En medio del agitado cierre del año, poco eco tuvo días atrás la decisión del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), en cuanto a aprobar un cupo de un billón de pesos para el mecanismo de “Obras por Impuestos” en este 2024.
Esta es una herramienta clave para dinamizar la inversión social a nivel nacional, sobre todo en las regiones en donde la guerra interna generó o causa más estragos. De allí que la iniciativa esté focalizada en los municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (Zomac). De los primeros hacen parte 170 poblados y de las segundas 344.
Como se sabe, este programa permite que la iniciativa privada se convierta en un actor financiador de la inversión socioeconómica directa a cambio de descuentos en materia tributaria. De hecho, las empresas pueden pagar hasta el 50% de sus tributos en proyectos a realizar en estas áreas territoriales específicas.
Creado en 2018, el mecanismo ha venido fortaleciéndose año tras año. De hecho, lo autorizado para este 2024 es el mayor cupo en la vigencia de esta iniciativa. Durante cinco años se han aprobado 297 proyectos por 2,1 billones de pesos beneficiando a 238 municipios y vinculando a 160 empresas. De acuerdo al propio Ejecutivo, los sectores con mayor beneficio son infraestructura, transporte, educación, vivienda, ciudad y territorio, y energía.
En esta administración, bajo la coordinación de la Agencia de Renovación del Territorio, en los primeros doce meses se movilizaron 1,1 billones de pesos, impactando 170 municipios con 157 proyectos y 108 empresas vinculadas.
Esto evidencia que sí es posible que el Gobierno y el sector privado unan esfuerzos para trabajar conjuntamente. Muy al contrario de lo que se busca en los proyectos de reforma pensional, laboral y de salud, así como en otras iniciativas oficiales, en donde es claro que hay una intención manifiesta de marchitar el rol de las empresas particulares en rubros de generación de productos, bienes y servicios a cargo o con intermediación del Estado.
Movilizar en cinco años más de 2,1 billones de pesos sin que se hayan presentado mayores problemas, actos de corrupción ni desgreño administrativo y, por el contrario, con un impacto muy positivo en las regiones más golpeadas por el conflicto armado, es un ejemplo de sinergia eficiente entre lo público y lo privado.