Con una votación de 87 votos por el sí y 19 por el no, la plenaria de la Cámara de Representantes acogió el texto aprobado por el Senado sobre el proyecto que establece rendición de cuentas a funcionarios públicos y congresistas.

Con esta decisión se salvó uno de los proyectos anticorrupción y se convirtió en la única iniciativa de la agenda que pasa a sanción presidencial.

Sin embargo, el debate en un principio giró en torno a que, según la abogada Juanita Goebertus, si se acogía el texto aprobado por el Senado, se perdía la posibilidad de incluir tres numerales que habían sido eliminados por esa corporación.

Los numerales en cuestión eran el 7, 8 y 9, en lo que se estipulaba que los congresistas debían incluir “una relación detallada de los votos emitidos para la elección de servidores públicos que incluya sentido del voto, cargo y fecha, a menos que se trata de una votación secreta, en cuyo caso se deberá informar sobre la asistencia del congresista a la votación o la razón para su inasistencia”, “Citas y reuniones desarrolladas con funcionarios públicos o representantes de intereses particulares que tengan por objetivo la gestión de intereses públicos, la relación individualizada de los asistentes o personas presentes en la respectiva cita, el lugar y fecha de su realización y la materia tratada y “una relación de las partidas e inversiones que se hayan gestionado mediante audiencias públicas de priorización de presupuestos, reuniones o proyectos. En dicho registro se deberá indicar, en particular, las actividades desarrolladas para gestionar dichas partidas”.

Ante las declaraciones de Goebertus, quien señalaba que este no se trataba de un proyecto de ley estatutaria sino ordinaria y que podía aplazarse su decisión en la legislatura, senadores como Erwin Arias, de Cambio Radical, y Edward Rodríguez, aseguraron que si se trata de un proyecto y que debía ser aprobado o de lo contrario se hundiría.