Cuatro meses y medio faltan para que a mediados de enero Fernando Carrillo le entregue la Procuraduría a su sucesora, la exministra y exmagistrada Margarita Cabello.
La semana pasada, Carrillo le dijo a Noticias Caracol que “en ese periodo dejaremos con raíces muy profundas las acciones para proteger los derechos de las poblaciones vulnerables y entregaremos decisiones disciplinarias de primera y segunda instancia”.
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Una de las cosas que no está dispuesto a dejar de hacer es sancionar a los funcionarios públicos de elección popular. Al respecto dijo, en esa misma oportunidad, Carrillo anunció: “No voy a detener mis competencias disciplinarias, sobretodo en casos de corrupción. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) da un plazo de un año para ajustar las normas colombianas”.
Con esa son al menos cinco las causas que ha asumido el procurador Carrillo y que resaltan en este tiempo en el ejercicio de sus competencias.
Eso sin mencionar la coordinación con la Fiscalía y la Contraloría para mirar con lupa la contratación territorial durante la cuarentena.
1. Mandatarios
Hace unos diez días la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado anunciaron que trabajan en la construcción de los instrumentos necesarios, para que la sentencia de la Corte IDH en el caso de senador Gustavo Petro contra el Estado colombiano no le abra las puertas a los corruptos.
Como lo informó EL NUEVO SIGLO, la Corte IDH encontró al Estado de Colombia responsable por la violación de los derechos políticos y las garantías judiciales de Petro, destituido en diciembre de 2013 por la Procuraduría cuando se desempeñaba como alcalde de Bogotá.
Carrillo se reunió con el director de la agencia Camilo Gómez, la viceprocuradora Adriana Herrera y el delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez, para definir una hoja de ruta que le cierre la puerta a los corruptos y a la impunidad.
Las dos entidades iniciaron el análisis de los efectos que tendría la decisión de la Corte IDH sobre los procesos disciplinarios contra funcionarios de elección popular comprometidos con la desviación de recursos públicos, afectación a los derechos fundamentales y obstrucción a la justicia.
“Carrillo anunció: ‘No voy a detener mis competencias disciplinarias, sobretodo en casos de corrupción. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) da un plazo de un año para ajustar las normas colombianas’”
2. Cartagena
Un par de semanas atrás, la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria al alcalde de Cartagena, William Dau, y a los actuales secretarios de Infraestructura, Gonzalo Jácome, y de Planeación, Guillermo Ávila, así como al jefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo Distrital, Fernando Abello, por presuntos incumplimientos a la acción policiva que ordenó demolición del edificio Aquerela.
Este Diario ha publicado que en 2018 se inició una acción policiva por invasión del espacio público por parte de la Inspección de Policía No. 2 de Cartagena, que mediante una resolución debidamente ejecutoriada desde el 26 de octubre de ese año multó a la Constructora Promotora Calle 47 SAS el pago de una multa de $157.248.400 y le ordenó la restitución dentro de los dos meses siguientes de 619,59 metros cuadrados, sin que a la fecha se haya cumplido.
Para la Procuraduría, la Administración distrital no ha cumplido con su deber de aplicar la medida correctiva de demolición.
La decisión también cobija al exalcalde Pedrito Tomas Pereira y los exsecretarios de Infraestructura, Clara Calderón, de Planeación, Iván Darío Castro, y al director de Control Urbano, Edgar Marín, como a los exjefes de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, Laura Mendoza, y de la Oficina Jurídica, Jorge Carrillo.
3. Emergencia
El martes pasado la Procuraduría y la Contraloría General de la República establecieron que 18.548 muestras para Covid-19 en el país no pudieron ser procesadas por presentar fallas, lo que conlleva a una posible pérdida de recursos del sistema de salud, por más de $4.000 millones.
Carrillo y el contralor Carlos Felipe Córdoba advirtieron que los recursos dispuestos por el Estado para la atención de la pandemia deben ser gestionados con rigor y eficiencia. Los problemas identificados, que tienen como base deficiencias de carácter técnico, sumados a reiteradas fallas en la comunicación de los resultados de las pruebas diagnósticas, se convierten en factores que agravan la problemática situación derivada de la pandemia y, por lo tanto, vulneran el derecho fundamental a la salud y los principios de oportunidad, integralidad, continuidad y afectan la eficacia en el uso de los recursos públicos.
4. Avianca
El lunes pasado, en carta al presidente Iván Duque, Carrillo formuló cerca de una veintena de preguntas dirigidas a que la opinión pública conozca las razones que motivaron el anuncio de un préstamo de hasta $370 millones de dólares a la aerolínea Avianca sin que se incluya a otros países de la región.
"El Ministerio Público considera necesario no olvidar que el objetivo de esta operación no es realmente rescatar a una empresa específica ni a empresario o accionista alguno de la quiebra, sino garantizar la continuidad en la prestación de un servicio, la conectividad aérea de los colombianos y la actividad económica en general, es decir, el objetivo estatal es proteger una actividad de interés nacional”, sostuvo Carrillo, anotando que “cuando el Estado colombiano interviene para salvar a una empresa, debe reiterarse que lo hace para proteger intereses superiores distintos de los de esa respectiva empresa o empresario”.
5. Uribe
El 25 de agosto la Procuraduría le solicitó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitir el expediente que le adelanta al expresidente Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, argumentando que con la renuncia a su curul en el Senado había perdió la competencia para continuar con los procesos que tengan relación con delitos comunes.
El Ministerio Público ratificó el llamado de Carrillo frente al deber que tienen todos los funcionarios de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, y señaló que, con la separación definitiva del entonces congresista a su curul, desaparece el fuero que la Constitución le otorgaba, por lo que la Corte Suprema solo podrá conocer de los procesos en los que los presuntos delitos tuvieran relación directa con su función de congresista.