Con una reforma tributaria enredada y sin un panorama que indique un progreso para poder concertarla en esta legislatura, uno de los objetivos principales de la Ley de Solidaridad era precisamente establecer un impuesto para financiar una renta básica para cerca de 5 millones de colombianos.

Es bueno explicar que la mayor parte de los subsidios que integrarían esa renta básica, hoy prácticamente están diseñados para cubrirse hasta junio de este año. Bajo esta estimación está el Ingreso Solidario y la devolución del IVA principalmente.

En declaraciones a EL NUEVO SIGLO la directora de Prosperidad Social, Susana Correa, al realizar un balance del programa a marzo de este año, señalaba que “a la fecha se han invertido $5,6 billones y hemos superado la meta de atender a 3 millones de hogares: Ingreso Solidario cuenta con 3.084.987 familias beneficiarias”.

Indicaba la funcionaria que “cada hogar beneficiario recibe $160.000 por giro, lo que significa que, a lo largo de este primer año, cada uno de nuestros beneficiarios ha recibido hasta $1.920.000 en total. Además, Ingreso Solidario tiene otro gran mérito: el cubrimiento del 100% de los municipios del país, gracias a una combinación de pagos a través del sistema bancario y de compañías de giros”.

Con las pretensiones iniciales del Gobierno en el proyecto de reforma tributaria que se retiró del Congreso, de los $26,1 billones que se aspiraba como recaudo total, $8 billones irían directamente a financiar el Programa de Ingreso Solidario (PIS).

Actualmente los recursos que financian el programa provienen en un 100% del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome). Desde que inició el programa en abril de 2020, el Gobierno Nacional ha invertido $5,6 billones. Para las 15 entregas, que se cumplirán al llegar junio de 2021, la inversión proyectada es de $7,2 billones.

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Las cuentas

Según cálculos de analistas privados, ahora con la tributaria enredada, si se quiere dejar un programa de renta básica general, que integre todos los subsidios, por política de Estado, se necesitarían recursos de 3,7% del PIB anual, es decir casi $40 billones.

Sin embargo, si se aceptaran las peticiones del Comité de Paro, de pagar un salario mínimo vigente de renta básica, es decir $908.526, la suma superaría los $70 billones.

Para Andrés Zambrano, profesor asociado a la facultad de economía de la U. de los Andes, es equivalente a “algo así como un tercio del gasto público en Colombia o tres veces lo que pretendía recaudar la reforma tributaria inicialmente. Esto claramente no es sostenible”.

Por su parte, Jorge Enrique Espitia y Luis Jorge Garay, investigadores del Centro de Política Fiscal de la U. Nacional, han sido otras de las voces que apoyan una renta básica.

Plantean que “la renta básica consistiría de una transferencia monetaria incondicional mensual que garantice que todos los miembros de cada hogar focalizado alcancen la línea de pobreza monetaria, según su respectivo dominio geográfico.

Esta iniciativa complementaría los programas sociales existentes de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, dado que el de Ingreso Solidario solo tiene vigencia hasta finales de junio de 2021”.

Costos

El costo fiscal de esta idea estaría entre un 1,5%-1,9% del PIB para el segundo semestre de este año.

De acuerdo con Luis Jorge Garay, “habría que recalcar que ya se tiene presupuestado un costo fiscal de alrededor del 0,6% del PIB para el segundo semestre de 2021 para los otros programas sociales, por lo que el costo fiscal neto del programa de renta básica de emergencia inmediata sería del orden del 0,9%-1,3% del PIB”.

Para Garay, la principal fuente de financiación, si no única, sería la cuenta de pérdida de apropiación presupuestal del año 2020 a cargo de Minhacienda, que ascendió a más del 2,3% del PIB, es decir $24 billones.

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La oportunidad

Por su parte Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación de Instituciones Financieras (Anif), señala que “sin la reforma, el país no tendrá recursos suficientes para el fortalecimiento y la ampliación de los programas de alivio de la pobreza que tanto necesita una buena parte de la población colombiana (por lo menos 42.5% que está en condición de pobreza). Es así como el Programa de Ingreso Solidario (PIS) como la compensación del IVA no verán las ampliaciones en monto y cobertura que se proponían en el Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible (PLSS). Los demás programas existentes (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, etc.) tampoco podrán crecer de la manera que se necesita”.

En un análisis sobre la caída de la reforma, el directivo del centro de pensamiento, sostiene que “Colombia perdió, una vez más, la oportunidad de hacer cambios profundos en su sistema fiscal. El PLSS, si bien tenía puntos que podían ser mejorados, presentaba modificaciones significativas en la estructura de tributación que habrían logrado aumentar el recaudo, mejorar la progresividad y la eficiencia del sistema. La retirada del PLSS del Congreso elimina la posibilidad de iniciar pronto los cambios necesarios para corregir las fallas en desigualdad y pobreza perpetuadas por el actual sistema fiscal”.

Asegura que, en términos redistributivos, “los esfuerzos para ampliar la base de contribuyentes, eliminar subsidios injustificados de los más ricos y empezar a gravar la riqueza que hoy está exenta por uno u otro motivo no se materializarán en un futuro cercano. Así mismo, la retirada del PLSS deja en aprietos las finanzas públicas del país, con una proyección del déficit cercano al 9% del PIB y una deuda pública de más de 65% del PIB para este año”

Propuesta

Por otra parte, el senador Iván Marulanda, quien presentó una propuesta de renta básica para discutir en el Congreso, junto a un grupo de 50 congresistas, señala que el pago de la renta sería una transferencia directa mensual de $417.836. En su propuesta, Marulanda argumenta que el costo fiscal total del año para una renta básica universal sumaría cerca de $37,4 billones, según el proyecto de ley presentado.  El número de hogares a los que se podría llegar con esta renta universal en Colombia superaría los 7,46 millones. 

Lo que se presentó

El Gobierno argumentó que con la reforma social que se presentó inicialmente al Congreso de la República, buscaría asegurar los recursos suficientes para que programas como Ingreso Solidario se conviertan en política de Estado. 

La propuesta sienta las bases para que dicho programa de Ingreso Solidario sea una renta universal básica para los hogares más afectados por la pandemia del covid-19 y corresponderá a “una transferencia monetaria no condicionada directa y periódica, que tiene como propósito contribuir a la reducción de la pobreza y a reducir las brechas de ingreso en el país”.

La clasificación de los hogares a los cuales se les transfieran los subsidios, se hará con base en los datos disponibles en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y con base en herramientas como el Sisbén, según lo disponga el Gobierno. 

Justamente el Gobierno lanzó el Sisbén 4.0 con el que busca hacer una categorización más detallada de las condiciones socioeconómicas de los hogares colombianos y, con base en ello, entregar los recursos. 

Los hogares que de acuerdo con esos parámetros se encuentren en pobreza y pobreza extrema en Colombia van recibir los recursos de manera permanente. 

Con base en lo anterior, el monto de transferencias mensuales para estas familias variará desde los $80.000 para los hogares con una persona, hasta los $366.101 para hogares en pobreza extrema con seis miembros, y de $252.142 para hogares pobres.