*La firmeza de Santos
* FF.MM procedieron contra un enemigo común
SIGUEN las consecuencias y efectos políticos y judiciales de la famosa Operación Fénix, que ordenaron en 2008 el gobierno del presidente Álvaro Uribe y su entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, contra uno de los santuarios de las Farc en Ecuador. En su momento la opinión pública colombiana y gran parte de la comunidad internacional respaldaron la acción heroica y eficaz de las Fuerzas Armadas de nuestro país, a las que los subversivos les disparaban por la espalda en la frontera, para después buscar refugio en las selvas del vecino país. Lo que se había convertido en permanente y extremo peligro a nuestros soldados y la población civil de la frontera durante décadas. Los servicios de inteligencia, militares y policiales nuestros detectaron el enclave de las Farc, desde donde despachaba el segundo hombre de esa organización y se entrenaba a jóvenes de distintos países en la lucha armada. El operativo militar en la frontera común entre Colombia y Ecuador se realizó con un bombardeo de la Fuerza Aérea de Colombia -FAC-, que según el parte oficial destruyó el campamento y dejó 22 subversivos eliminados, entre ellos a alias “Raúl Reyes”.
El bombardeo contra el campamento terrorista produjo la reacción diplomática del Ecuador, no tanto por la acción en la frontera, que tiene explicaciones lógicas y responde a intereses comunes a las dos naciones y sus ejércitos para mantener el orden en esa zona caliente. La protesta surge desde el momento que en Quito el gobierno se entera de que las Fuerzas Armadas de Colombia tienen en su poder informes comprometedores provenientes de los ordenadores de ‘Raúl Reyes’, en los cuales se hace referencia a financiación de campañas políticas y la complicidad de autoridades ecuatorianas y políticos, con los jefes de las Farc. A partir de ese momento pesa más en el ánimo del gobierno de Rafael Correa cuestionar y negar esa información, que aceptar que el gobierno colombiano en realidad había salvado al pueblo ecuatoriano de la eventual extensión de los ataques de los subversivos colombianos a su territorio. Siendo que los dos países son signatarios de compromisos internacionales que obligan a la mutua lucha sin tregua contra los terroristas.
En vez de cancelar el incidente, de aceptar las pertinentes y clarísimas disculpas oficiales del gobierno colombiano, como la oferta de debidas reparaciones a los civiles, prefiere aupar una investigación en contra del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y los oficiales a cargo de la Operación Fénix que deriva en la acción en la zona de Angostura (Sucumbíos). En desarrollo de ese procedimiento judicial se acusa ahora al actual director de la Policía colombiana, general Óscar Naranjo, y a los antiguos jefes de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla; el Ejército, Mario Montoya; la Marina, Guillermo Barrera; y la Fuerza Aérea, Jorge Ballesteros, además del coronel Camilo Álvarez. Contra los cuales un juez ecuatoriano libra orden de captura. La reacción del presidente Juan Manuel Santos ha sido inmediata: primero lo arrestan a él que a sus oficiales. Los medios judiciales del Ecuador alegan que se impartió la orden de detención por cuanto los oficiales no asistieron a una cita para indagar sobre un posible asesinato que investiga el Tribunal Penal de Sucumbíos, lo que no quiere decir que sean culpables. Mas, también, ha trascendido que la Corte determinó en esa ocasión que cuentan con “presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y participación de los procesados en calidad de autores”. Esa misma Corte investigó en su momento al ministro Santos, pese a lo cual suspendió las indagaciones contra él por haber sido elegido Presidente de Colombia, según informes de la prensa internacional.
A raíz de esos graves incidentes en la frontera debido a que el gobierno del Ecuador no consiguió defender debidamente su soberanía, lo que facilitó la instalación de campamentos terroristas en su territorio, varios funcionarios del gobierno de ese país resultaron comprometidos en el apoyo clandestino a la subversión y se supo que existían otros campamentos en el país, lo que antes habían negado en distintas oportunidades. A su vez, el presidente Rafael Correa pidió, exigió, clamó y solicitó mil veces que se invalidaran las pruebas de los computadores incautados a las Farc, lo que determinó al gobierno colombiano a hacer concesiones y a las consabidas decisiones de la Corte Suprema de Justicia de Colombia al respecto. Lo que no satisface del todo a las autoridades ecuatorianas que siguen presionando mediante medidas judiciales punitivas y con fines ocultos, cuando lo que debieran es archivar un proceso injusto contra distinguidos oficiales de un país hermano que procedieron en circunstancias excepcionales contra el enemigo común.