En un país en donde no en pocas ocasiones se escucha decir que el Estado “no tiene dolientes” y de allí la corrupción y desgreño administrativo crecientes en el manejo de la cosa pública, genera optimismo el último reporte de la Contraloría General sobre los resultados de la jurisdicción coactiva en el 2023.

De acuerdo con el ente de control fiscal, el año pasado se abrieron 1.515 procesos de Responsabilidad Fiscal, por un valor de 6,2 billones de pesos, de los cuales 423 corresponden a pesquisas en el nivel central de la administración pública por un monto superior a los cinco billones. Los restantes expedientes se originaron en el “nivel desconcentrado”, en donde se iniciaron 1.092 causas por 1,2 billones de pesos.

En cuanto a las gestiones para resarcir el daño al erario, la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal sumó 366 procesos equivalentes a más de 140.000 millones de pesos. A ello se agrega que la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción recuperó, mediante fallos de responsabilidad fiscal ya ejecutoriados, un total 12.763 millones de pesos. Por beneficios de auditoría se contabilizaron 1,6 billones de pesos y 1,5 billones por reducciones de costos, ahorros u otra clase de logros originados en la vigilancia fiscal.

Por otra parte, la Fiscalía informaba días atrás que durante el último cuatrienio se realizaron 21.110 imputaciones, al tiempo que se obtuvieron 3.579 condenas por hechos asociados con corrupción entre 2020 y 2023.

La Procuraduría también ha presentado en los últimos meses sendos informes sobre su labor en la protección del erario y la transparencia de la función pública.

Como se ve, el combate a la corrupción se fortalece como imperativo institucional y, si bien falta mucho camino por recorrer, los entes de control avanzan sostenidamente en la dirección de cumplir ese objetivo.

Pese a esos resultados, resulta evidente que la corrupción y el desgreño en el manejo de la cosa pública continúan siendo un cáncer en Colombia. Para algunos expertos se requiere una legislación más drástica para castigar estos delitos y, sobre todo, incautar de forma más efectiva los bienes muebles e inmuebles de los presuntos responsables y sus redes de testaferrato.

Sin embargo, hay otros analistas que consideran que, por el contrario, la normatividad vigente es más que suficiente para proceder contra los corruptos y lo que se urge, en realidad, es que los entes de control y vigilancia actúen con mayor celeridad para detectar y judicializar a los infractores, incautando bienes y capitales malhabidos e imponiéndoles las condenas y sanciones más drásticas posibles, esto para cumplir con la función disuasiva que debe distinguir a la aplicación de la ley.