*Senado atiende clamor nacional por sistema de salud
*Un año de intransigencia y radicalización del Gobierno
Si el Gobierno hubiera tenido la sindéresis de entrar a concertar la reforma de la salud en el Congreso, como alcanzó a pensarlo hace un año, posiblemente no estaría ante las circunstancias adversas de hoy y que finalmente implican el archivo de la iniciativa.
Una situación causada, ciertamente, por los mismos agentes gubernamentales hasta que lograron poner contra las cuerdas a la comisión séptima del Senado, cerrando cualquier posibilidad de diálogo y consenso, y llevando a que nueve de los catorce congresistas de esta célula legislativa se vieran obligados, anteayer, a anunciar su ponencia y votos negativos frente a los tres positivos del Pacto Histórico, uno de los ex Farc y el neutro de la Alianza Verde.
No tenían los primeros, por supuesto, ninguna otra salida frente a los despropósitos de los que el país se ha enterado a lo largo de estos doce meses frente a la reforma a la salud. Desde el comienzo, con la doctora Corcho a la cabeza y que entonces hacía las veces de ministra del ramo, fue claro que al Ejecutivo no interesaba los impostergables ajustes al sistema, sino hacer del tema una reyerta política.
En efecto, los asesores del presidente Gustavo Petro parecerían haberle dejado en claro que en absoluto era recomendable seguir los sanos criterios de la concertación. Por el contrario, bajo la perversa consigna de supuestamente afianzarse en sus bases políticas, la recomendación fue la contraria: polarizar, negarse al diálogo, evadir el consenso, no moverse un ápice y dejar de lado cualquier amago de pactismo, aunque en principio hubiera hablado de acuerdo nacional. De hecho, la Casa de Nariño rompió todas las conversaciones que mantenía con los partidos políticos, ya de por sí burladas en los textos del articulado inicial. Y al mismo tiempo explosionó la coalición con el fin de no ceder un milímetro. Desde esa época favoreció el activismo sobre los criterios técnicos y, como se sabe, procedió cambiando algunos miembros del gabinete hasta la más reciente salida del jefe de Planeación.
El punto entonces consistía en que la reforma de la salud debía servir de base para tener un desempeño electoral ampliamente favorable en los comicios regionales del pasado octubre. Y por eso apretaron el acelerador clientelista en la Cámara de Representantes. Pero los resultados de esa jornada en las urnas fueron una verdadera debacle para el oficialismo. Mensaje contundente: el pueblo no estaba con las reformas, tal y como fueron planteadas, y mucho menos con la de la salud.
Lejos de derivar lecciones aprendidas del dictamen popular, la Casa de Nariño decidió radicalizar aún más sus posturas y procedió a activar todo tipo de maniobras clientelistas con tal de que la iniciativa saliera avante en la comisión séptima de la Cámara así como en la plenaria, lo que al fin consiguió en medio de un espectáculo politiquero desvergonzado.
Advertidos del riesgo que corría un sistema de salud que si bien tiene falencias ha demostrado su validez y funcionalidad (al punto de ser destacado internacionalmente), múltiples sectores volvieron a lanzar campanazos sobre la gravedad de la reforma. Gremios de EPS y la red prestacional, asociaciones de pacientes, academia, federaciones de médicos, enfermeras y especialistas, así como el grueso de los partidos políticos, expresidentes, cúpula del sector privado, entes de control y la mayoría de ministros y ex viceministros de la última década… Todos recalcaron que el proyecto que llegó a tercer debate era muy peligroso para la salud y vida de los colombianos. Incluso el pasado 6 de marzo, una vez más, centenares de miles de personas se lanzaron a las calles urgiendo frenar la iniciativa legislativa y evitar un colapso inminente del sistema.
Pese a ese clamor nacional, ni el Presidente de la República como tampoco su controvertido ministro de Salud o su debilitada coalición parlamentaria atendieron las alertas y, por el contrario, no solo arreciaron sus posturas extremistas y adoptaron más medidas para agravar la crisis financiera de las EPS, clínicas y hospitales, sino que intentaron repetir la táctica politiquera aplicada en la Cámara, buscando sublevar la disciplina partidista e incluso amenazando la autonomía del Senado…
Cada quien cosecha lo que siembra. Y eso fue lo que finalmente le ocurrió al Ejecutivo: apostó tercamente por una reforma anacrónica, disfuncional, estatizada y burocratizada al extremo. Desconoció las realidades políticas, se negó al consenso y generó una inestabilidad grave en el actual sistema de aseguramiento. Frente a ello, el país, en su conjunto, le dijo no y las mayorías de la comisión séptima de Senado, como corresponde a los funcionarios de elección popular en una democracia representativa, sí atendieron ese clamor popular: radicaron una ponencia negativa y darán un portazo definitivo a un proyecto inviable y peligroso. Una lección política en toda la línea a la sordera e intransigencia gubernamental.