Una respuesta contundente al informe que reveló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la evaluación del papel del Estado colombiano en las manifestaciones que han registrado en el país manifestó el presidente Iván Duque. 

El primer mandatario aseguró que el país ha sido víctima de actos ilegales en el marco de las protestas, advirtiendo que los bloqueos en diferentes vías del territorio nacional ha violado el derecho a la vida.

"Yo creo que aquí tenemos que ser claros, aquí nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad, nosotros hemos sido un gobierno como se lo hemos expresado a la CIDH y sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica como una expresión de la ciudadanía", enfatizó Duque.

Asimismo, recordó que los actos de vandalismo, de terrorismo urbano de baja intensidad y los bloqueos que atengan contra la derechos de los ciudadanos "están siendo enfrentados con la constitución y la ley y merecerán siempre el tratamiento que la ley otorgue". 

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Además, reiteró su postura acerca de los taponamientos a vías y enfatizó que estos han atentado contra los derechos colectivos.

"Vimos niños morir en ambulancias, vimos ciudades desabastecidas, vimos personas perder el empleo al ser restringidas en su movilidad por cuenta de esos bloqueos y esos bloqueos están claramente condenados en nuestro código penal", puntualizó. 

Con respecto a la recomendación de la CIDH sobre separa la Policía del Ministerio de Defensa, el presidente Duque aseguró que esa situación no es un "tema de capricho" en el país, sino que busca  evitar que se politice la fuerza como sucedió hace varias décadas.

"Desde prácticamente el segundo gobierno de Alberto Lleras Camargo Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable sobre todo corrigiendo lo que por muchos años fue muy cuestionado y era que en los años que la Policía estuvo en el gobierno se politizó y eso desató en el país grandes brotes de violencia", puntualizó.

De igual manera, a través de un comunicado, el Gobierno reiteró el compromiso que Colombia ha tenido con el respeto y la promoción de los derechos humanos en su territorio.

"Para que Colombia tenga un futuro de largo plazo, debemos fortalecer las instituciones para garantizar el imperio de la ley, la administración de la justicia y la perduración del orden, como fundamento del derecho de los ciudadanos", señaló.

En este sentido, coincide con algunas observaciones contenidas en el documento, las cuales habían sido previstas por el Gobierno nacional.

Tal es el caso de la elaboración de un proyecto de ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la reunión y a la manifestación pública y pacífica, de acuerdo con lo dictado por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y de conformidad con lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"Esta es una tarea que será retomada en las próximas sesiones del Congreso de la República", indicó.

Por otro lado, rechazó  la creación de un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad”, como la anunció la CIDH en su comunicado.

"Reiteramos que nuestro Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos y, por tanto, no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento", indicó. 

Por lo tanto, aclara que en el país hacen presencia más de 20 agencias de las Naciones Unidas; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPPOEA).

Frente a la recomendación de "investigar, juzgar y sancionar a los responsables de delitos cometidos en el marco de las protestas", reiteraron que el Gobierno ha condenado todo acto de violencia durante las manifestaciones y que la Fiscalía General de la Nación avanza –desde su autonomía– en las investigaciones de cada uno de estos.

Con relación al uso de la fuerza, el Estado colombiano es enfático en afirmar que los eventos han sido excepcionales y han obedecido únicamente a situaciones en las que resultó necesaria la intervención de la Policía Nacional, previo análisis de los principios de la legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

"En las últimas ocho semanas, en el país, se han adelantado 14.390 marchas, concentraciones, encuentros y protestas, y sólo 1.725 de ellas requirieron presencia de la Fuerza Pública, lo que equivale al 11% de las manifestaciones", puntualizó el Ejecutivo.

Además, señaló que La Policía no usa armas de fuego letales en el marco de las manifestaciones, sólo puede estar dotada de cascos, escudos y bastones.

A su vez, sólo podrá estar dotada de un mínimo número de armas menos letales que exclusivamente puede usar como medida de protección en caso de que las protestas puedan ser afectadas por actos violentos de terceros.

"El ESMAD hace presencia sólo cuando se registran disturbios que 4 superan la capacidad de respuesta de la Fuerza Disponible y ni siquiera en estos eventos se puede hacer uso de armas de fuego", reiteró.

Denuncias

En cuanto a las denuncias recibidas por la CIDH sobre abuso de la fuerza pública, violencia hacia la mujer y a grupos étnicos, población LGBTI y personas en estado de vulnerabilidad, el Gobierno reiteró que condena estos casos que son objeto de tutela y de investigación por parte de las autoridades.

En relación con denuncias sobre presuntas desapariciones y torturas durante los procedimientos de traslado por protección, aclaró que no es política del Estado colombiano "utilizar sus instituciones legítimas para encubrir actos que no lo son".

"En la medida en que existan denuncias formales, los organismos de investigación y control procederán con toda la celeridad y contundencia que se requiera, para investigar, judicializar, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas", agregó. 

Preocupaciones del Gobierno

El Gobierno advirtió extrañeza con respecto a que algunas de las cifras presentadas a lo largo del documento "carecen de contrastación, incluso, en ocasiones no se menciona la fuente de donde fueron obtenidas".

Sumado a ello, llama la atención que "se toman como ciertas las afirmaciones de algunas organizaciones, mientras en otros casos, se pone en duda la información entregada, especialmente por las víctimas de los bloqueos".

"Asimismo, es supremamente delicado que la Comisión sugiera que autoridades impidieron deliberadamente el paso de misiones médicas y ambulancias. El Estado no tiene conocimiento formal, y en caso de comprobarse, debe ser plenamente esclarecido y los responsables sancionados", puntualizó.

Por otro lado, manifestó su preocupación porque en el informe de la CIDH se mencionan temas que no corresponden al objeto de la visita, y cuya discusión tiene que ver con escenarios distintos, como la implementación del Acuerdo firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las Farc, "tema sobre el cual la CIDH no tiene facultades".

Sin embargo, reiteraron que el Estado colombiano agradece a la CIDH su inquietud por la situación social que se vive en Colombia y señaló que valora el aporte que los distintos sectores e instancias nacionales e internacionales puedan hacerle al país.