* ¿Una tragedia anunciada?
* Muchas promesas, poco cumplimiento
La muerte de no menos de 33 personas por el alud que cayó sobre la carretera que de Quibdó conduce a Medellín, en el sector Las Toldas, en El Carmen de Atrato (Chocó), es una tragedia de inmensas proporciones que enluta a todo el país.
Si bien es cierto que una vez se reportó el viernes el siniestro hubo una rápida reacción de los cuerpos de búsqueda y rescate, el saldo fatal todavía no es definitivo, ya que en el momento en que la montaña se derrumbó, llevándose por delante la bancada de la vía y varios vehículos, había una vivienda en donde muchas personas se habían refugiado para protegerse de la lluvia y en espera de que la vía fuera despejada tras una primera caída de material. La estructura fue arrasada y todavía se mantienen allí las operaciones de remoción de tierra en busca de más víctimas. Por ahora no hay reporte consolidado de desaparecidos.
Mientras los entes de control y demás autoridades llevan a cabo las respectivas investigaciones, los reportes preliminares dan cuenta de un infortunado desastre natural, debido a que en la zona venía lloviendo de forma permanente en los últimos días y esa circunstancia siempre aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra por una vía que atraviesa una región con una geografía muy quebrada. Esa clase de situaciones se registra no solo en el Chocó, sino en otras regiones del país, más aún en medio de las contingencias climáticas crecientes producidas por el fenómeno del Niño.
Sin embargo, impacta mucho que la titular de la Procuraduría General no dudara en afirmar que “esta lamentable situación es una tragedia anunciada”. De hecho, el Ministerio Público reiteró este fin de semana su llamado de atención sobre la importancia de la prevención y la respuesta rápida y efectiva en casos de emergencias viales. De paso recalcó que ya había solicitado información a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sobre las acciones y los recursos destinados a la intervención de las vías del país, “casualmente, por la declaratoria de emergencia invernal, incluida la vía Quibdó-Medellín”, pero lamentablemente la respuesta recibida “fue insuficiente, centrada más en anuncios que en medidas concretas”.
Por el momento, lo más importante es que, a partir de “sala de crisis nacional” que se activó a raíz de la tragedia, se mantenga no solo el apoyo a las familias de las víctimas y los cuerpos de socorro que trabajan en la zona, sino a las acciones posteriores para recuperar la transitabilidad de la vía principal que comunica Antioquia con Chocó. Es prioritario, como lo recalcó la gobernadora de este último departamento, redoblar la inversión en la red vial principal, secundaria y terciaria en esa jurisdicción que sufre, como es sabido, históricos niveles de abandono estatal en muchos flancos.
Resulta claro que todos los gobiernos, incluyendo el actual, han realizado múltiples promesas de inversión social en el Chocó. La mayoría de esos ofrecimientos apenas si fueron cumplidos a medias o incluso nunca pasaron del mero anuncio. La red de carreteras, y de transporte en general, en este departamento es no solo muy pequeña, sino insuficiente y, en no pocos casos, arcaica. La mayoría de las carreteras no está pavimentada y algunas parecen caminos de herradura que en tiempos de invierno intenso se vuelven intransitables.
Ahora que debido a esta grave tragedia todos los ojos del país se vuelcan de nuevo sobre el Chocó, es momento de que se active, tanto desde el sector público como privado, un plan integral de intervención y ayuda para una región que sufre graves crisis en materia social, económica, de derechos humanos, seguridad, calidad de vida, educación y en muchas otras materias.
De igual manera, lo ocurrido el viernes pasado se constituye en un campanazo para que a nivel nacional se redoble el plan de vigilancia vial, sobre todo en las zonas de mayor riesgo, que ya están diagnosticadas. No hay precaución que sobre. Incluso, visto lo que pasó en El Carmen de Atrato, hay que revisar los protocolos de atención de emergencias en torno a qué hacer con las personas y vehículos que se quedan paralizados en determinados sectores luego de un derrumbe. Hay que derivar lecciones aprendidas de estos siniestros.