- Peligrosa laxitud en porte de dosis personal
- Acabar ‘zona gris’ que favorece a ‘jíbaros’
Una investigación de Planeación Nacional indicaba que en Colombia el microtráfico de drogas mueve anualmente seis billones de pesos. El último Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar- 2016 señalaba que, en comparación con las mediciones de 2004 y 2011, disminuyó el consumo de cigarrillo y bebidas alcohólicas, pero aumento el de la mayoría de las drogas ilícitas. Es más, uno de cada seis escolares declaró haber usado, al menos una vez en su vida, sustancias como marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, LSD, otros alucinógenos, popper, dick… A lo anterior se suma que el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes figura entre los cinco delitos de mayor recurrencia. Y por lo mismo, el narcotráfico es la tercera causa de más condenas penales, después del hurto y el homicidio. También está entre las actividades que registra mayor reincidencia criminal. De igual manera, en junio el gobierno de Estados Unidos indicó que el año pasado la extensión de cultivos ilícitos en Colombia aumentó un 11 por ciento, llegando a 209 mil hectáreas (después de que hace cinco años estaba en 47 mil), en tanto que el potencial de producción de cocaína subió a 921 toneladas métricas, rubros nunca antes vistos en la historia. Por último, la riqueza derivada del narcotráfico representa casi un 5 por ciento del Producto Interno Bruto del país, según una proyección de la Unidad de Información y Análisis Financiero.
Como se ve, el narcotráfico continúa siendo una de las mayores amenazas a la institucionalidad y el imperio de la ley. Una amenaza que muta constantemente, con nuevas o recicladas estructuras y cabecillas, y que tiene ahora en el microtráfico uno de sus flancos más peligrosos y rentables. Este flagelo, como ya es vox populi, se empezó a disparar a partir de la flexibilización progresiva frente al porte de la dosis mínima personal de estupefacientes. Desde aquella sentencia de la Corte Constitucional, en 1994, que despenalizó el consumo de drogas y lo enmarcó dentro del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, las distintas legislaciones y jurisprudencias han sido cada vez más restrictivas en cuanto a judicializar a quien sea encontrado con pequeñas cantidades de narcóticos. Incluso, en 2016, la Corte Suprema de Justicia fue mucho más allá al considerar que la dosis personal de drogas no puede ser estandarizada. Es decir, que no se puede fijar taxativamente un tope máximo a la cantidad de estupefacientes que puede portar una persona para su propio consumo, ya que la misma depende de su nivel de adicción. Un delgado hilo por el cual muchos jóvenes se han vuelto consumidores compulsivos.
Si bien es cierto que la drogadicción no es un problema típicamente penal, sino en alguna medida de salud pública, no se puede negar que la laxitud frente al porte de la dosis personal y una mayor tolerancia para su consumo en lugares públicos terminaron siendo aprovechadas por los criminales para disparar el microtráfico a niveles nunca antes vistos. Ahora reconocidos ‘jíbaros’ van y vienen con cantidades pequeñas de estupefacientes y cuando son capturados alegan que es para su propio consumo… Una burla evidente a la justicia que desanima a la Fuerza Pública, pone contra la pared a los fiscales y jueces, al tiempo que tiene a millones de colombianos a merced del narcomenudeo en cada esquina, parque, sitio público y, en particular, en las afueras de escuelas, colegios y universidades.
Ante la urgente necesidad de enfrentar este fenómeno se han anunciado distintos proyectos de ley y acto legislativo para volver a meter en cintura el concepto de dosis personal de drogas. Ya la Fiscalía radicó, con apoyo de los principales alcaldes del país, una iniciativa que no sólo vuelve a señalar una cantidad límite de droga para uso personal sino que permite la judicialización inmediata de quien porte el doble de la misma. También se aumenta el castigo a quienes induzcan a los niños al consumo o los utilicen para narcomenudeo, así como para los dueños de establecimientos que favorezcan el tráfico de estupefacientes.
El recién instalado Congreso no puede ser inferior a este reto. Hay que redoblar la lucha contra el microtráfico antes de que siga esclavizando a más niños, jóvenes y adultos. Es hora de acabar con esta zona gris en la que los ‘jíbaros’ se enriquecieron, multiplicaron y pusieron en jaque al Estado en su conjunto. Hay que restablecer ya el imperio del orden y salvar a la juventud de la adicción.