*Fallas recurrentes en política de protección

*Violencia, PAE, corrupción e improvisación

La política de protección a la infancia y la adolescencia tiene un respaldo normativo muy amplio en Colombia. No en pocas ocasiones hemos señalado que muchos países la tienen de referencia para la formulación de sus propias legislaciones. Lamentablemente una gran cantidad de menores de edad termina expuesta a la vulneración de sus derechos prevalentes por cuenta de las falencias del Estado para hacer cumplir ese compilado de mandatos constitucionales, legales y reglamentarios.

En las últimas semanas, por ejemplo, se han conocido muchas noticias de alto impacto respecto a casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, que van desde asesinatos, agresiones sexuales, secuestros y muertes por desnutrición infantil, hasta ciberacoso, reclutamiento forzado y otros atropellos graves a los más inocentes, incluso siendo instrumentados por las organizaciones criminales.

En muchos de estos casos lo que se ha evidenciado es que el sistema de alertas tempranas para detectar menores en peligro no funciona con la eficacia debida, al tiempo que toda la institucionalidad destinada a prevenir la ocurrencia de vulneraciones a los derechos de los menores de 18 años no solo está muy burocratizada sino que se mueve de forma paquidérmica.

A la par de ello, el comienzo del calendario escolar puso de presente, una vez más, que en algunos departamentos y municipios decenas de miles de niños de escuelas y colegios públicos continúan sin recibir los desayunos, refrigerios y almuerzos a que tienen derecho, esto debido a problemas en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que año tras año, pese a múltiples correctivos e instancias de vigilancia, continúa presentando inconsistencias.

Como si lo anterior fuera poco, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) denunció días atrás una serie de anomalías en materia de contratación en la entidad durante los últimos años. Por ejemplo, se detectaron contratos en manos de 59 operadores con el mismo representante legal, dirección de domicilio, característica en el formato de constitución, fecha de constitución y error en el objeto y alcance. También registros de personal en nóminas reportados al instituto por un valor más alto que el pagado a los colaboradores así como proyectos que se debían ejecutar en un lapso específico pero se realizaban en uno menor para cobrar más de lo correspondiente. Igualmente, hay evidencia de politiquería e incluso, en algunos casos, de contratos con operadores “que tristemente han tenido mayor cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición”.

A lo anterior se suma lo advertido por entidades de control como la Procuraduría, que alertó la semana pasada en torno a que las demoras en la contratación de los servicios del Programa de Primera Infancia por parte del ICBF tenían en riesgo a por lo menos 1,2 millones de menores en el territorio nacional que esperan su continuidad. Las deficiencias tienen que ver con graves problemas en los procesos de selección de operadores, suscripción de contratos y el inicio en la ejecución de los mismos. Esto ha afectado de forma sustancial a una gran cantidad de menores de edad y madres gestantes.

El Ministerio Público, en sus rastreos a nivel nacional, terminó por constatar la falta de planeación y capacidad de la entidad oficial para implementar el nuevo modelo para la contratación del servicio y los retos que este acarreaba.

Como se sabe, en ese modelo se priorizó a organizaciones de base como asociaciones de padres y madres de familia, juntas de acción comunal, consejos comunitarios y organizaciones indígenas y campesinas. En varias zonas se alertó desde finales del año pasado que implementar este esquema necesitaría un tiempo para arrancar y por eso se pidió formular un plan B, el mismo que, según la Procuraduría, nunca se concretó.   

Frente a ello el ICBF precisó que más de un millón 400 mil niñas y niños de primera infancia ya estaban siendo atendidos de manera integral por la entidad a través de las modalidades Propia e Intercultural, Centros de Desarrollo Infantil, Hogares Comunitarios y Jardines Infantiles, entre otras. De acuerdo con la entidad, la meta de atención era 1.675.000 niños y niñas, por lo que se comprometió a culminar en cuestión de días el proceso de contratación y abrir los centros pendientes.

Visto todo lo anterior, queda claro que la política de protección de infancia y adolescencia en Colombia tiene un marco jurídico muy sólido pero su flanco débil está en la implementación de los programas y la activación de la acción estatal, ya sea del orden nacional, regional y local. Todos los años se afirma que se aplicaron los ajustes del caso para neutralizar falencias recurrentes, pero, a la hora de la verdad, las fallas y la improvisación asoman de nuevo, poniendo a la niñez en peligro y vulnerabilidad.