Las afugias por las que atraviesan las finanzas públicas para costear el gasto social, es decir la ayuda oficial para las familias más empobrecidas y los emprendimientos más afectados por la pandemia, no solo no se han atendido, sino que se han agravado con el vandalismo y los bloqueos del último mes.

En ese contexto, sigue estando al orden del día encontrar las fórmulas que permitan reactivar la economía, especialmente luego de que la opinión pública rechazara la reforma tributaria que llevó el Gobierno al Congreso, censura generalizada que derivó en el retiro de la iniciativa y a la convocatoria de un diálogo que por lo pronto no ha llegado a ese tema.

Cabe, por otra parte, preguntarse ¿cuál sería la fecha más conveniente para presentar el proyecto de ley que defina las herramientas para ese propósito?

Entre los congresistas de las comisiones económicas hay diferentes posiciones. Por ejemplo, el presidente de la Cuarta del Senado, Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, le manifestó a EL NUEVO SIGLO que “creo que debemos sentarnos a hacer lo que el Congreso no había hecho: escuchar todos los sectores, izquierda, derecha, academia, sindicatos, empresarios, comerciantes, y dependiendo de lo expresado por todos, coger el punto en común y con eso ver cuánto logramos financiar”.

Está claro que la clave es el amplio apoyo nacional que pueda llegar a tener la iniciativa y así parece haberlo entendido el Gobierno al plantear un diálogo sobre ese tema, porque precisamente la carencia de consenso hizo que se perdiera tiempo valioso para buscar soluciones.

En diálogo con este Diario, el senador Ciro Alejandro Ramírez, del Centro Democrático, anotó que “ahora es más que necesario fortalecer la política social en Colombia y sobre todo el paquete de transformación social que lanzó el presidente Iván Duque”.

Sobre los tiempos adecuados para llevar una nueva propuesta al Congreso, Ramírez señaló que eso dependerá de la legitimidad de quienes se pongan de acuerdo, es decir “la representación en el Congreso y los partidos políticos que lo quieran acompañar, pero sobre todo creo que hay que hacer antes un trabajo muy fuerte de socializarlo con la opinión pública y los partidos políticos, sectores económicos, sociales, antes de radicarlo”.

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El Congresista insistió en que “el tiempo lo dirá el trabajo que se haga con la opinión pública y los partidos políticos. Mientras más rápido mejor. Pero lo más importante es la socialización con los colombianos y los partidos políticos”.

Algunas luces sobre puntos clave de la fórmula consensuada saldrán muy probablemente de las negociaciones que deben emprender pronto el Gobierno y el Comité Nacional de Paro, ante lo cual algunos analistas han observado que la postergación del debate sobre un pliego presentado en julio, no solo implicó demorar un año las respectivas respuestas sino el agravamiento del problema en el último mes.

Por su parte, el senador John Milton Rodríguez, copresidente de Colombia Justa Libres, le expresó a este Medio que “consideramos que el momento es ya, pero el mecanismo debe ser una ley de estabilidad social y económica y no una reforma tributaria”.

Propuestas

Del proyecto que debe perfilar el Gobierno solo se conoce que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo que probablemente los recursos que se recaudarían estarían por el orden de los $14 billones, pero hasta el momento no se sabe qué fuentes tendrá la reforma y los impuestos que se cobrarían.

Algunas propuestas ya han sido expresadas por los distintos sectores políticos. Por ejemplo, desde abril, cuando le quitó el respaldo al articulado radicado por el Gobierno, el Partido Conservador señaló que entre otras opciones que ha planteado están “alternativas como el establecimiento de una sobretasa en renta para el sector financiero, la fijación de un techo porcentual a las deducciones aplicadas en renta, a las sociedades y personas jurídicas catalogadas como grandes contribuyentes, la suspensión de los descuentos del ICA y la disminución temporal al impuesto de renta de las empresas, así como un impuesto al patrimonio para personas naturales con más de $5.000 millones de patrimonio líquido, la venta de algunos activos del Estado, acelerar la enajenación de bienes decomisados como producto del narcotráfico, combatir el contrabando y avanzar más en el control de la corrupción”.

El Centro Democrático, a su turno, divulgó una propuesta con “impuestos transitorios aproximados por $12 billones sin afectar a personas de ingresos medios ni la recuperación productiva”, en la que, además, “se pide al Banco de la República $5 billones de anticipo de utilidades”, recursos que “se manejarán en cuenta especial con destino a superar el problema social y de empleo de la pandemia”.

El dinero recaudado se utilizaría en “Ingreso Solidario para cinco millones de familias; extender subsidio a la nómina para 3,6 millones de trabajadores; subsidiar la seguridad social de nuevos trabajadores jóvenes, mujeres, adultos y personas en condición de discapacidad; devolución del IVA a cuatro millones de familias; universidad pública gratuita para estratos 1, 2 y 3”.

También se planteó “austeridad del gasto y reforma administrativa con ahorros de $1 billón durante los primeros dos años y permanente de $15 billones”.

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Aplicación

Así mismo, el senador Rodríguez le comentó a este Diario que su colectividad le ofició el 18 de mayo pasado al ministro Restrepo un menú de planteamientos sobre la materia, que incluye no solo propuestas sobre fuentes de financiación, sino acerca de la mejoría en la aplicación de las ayudas a través de programas sociales debidamente focalizados y condicionados para mitigar la crisis de la pandemia, y apoyo a las mipymes para superar las dificultades originadas en la emergencia sanitaria, no con productos de la banca privada, sino del Grupo Bicentenario, el conglomerado financiero del Estado.

Aunque el diálogo sobre este tema quedó en pausa por la necesidad de negociar el levantamiento del paro, podría ser esto último una oportunidad para retomarlo.

Precisamente en la semana en la que estalló el paro el ministro del Interior, Daniel Palacios, había anunciado que empezaría a reunirse con los partidos para "iniciar la construcción de un consenso para un nuevo proyecto de reforma que garantice los programas sociales y la estabilidad de las finanzas públicas", indicando que el diálogo continuará "con los partidos independientes y escucharemos propuestas de la oposición y demás sectores de la vida nacional".

Por esos días, la denominada Coalición de la Esperanza le envió una carta a Duque diciéndole que “lo principal, ahora, es poner en marcha un contundente y agresivo plan de emergencia social que debe surgir de ese amplio diálogo social y que incluya como mínimo una renta básica de emergencia, la extensión y ampliación del PAEF, matrícula cero en las universidades públicas, entre otras medidas para enfrentar la pobreza que llega a niveles de hace una década”.

Apuntando, además, que “este plan debe proteger y mejorar los programas sociales. Ninguna razón fiscal se puede aducir para no extenderlos. Hay que atender primero la situación social y luego la situación fiscal, con una señal a los mercados de la intención de garantizar en el futuro la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

En cuanto al llamado Pacto Histórico, el senador Gustavo Petro dio una rueda de prensa en la que pidió considerar, a partir del retiro de la reforma tributaria, “no hacer trampas para reeditarla de nuevo” y derogar la de 2019, argumentando que eso permitirá que los recursos del Estado aumenten y disminuya el déficit del último año.