De extrema gravedad la advertencia lanzada por la Defensoría del Pueblo en torno a que 20 años después de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró el “estado de cosas inconstitucional” (ECI) frente a la protección de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, es poco lo que se ha avanzado en garantizar el resarcimiento de las garantías fundamentales a quienes son obligados por los violentos a salir de sus lugares de residencia.

En su momento la sentencia T-025 de 2004 fue considerada como revolucionaria por cuanto para ese entonces Colombia ocupaba el primer lugar en todo el mundo en materia de volumen de población desplazada por la violencia. Como se recuerda, las acciones de la guerrilla, los grupos paramilitares y las mafias del narcotráfico tenían como una de sus principales estrategias ilícitas el echar de sus tierras natales a centenares de miles de personas, sobre todo de las zonas más golpeadas por el conflicto armado interno.

Si bien es cierto que normas como la Ley de Restitución de Tierras y de Reparación de Víctimas han permitido que una parte de los desplazados hayan recibido algún tipo de compensación económica y la devolución de sus predios arrebatados a sangre y fuego, la mayoría de los afectados continúan sin acceso a la justicia y sus victimarios impunes.

Lo más grave es que en estos 20 años se produjo la desmovilización de los grupos de autodefensas y de las Farc. Tanto las cúpulas como los combatientes de base y mandos medios recibieron beneficios políticos y jurídicos muy amplios, a cambio de que abandonaran las armas y se comprometieran a confesar todos sus delitos para cumplir con la premisa de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para los centenares de miles de afectados con sus acciones criminales. Sin embargo, esas condiciones se han cumplido en muy poca proporción, e incluso los bienes entregados por los grupos ilegales para reparar a las víctimas han sido ínfimos.

De acuerdo con la Defensoría, debe valorarse el trabajo de la Sala Especial de Seguimiento de la Corte a la referida sentencia, ya que de forma permanente llama la atención y exige a los gobiernos y autoridades de turno que tomen decisiones de fondo ante la impunidad del desplazamiento forzado y que inicien acciones para proteger a las víctimas.

Sin embargo, la deficiente acción estatal lleva a que la mayoría de los desplazados por la violencia sigan sin obtener justicia ni reparación.