* Ministerio debe acatar a Corte Constitucional

* Pagar deudas, prioridad de todos los actores

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En medio de una alerta generalizada en torno al riesgo de un colapso financiero a corto plazo en el sistema de salud, derivado del accionar del Gobierno, e incluso advertido días atrás por dieciocho exministros y exviceministros del ramo, la Corte Constitucional lanzó esta semana un salvavidas que, si el Ejecutivo cumple con las directrices del máximo tribunal, podría llevar a que no se presente una alteración grave en la atención médica, tratamientos y suministros de medicamentos a todos los colombianos, ya sea que estén afiliados al régimen contributivo o subsidiado, o que su aseguradora sea de carácter público, mixto o privado.

Al hacer seguimiento al nivel de cumplimiento de una sentencia de 2008 sobre la funcionalidad y sostenibilidad financiera del sistema de salud, los magistrados expidieron un nuevo auto en el que ordenan al gobierno Petro ponerse al día, en un plazo máximo de seis meses, con parte de la deuda del Estado con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), especialmente las de los últimos tres años.

Todo el pleito se basa en el déficit derivado de la Unidad por Capitación (UPC), que es valor que le entrega el Estado a las EPS por el aseguramiento en salud de cada colombiano. En un aspecto meramente técnico, dicha unidad se calcula con información reportada por dichas aseguradoras, teniendo en cuenta los usos y los costos de la atención médica y las medicinas. En complemento con ello está la figura de los denominados “presupuestos máximos”, que son los valores que transfiere la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para cubrir los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a los recursos de la UPC.

Las EPS y el Ministerio de Salud han estado imbuidos en una larga polémica alrededor del cálculo anual de la UPC. Las aseguradoras sostienen que los reajustes a ese indicador son muy bajos, no responden a las realidades económicas del sector y, por lo tanto, terminan siendo deficitarias en cuanto a lo que cuesta la atención de los afiliados. En consecuencia, los “presupuestos máximos” también resultan desfasados. Y como colofón de todo ello, se discute que los giros de los respectivos dineros se hacen de forma tardía, aumentando así el hueco presupuestal de las entidades aseguradoras, lo que a su vez se ve reflejado en que se demoren los pagos de las EPS a los hospitales, clínicas y demás entidades del servicio de atención médica y provisión de medicamentos. Y esa circunstancia, cual dominó, tiene como consecuencia que a la red prestacional se le adeude una billonaria suma y tenga problemas para el pago de nóminas, proveedores y su sostenibilidad financiera en general… Como es obvio, al final de toda la cadena está el paciente, que termina sufriendo las consecuencias de no recibir un servicio médico oportuno y calidad, con restricciones para el acceso a tratamientos y medicinas, así como soportando otras falencias que ponen en peligro su salud y vida.

Según el gremio de las EPS, tras el auto de la Corte, el Gobierno debería estar girando por los conceptos ya explicados no menos de 3,1 billones de pesos en los próximos seis meses, al tiempo que debe presentar una nueva metodología para ajustar el cálculo de la UPC y los “presupuestos máximos”, de forma tal que sus montos correspondan a la realidad del sistema y los giros se hagan de forma pertinente. Todo ello debería llevar a disminuir el déficit sistémico y la afectación operacional del sistema.

Habrá que esperar la respuesta del Ministerio de Salud a este mandato de la Corte Constitucional, sobre todo porque esa cartera insiste en la UPC está bien calculada y que no hay mayores retrasos ni desfases en los “presupuestos máximos”. De hecho, el Gobierno acusa de forma temeraria a las EPS de ser ineficientes y lucrarse irregularmente con los recursos de la salud. Es más, en la última salida desaforada del titular de la cartera, se propuso intempestivamente otra reforma tributaria para cubrir los déficits del actual sistema e incluso financiar la polémica reforma proyectada (que lleva un año trabada en el Congreso), idea que resultó tan peregrina que hasta el Ministro de Hacienda la descalificó ipso facto.

Lo importante, como se dijo, es que el Ministerio y la Adres cumplan con el mandato judicial, sin esguinces ni excusas. Más allá del futuro cada vez más complicado del cuestionado proyecto de reforma en su trámite en el Senado, el sistema de salud requiere una inyección urgente de capital, aquí y ahora. Este debe provenir principalmente de que los actores del mismo se pongan al día con sus pagos y aumenten su eficiencia. El ciclo comienza con la Nación. Solo así el servicio médico para 50 millones de colombianos no estará, día tras día, al borde del colapso.