Un balance tras verificar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el marco del paro nacional entregó este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de la visita de trabajo que adelantó en Colombia entre el 8 y 10 de junio.

Junto con el balance, la Comisión hizo al Estado colombiano varias recomendaciones para la protección de los derechos de los ciudadanos, entre estas, promover y reforzar un proceso de diálogo genuino que permita la escucha de todos los sectores, en especial aquellos que han sido más afectados por la discriminación.

Asimismo, instó a respetar y garantizar el derecho a la protestas; adoptar las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado por medio de la investigación imparcial y reparar a las víctimas y sus familiares.

Además, el organismo también pidió adoptar las medidas necesarias para el acceso a la justicia, que incluyan mecanismos de denuncia y atención con perspectiva diferenciada de género y étnico racial. A su vez, recomendó  separar a la Policía Nacional y su Esmad del Ministerio de Defensa.

Para la CIDH, esta última recomendación tendría como propósito "garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares".

Visita

El informe de la CIDH sobre la visita a Colombia consta de 48 páginas e informa sobre graves violaciones a derechos humanos, afectaciones a terceros y además de formular la recomendaciones anteriormente mencionadas. 

De acuerdo con Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, se logró evidenciar que la mayoría de jornadas de manifestación se han desarrollado de manera pacífica con un 89% de las situaciones. 

Sin embargo, aseguró que durante su visita al país el organismo recibió un total de 2.908 solicitudes para brindar testimonio, de las cuales se priorizó al menos 302 testimonios de forma individual y colectiva, lo que implicó escuchar a más de 500 personas.

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De igual manera, manifestó su preocupación por la presencia de discursos estigmatizantes "que propician un acelerado deterioro del debate público, es especialmente preocupante cuando provienen de autoridades públicas".

Asimismo, Urrejola aseguró que se constató que en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, "la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal". 

En ese sentido, indicó que se evidenció, en algunos casos, un uso desproporcionado de la fuerza y violencia hacia periodistas, misiones médicas y también actos de este tipo basado en género.

Además, informó que se recibieron denuncias sobre el uso indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en las protestas, hechos que ocurrieron en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, así como en Pereira, Risaralda. 

Urrejola también manifestó la preocupación del CIDH por el número de desaparecidos de irregularidades en los traslados por protección en los que incluso se encontraron cuerpos con signos de tortura.

Bloqueos

Con respecto a los llamados 'corte de rutas', el informe señala que la CIDH evidenció "un profundo malestar y agotamiento en algunos representantes del Estado, cuerpos policiales y parte de la sociedad" derivados de esta situación. 

En ese sentido, se reconoció que dicho malestar se originó en "serias afectaciones particulares y colectivas" que comprometieron derechos como la vida, abastecimiento de alimentos y productos esenciales, salud, entre otros. 

Sin embargo, el organismo resaltó que es preocupante que "las inadmisibles afectaciones provocadas por algunos de los cortes de ruta conduzcan a que el Estado desatienda su deber de tolerar cierto grado de perturbación con respecto a esta modalidad de protesta". 

Para la CIDH, esto puede tener varias consecuencias. "Por un lado, puede contribuir al escalamiento de la tensión social. Por otro lado, puede obstaculizar la gestión del conflicto social desde la perspectiva del diálogo", agregó.

Por lo tanto, Urrejola explicó que la protesta social tiene distintas maneras de manifestarse que requieren por parte de las autoridades respuestas adecuadas.

"Las personas manifestantes tienen la libertad de elegir la modalidad de su protesta, el Estado no puede imponer restricciones a priori que desnaturalicen la protesta", añadió. No obstante, hacen un llamado a que estas manifestaciones no afecten los derechos de quienes no participen de las mismas.