En el documento también se lee que en 2018 el régimen de Nicolás Maduro registró 5.287 muertes, supuestamente por "resistencia a la autoridad".

La Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh), Michelle Bachelet, publicó este jueves el informe de su visita a Venezuela, realizada entre el 19 y el 21 de junio, en el que denuncia “graves violaciones de derechos humanos y vulneraciones” de otro tipo de derechos, como los económicos, sociales, civiles, políticos y culturales.

El documento, que se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos, advierte que “si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan” el país, y “empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él”.

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El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de la “deteriorada” situación en Venezuela y otros ocho países, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Perú.

“Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, declaró Bachelet.

El extenso documento, de 18 páginas, abarca todos los aspectos de la crisis que afecta el territorio venezolano. 

Violencia, ejecuciones extrajudiciales y torturas

El texto advierte que las fuerzas de seguridad “han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014”, que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) “han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad”, y que los servicios de inteligencia, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), “han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores políticos y de sus familiares”.

De acuerdo a una nota de prensa de la Oficina, los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como ‘colectivos’ han contribuido al deterioro de la situación, “al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”. Oacnudh documentó 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos.

La Oficina de Derechos Humanos alertó que la “proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad”, en particular por las Fuerzas Especiales (Faes), en el contexto de las operaciones policiales “ha sido sorprendentemente elevada”.

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Según informes de ONGs, citados en el texto, este cuerpo de seguridad es responsable de centenares de muertes violentas. Y los números oficiales y de organizaciones distan mucho.

“Las autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de seguridad como “resistencia a la autoridad”. El número de estas muertes es inusualmente alto. En 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa categoría, en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7.523 muertes violentas de esa categoría. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, el Gobierno notificó 1.569 muertes violentas por "resistencia a la autoridad”. 

El OVV informó de al menos 2.124 de esas muertes entre enero y mayo de 2019. De acuerdo al informe, los entrevistados se refieren constantemente a las Faes como un “escuadrón de la muerte” o un “grupo de exterminio”.

El extenso informe contrastó datos oficiales con los de organizaciones no gubernamentales respecto a detenciones arbitrarias y ataques a personas críticas al Gobierno, y detalló que “muchas personas manifestantes fueron detenidas arbitrariamente, así como maltratadas o torturadas. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo allanamientos ilegales de domicilios en contra de manifestantes”.

En algunos apartes, el documento habla de “formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”. 

“Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el Sebin y la DGCIM, recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas”, así como casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención, en particular por efectivos del Sebin, la DGCIM y oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

La oficina que dirige la expresidenta chilena recalcó que el Gobierno de Nicolás Maduro ha instaurado políticas y una retórica pública utilizada por autoridades de alto rango, que “desacreditan y atacan de manera constante a quienes critican” al ejecutivo o se oponen a él; y que las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos “no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes” sobre hechos relacionados con violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales.

Crisis económica y social del país

Otro aspecto al que hace referencia el documento es la crisis económica y social del país, que se agudizó considerablemente entre 2018 y 2019. Afirma que a medida que la economía seguía contrayéndose, “la inflación se disparó y los ingresos públicos disminuyeron a raíz de una drástica reducción en las exportaciones de petróleo”.

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Oacnudh documenta que las personas entrevistadas “constantemente refirieron una falta de acceso a alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles”, y que a pesar de que el Gobierno ha decretado varios aumentos en el salario mínimo, su poder adquisitivo ha disminuido hasta el punto de que ya no se lo puede considerar como un salario de subsistencia. “En abril de 2019, el salario mínimo, que ascendía al equivalente de unos USD 7 al mes, cubría únicamente el 4,7% de la canasta básica de alimentos. 

El informe se refirió a los principales programas de asistencia alimentaria del ejecutivo chavista, como las ‘cajas CLAP’ y el ‘carnet de la patria’, y aseguró que no cubren las necesidades nutricionales que son “elementales para la gente”, y que las listas de personas beneficiarias de estos programas “son manejadas por las estructuras locales del partido oficial”, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

“Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social”, recalca.

En otro aparte señala que “además de la hiperinflación y la contracción de la economía, las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos”. 

El Fondo de la ONU para la Alimentación y la Agricultura reportó que 3.7 millones de venezolanos están en estado de desnutrición. Por su parte, la ONG Caritas confirmó particularmente altos niveles de desnutrición entre niños y mujeres embarazadas.

Crisis de la salud

Igualmente advirtió que la infraestructura para la atención a la salud lleva años deteriorándose y que se caracteriza por el éxodo de personal médico y de enfermería, así como por “graves carencias” en la atención médica básica y de medicamentos

Y señaló además haber reportado carencias del 60% al 100% de fármacos esenciales en cuatro de las principales ciudades de Venezuela, incluyendo Caracas y lamentó que “enfermedades que anteriormente estaban controladas y habían sido erradicadas, como sarampión y difteria, han reaparecido”.

“Hay falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos, con algunas ciudades enfrentando una escasez del 100 por ciento. Ello aumenta el riesgo de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, así como la tasa de embarazos no deseados”, recalca el informe, al mencionar que la tasa de embarazos en adolescentes ha incrementado en un 65% desde 2015

La ONU citó la Encuesta Nacional de Hospitales de 2019, que constató que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, 1.557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales y que los apagones causaron “daños irreparables”, como la muerte de 40 pacientes por el ocurrido en marzo pasado.

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El informe también aclara la “repercusión desproporcionada” de la situación humanitaria sobre la población indígena y cómo estos pueblos pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre otras por la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados

En una de sus conclusiones, el documento asegura que las diferentes decisiones del Gobierno de Nicolás Maduro permiten evidenciar que se han cometido “numerosas violaciones de los derechos humanos” en el país.

El informe formula varias recomendaciones dirigidas al Gobierno en relación con las “principales violaciones” de derechos humanos documentadas por la Oficina.

La alta comisionada afirmó que espera “sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida” en el documento y que apliquen sus recomendaciones.

“Un sacerdote católico me dijo en Caracas: ‘No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente’. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho”, concluyó.