierno vamos a acabar con la Procuraduría”. Esa misma propuesta la hizo en la campaña 2022 el hoy presidente Petro, a quien el Ministerio Público lo llegó a destituir cuando era alcalde de Bogotá. Sin embargo, cada vez que trató de plantear acabar con el ente disciplinario o debilitar sus facultades se encontró con un rechazó cerrado de la rama judicial y los partidos independientes y de oposición.

PERFILES HABÍA, PERO… Un dirigente de izquierda, que hace tiempo le marcó distancia al gobierno Petro, analizó lo que han sido los últimos nombramientos de ministros, sobre todo en carteras como las de Ambiente, Trabajo o Transporte. “… Son personas con trayectoria y huella en la política en los campos de acción de esas carteras… Perfiles que estaban desde el día uno del gobierno, pero se prefirió en la Casa de Nariño hacer milimetría política y reparto politiquero… Y vea a dónde nos trajo ese camino: a un gobierno en crisis, con muchas promesas incumplidas y tomando decisiones que nunca se esperarían de un mandatario de izquierda”, indicó la fuente en charla off the record con un periodista de este Diario.

CAMPANAZO POR ICETEX. El exministro del Trabajo del gobierno Duque, Ángel Custodio Cabrera, calificó de “injustificable” la decisión del Gobierno en cuanto a eliminar el subsidio a la tasa de interés de los usuarios de créditos de Icetex. Señaló que “esta medida afecta a 327.000 estudiantes, quienes ahora deberán pagar tasas de interés entre el 12,2% y el 17,2%, pese a que sus créditos fueron adquiridos bajo condiciones distintas. Esto incrementará la morosidad y obligará a miles de jóvenes a abandonar sus estudios, limitando la movilidad social. ¿Cómo pretende este Gobierno que los estudiantes puedan construir un proyecto de vida digno cuando los someten a una carga financiera tan asfixiante?”.