* Principal problemática del país
* Los bandazos gubernamentales
Termina un año muy convulso en Colombia. Un año en el que las crisis políticas, económicas, sociales e institucionales estuvieron a la orden del día. El escenario fue muy complejo: la descolgada drástica del aparato productivo, al punto de no crecer este 2023 más allá del 1 %; el clima permanente de ingobernabilidad e incertidumbre por los bandazos y la accidentada gestión gubernamental en múltiples flancos; la parálisis de la agenda legislativa por los cuestionados proyectos de reforma en salud, pensiones y laboral, así como los picos de tensión en materia internacional por las posturas polémicas en la materia e incluso los escándalos que rodearon a la Casa de Nariño y la familia del jefe de Estado por cuenta de las sospechas sobre la presunta financiación ilegal de la campaña y las denuncias de actuaciones anómalas al más alto nivel. A todo ello debe agregarse la profundización de la polarización política, el rompimiento de la coalición parlamentaria oficialista, la inestabilidad oficial por cuenta de los grandes remezones ministeriales, la muy baja ejecución presupuestal, la lesiva ideologización de las políticas públicas y la desgastante trinadera diaria del jefe de Estado o la cascada de anuncios imprevistos y sin la mínima socialización…
En medio de ese atribulado panorama, la problemática que más preocupa a los colombianos es, sin duda alguna, el deterioro de la seguridad y el orden público. El país sufrió estos doce meses un repunte y reciclaje de la violencia con dimensiones que no se registraban hacen muchos años.
Según los reportes del propio Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Procuraduría, Medicina Legal y organizaciones no gubernamentales como Indepaz, muchos delitos de alto impacto se incrementaron. Desde enero hasta el viernes pasado hubo 94, con más de 300 víctimas; fueron asesinados 188 líderes sociales y defensores de derechos humanos, al igual que 44 desmovilizados; y los homicidios –con corte a noviembre– ya iban en 12.682, es decir, 637 más que en igual lapso del año pasado; a la misma fecha se contabilizaban 167.540 casos de desplazamiento forzado…
A lo anterior debe adicionarse que en muchas capitales, ciudades y municipios, delitos como el sicariato, la extorsión, el hurto a personas y de vehículos, al igual que el secuestro, aumentaron de forma alarmante. No menos grave resulta que las redes de microtráfico y minería criminal se extendieron en varias zonas del país.
En otro flanco no menos crítico, el accionar de la guerrilla del Eln, los grupos residuales de las Farc, así como de bandas criminales de alto espectro, como el ‘Clan del Golfo’, también creció este año y, no en pocos casos, son los principales protagonistas de masacres y asesinatos a raíz de la pelea a sangre y fuego por el dominio de los principales enclaves del narcotráfico. A ello habría que sumar que la extensión de narcocultivos en todo el país aumentó este año debido a la disminución de los operativos de erradicación forzada, que apenas si destruyeron 18.500 hectáreas en once meses, frente a las más de 64 mil del año pasado. Aunque subió la incautación de cocaína (se decomisaron a noviembre casi 700 toneladas), aún faltaban más de 134 para cumplir la meta propuesta para este año…
Pese a que el Gobierno ha tratado infructuosamente de politizar y desviar el debate en torno a la crisis en seguridad ciudadana y orden público, lo cierto es que gobernadores y alcaldes, tanto salientes como entrantes, han reiterado que esta es la principal problemática y urgencia en todo el territorio. Las encuestas también confirman que para los habitantes de las distintas jurisdicciones la impotencia ante el asedio delincuencial es el mayor reclamo a las autoridades.
Paradójicamente, en todo este crítico escenario al Ejecutivo se le señala tanto por acción como por omisión. De un lado, resulta evidente que la Política de Seguridad y Orden Público no está funcionando, pese a los continuos ajustes sobre la marcha. De otro, resulta innegable que la accidentada implementación de la política de “paz total”, así como las propuestas de flexibilidad penal y ‘mano blanda’ con la criminalidad común y organizada, han terminado por limitar o desincentivar la operatividad de la Fuerza Pública.
Así las cosas, se entiende por qué el 2023 cierra con una alerta nacional por el ritmo creciente de la inseguridad. El Gobierno no logró consolidar una estrategia eficaz para hacer frente a este fenómeno y los bandazos estratégicos y tácticos han estado a la orden del día. La eficiencia y el direccionamiento de los servicios de inteligencia estuvieron bajo constante debate, al tiempo que se suscitaron varios escándalos y controversias en la cúpula militar y policial. Incluso, en medio de tanta polémica política, no se pudo acompasar una acción más proactiva de los ministerios con la Fiscalía y los jueces para combatir con más contundencia la delincuencia. Esto explica, finalmente, el incremento de los índices de victimización ciudadana y la percepción extendida de que la violencia se desbordó este año.