En el último mes y medio, desde cuando EL NUEVO SIGLO rastreó siete proyectos con mensaje de urgencia en el Congreso, el Gobierno envió el mismo respaldo para otra propuesta legislativa.

De las ocho iniciativas, solo cuatro avanzan sin problemas, dos están estancadas y otras dos se hundieron.

Para darle prioridad a un proyecto y agilizar su trámite en el Congreso, el Ejecutivo puede, según el artículo 163 de la Constitución, enviar mensaje de urgencia, con lo que sesionan conjuntamente las respectivas comisiones y luego las plenarias de Senado y Cámara pueden, si a bien lo tienen, sesionar al mismo tiempo, pero cada una por aparte.

Código Disciplinario

Al cierre de esta edición, las Comisiones Primeras de Senado y Cámara seguían dándole primer y tercer debates conjuntos al proyecto que reforma el Código Disciplinario, que cuenta con mensaje de urgencia desde el 9 de abril.

El articulado llevado por la procuradora Margarita Cabello busca responder a los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acerca de los procesos disciplinarios que se pueden adelantar a todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular.

Sin embargo, la sombra de duda que se cierne sobre el articulado que empezó a discutirse el martes tiene que ver con la creación de 500 cargos en la Procuraduría, asunto que ha sido criticado incluso por congresistas del oficialismo, como el representante por Bogotá, Gabriel Santos, del Centro Democrático, quien ha dicho que “es insólito que, en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país, el Gobierno pretenda promover el aumento en la planta de la Procuraduría a través de un mensaje de urgencia. Me opongo a ese proyecto de ley. No puede ser que sigamos pensando en gastar cuando lo que necesitamos es ahorrar”.

Energía

El miércoles, después de negar la proposición de archivo de los senadores Jorge Enrique Robledo (Dignidad) y Jorge Eduardo Londoño (Alianza Verde), el proyecto sobre transición energética fue aprobado por las Comisiones Quintas y quedó listo para que las plenarias de Senado y Cámara le den segundo y cuarto debates simultáneos.

Según el senador José David Name, del Partido de la Unidad (La U), que es el principal impulsor de la iniciativa, la propuesta ayudaría a reducir las emisiones contaminantes provenientes de combustibles fósiles con el fin de resguardar los derechos fundamentales a la vida, la salud y fortalecer el sector energético del país como parte de la reactivación económica que hoy se requiere.

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Cadena perpetua

El 16 de marzo, apenas comenzando este último tramo de la legislatura, los ministros del Interior, Daniel Palacios, y de Justicia, Wilson Ruiz, radicaron ante el Congreso el proyecto de ley que reglamenta la reforma constitucional que restableció en Colombia la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes; a la semana siguiente, el presidente Duque envió el mensaje de urgencia.

El 19 de mayo las comisiones primeras conjuntas aprobaron el proyecto en primer y tercer debates.

Desde el miércoles está lista la ponencia para el cuarto debate en la Cámara, preparada por el representante cordobés Jorge Enrique Burgos, de La U, por lo que seguramente la iniciativa será agendada en esa plenaria la próxima semana.

Al cierre de esta edición el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, no había llevado su informe para que la plenaria del Senado programe el segundo debate del articulado.

Paralelamente, ayer se conoció que la Procuraduría le envió al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, un concepto en el que pide declarar la exequibilidad del acto legislativo que fue demandado por la Red Papaz argumentando que vulnera la dignidad humana y la libertad.

Sobretasa a la gasolina

Este proyecto es el más reciente en recibir mensaje de urgencia (26 de mayo, dos días después de ser radicada). Como lo informó el lunes este Diario, en el límite del plazo fijado por la Corte Constitucional para definir la base gravable de la sobretasa a la gasolina, las comisiones terceras de Senado y Cámara empezarán a debatir un proyecto de ley sobre la materia.

Se trata de una iniciativa presentada por los representantes John Jairo Cárdenas (La U) y John Jairo Roldán (Partido Liberal), así como por los senadores Germán Varón (Cambio Radical), Miguel Ángel Barreto (Partido Conservador) y Angélica Lozano (Alianza Verde) para subsanar la declaratoria de inexequibilidad fallada por la Corte Constitucional con respecto al artículo 121 de la Ley 488 de 1998 argumentando que no definía con “suficiente claridad y precisión” la base gravable del tributo, dado que no se establecían claramente unos parámetros para el cálculo del valor de referencia.

El articulado cuenta con el respaldo de alcaldes y gobernadores, a través de sus agremiaciones Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) y Federación Nacional de Departamentos (FND).

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Transporte

Uno de los proyectos con mensaje de urgencia estancados es el que establece “el régimen regulatorio del sector transporte, incluyendo las faltas, sanciones, autoridades competentes y el procedimiento administrativo, así como las disposiciones relacionadas con la protección a los usuarios del servicio de transporte, servicios conexos y complementarios”.

La iniciativa recibió mensaje de urgencia el 23 de marzo, pero el miércoles el senador Iván Darío Agudelo, del Partido Liberal, autor del proyecto con apoyo de 23 congresistas más, le planteó a este Medio que inexplicablemente, tras desarrollar con el senador Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, en calidad de coordinadores ponentes, “un amplio trabajo de socialización que incluyó audiencias públicas, reuniones con los diferentes sectores del transporte”, recibiéndose “conceptos de entidades públicas y privadas y se estaba redactando la ponencia”, la presidenta de la Comisión Sexta del Senado, Amanda González, del Centro Democrático, “decidió revocar la designación y días después se autoasignó la coordinación de la ponencia, por lo que ya no está bajo mi responsabilidad radicar la misma”.

Mientras en el Senado la ponencia ahora es coordinada por González, Carlos Andrés Trujillo (Partido Conservador) y Julián Bedoya (Partido Liberal), en la Cámara los coordinadores son Oswaldo Arcos (Cambio Radical) y Rodrigo Rojas (Partido Liberal).

Al cierre de esta edición no había informe de ponencia radicado.

Escazú

Como lo ha señalado este Medio, la ratificación del Acuerdo de Escazú es un ejemplo de incumplimiento de los 30 días de trámite previsto por la Constitución para los proyectos con mensaje de urgencia, aunque tiene ponencias positiva y negativa desde noviembre, mes en que se trató por última vez el tema en las comisiones segundas conjuntas de Senado y Cámara.

El Acuerdo de Escazú, sobre acceso adecuado de los ciudadanos a la información, participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales, fue firmado por Colombia en marzo de 2018 y llevado al Congreso el pasado 20 de julio para su correspondiente ratificación.

El martes, el presidente de la Comisión Segunda del Senado, Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, le expresó a este Diario que la iniciativa “se va a someter a discusión en los próximos días” y que “se está buscando a través de los foros encontrar un camino que dé mayor tranquilidad al Congreso para poder avanzar en el proyecto, que creemos que es un proyecto que en términos de protección de líderes ambientales es importante para el país”.

Tributaria y Salud

Ya es de público conocimiento cómo a los proyectos de ley de Solidaridad Sostenible (reforma tributaria) y de reforma a la salud el mensaje de urgencia no les evitó el hundimiento, el primero ante solicitud de retiro por parte del Gobierno y el segundo luego de que las bancadas, una tras otra, le quitaran su respaldo, a tal punto que el 20 de mayo en la sesión conjunta de las comisiones séptimas solo la bancada de Cambio Radical votó negativamente la proposición de archivo.