- Redefinir estrategia de protección preventiva
- No caer en el error de politizar esta crisis
Una de las principales problemáticas que tendrá que enfrentar el gobierno del presidente Iván Duque es la racha de asesinatos y amenazas a los líderes sociales y activistas de derechos humanos.
Aunque las estadísticas oficiales, de entes multilaterales, ONG y otras instancias sobre esta crítica situación son disímiles en cuanto a número de víctimas, lo cierto es que las medidas de protección y alerta temprana que se han implementado en los últimos meses lamentablemente no han disminuido en forma sustancial los asesinatos e intimidaciones.
Esta semana, por ejemplo, la Fiscalía General presentó un informe en donde daba cuenta de casi 1.300 denuncias por amenazas a líderes sociales y desmovilizados de la guerrilla.
Muy al contrario de lo que sostienen varias organizaciones no gubernamentales y algunas instancias locales y foráneas, las autoridades sí se están movilizando para hacer frente a este desafío criminal. La Fiscalía, por ejemplo, recalcó que las unidades especializadas destinadas a investigar estos ataques ya han podido esclarecer un 50 por ciento de los homicidios contra líderes sociales. Y más importante aún, en todos esos casos hay causas penales definidas, capturados e incluso condenados. Se trata, de acuerdo a la misma entidad, de un avance sustancial, más aún si se tiene en cuenta que la tasa de esclarecimiento de asesinatos a nivel país es del 21.57 por ciento.
Otro asunto que queda claro, tras el informe de la Fiscalía, es que hay multiplicidad de perfiles de víctimas, pues se han registrado amenazas y atentados contra voceros caracterizados de comunidades indígenas o campesinas, sindicalistas, desmovilizados, líderes de procesos de sustitución de cultivos ilícitos, dirigentes comunitarios, activistas de derechos humanos y portaestandartes de procesos para devolución de tierras a desplazados. Esto revalida la tesis de que no hay un patrón sistemático y nacional de ataque a estos líderes, sino que su victimización está asociada a asuntos muy locales. Es decir, que así como en algunas zonas los agresores son narcotraficantes o mineros ilegales, en otras se trata de quienes se oponen a procesos de restitución de tierras a desplazados. También se han detectado intimidaciones provenientes de disidencias de las Farc, Eln y bandas criminales que declaran enemigos a todo aquel que denuncia su accionar criminal o lo catalogan como un obstáculo a la misma.
Esa multiplicidad de victimarios lo que indica es que la estrategia de protección de líderes y activistas debe tener una lineamientos de orden nacional, pero en cada departamento o incluso municipio, la aplicación de la misma debe hacerse con enfoque diferencial acorde con los factores de riesgo zonales o locales. Ese perfilamiento in situ de los actores violentos y de sus posibles víctimas es urgente para detener la racha de crímenes. Como ya lo hemos reiterado en estas páginas, son los alcaldes, personeros y demás autoridades municipales los instancias determinantes para recaudar este tipo de información, de forma tal que el Estado, a través de la Policía, las Fuerzas Militares, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección puedan identificar de manera tempranera a quienes podrían estar en peligro por sus actividades de liderazgo y dotarlos de las medidas de seguridad aún antes de que denuncie algún tipo de intimidación o riesgo.
Por el momento es claro que la acción primordial del Estado debe centrarse en Cauca, Nariño y Putumayo, que concentran la mitad de las amenazas y hechos violentos contra esta clase de líderes y activistas.
De otro lado, a dos días de que se produzca el relevo en la Casa de Nariño, es claro que se necesita un nuevo plan de acción para evitar que la muerte siga rondando a estos dirigentes y activistas. Con justa razón algunos de los voceros del nuevo gobierno se han quejado de cómo desde la opinión pública y las toldas de la oposición se ha querido responsabilizar a la entrante administración del agravamiento de esta problemática de los líderes sociales. No hay tal. Sin embargo, una vez el nuevo Ejecutivo tome las riendas es urgente que se definan los ajustes a la política de protección y su implementación sea inmediata.
Como bien lo advertía esta semana Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Estado no sólo debe ofrecer más medidas de seguridad a esta población en riesgo, sino asegurarse de esclarecer la cadena de responsabilidades de los atacantes.
Por el momento, es claro que lo peor que puede ocurrir en medio de la urgencia de definir un nuevo plan de acción para evitar que siga este desangre, es que la crítica situación se termine politizando en medio del agitado pulso diario entre toldas gobiernistas y opositoras. No hay que distraerse en esas polémicas, muchas de ellas con claro tufillo oportunista, cuando lo prioritario es frenar las muertes. Esa es una tarea de todos.