Las alertas alrededor de los posibles impactos del proyecto de reforma pensional que está en segundo debate en la plenaria del Senado no cesan.
A los campanazos dados por los fondos privados de pensiones, los gremios, partidos políticos, la academia y los centros de estudios económicos e incluso algunas organizaciones obreras, se sumó lo advertido por la propia Contraloría General en un detallado análisis intersectorial que hizo sobre las implicaciones de la iniciativa tanto en lo relativo al Régimen de Prima Media con Solidaridad, que está en cabeza del Estado a través de Colpensiones, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que administrado por las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones.
Las cifras del ente de control son contundentes en torno a la principal falencia del sistema: deficiente cobertura de protección a la vejez. Con corte a 2022, se señaló que tanto el sistema general de pensiones como los regímenes exceptuados contaban apenas con 26,6 millones de afiliados. Un agravante aún mayor es que más de la mitad de este total permanece inactivo, evidenciándose una “baja densidad de cotización”. Esto implica que la mayoría de esas personas no logra retornar al mercado laboral y muchas de ellas no podrán cumplir las condiciones para obtener una mesada de jubilación.
Más complicado es el panorama si se analiza desde el porcentaje de beneficiarios de pensión o asignación de retiro. La Contraloría encontró que, a diciembre de 2022, solo el 34,1% de los adultos en edad de pensión (mujeres de 57 años o más y hombres de 62 años o más) gozaban de esta condición. A ello debe adicionarse que los programas de protección a la vejez, como “Colombia Mayor” y el de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) cubren apenas al 26,05% y al 0,66% de los adultos mayores, respectivamente.
Un tercer flanco débil señalado en este análisis es el factor de inequidad. Según el ente de control fiscal esta problemática ha traído como consecuencia un “importante número” de traslados entre regímenes pensionales. La cifra es impactante: 164.000 personas entre 2018 y 2022 se pasaron de los fondos privados a Colpensiones, de los cuales el 67% corresponden a afiliados con un rango salarial menor a los dos salarios mínimos. Esto, acorde con la Contraloría, refleja las diferencias de los beneficios entre estos regímenes y posibles debilidades del ejercicio de doble asesoría regulado por la ley.
Ojalá los senadores estudien de forma profunda este estudio técnico y objetivo, ajeno a las rivalidades políticas e ideológicas, y lo tengan como insumo en el debate en la plenaria, que todavía no arranca en forma.