*De ‘Iván Mordisco’ a Estados Unidos
*¿“Apoyos” populares a la Constituyente?
Las sombras sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 se continúan extendiendo, en particular en estos días. Uno de los últimos hechos se dio precisamente anteayer a raíz de un trino de alias ‘Iván Mordisco’, jefe de las Farc no desmovilizadas y en la actualidad comandante de la narcoguerrilla más grande del país -según las Fuerzas Militares-, quien reveló que el grupo armado apoyó la aspiración del candidato del Pacto Histórico, pero sin embargo hoy el primer mandatario los “traiciona” y cataloga de “traquetos”.
Se trata, en medio de las enrevesadas conversaciones de la llamada paz total, de otra variable sobre las traumáticas incidencias de la campaña presidencial de 2022, cuyo prólogo fue el paro convertido en estruendoso y prolongado vandalismo un año antes. Más si se recuerda que durante la competencia electoral el candidato Federico Gutiérrez denunció la existencia de un pacto, mediante el cual familiares y allegados a las toldas de la candidatura petrista estaban visitando cárceles con el fin de ofrecer a presidiarios de alto espectro criminal, como jefes o altos integrantes de los narco-ejércitos, cupos y beneficios en una eventual política de paz, a cambio de presionar apoyos electorales en sus respectivas zonas de influencia ilícita. De hecho, Gutiérrez fue amenazado y hubo de recurrir a la justicia.
Las declaraciones de ‘Mordisco’ llegan, por demás, justo en el momento en que, en los últimos ocho días, el primer mandatario habla de convocar intempestivamente una Asamblea Constituyente, ya no se sabe con qué tipo de concurso, si bajo lo dicho por el jefe de las neo-Farc como estrategia de “apoyo” popular, extendida en otros frentes similares del país (lo que señalaría una Constituyente armada), o si bajo un desarrollo democrático en libertad. En todo caso, mientras la nación, sin mayor o ninguna atención administrativa gubernamental, trata por su cuenta de sortear la estrepitosa crisis económica en curso, prospera la inseguridad rampante en regiones y veredas, y el sistema de salud colombiano está al borde del colapso.
Ciertamente, una Constituyente se sabe cómo comienza, pero no cómo termina, en particular una como la planteada. Menos en un país que exige gobierno en vez de retórica y aventurerismo: elecciones en 2022, en 2023 (con el plebiscito adverso al gobierno en las regionales) y ahora, a partir de 2024, de prolongada feria electoral, si el Congreso llegare a aprobar semejante embeleco distractor, que por lo pronto no tiene siquiera asomo de convertirse en la ley que autorice el referendo para avalar el temario y solo después de cumplido este proceso citar a elecciones de los constituyentes (¿cuántos?: setenta, doscientos, quinientos, mil como en otras Asambleas…) y una vez posesionados suspender automáticamente funciones del mismo Parlamento, según reza la Constitución.
Pero la pugna entre Petro y ‘Mordisco’ no es el único flanco en donde se tiene la lupa puesta sobre la campaña y el mandato electoral de 2022. Ya es una evidencia que los grandes sindicatos nacionales (quien sabe los más pequeños) habrían hecho aportes multi millonarios sin reportar, como los de la USO conocidos ayer en un informe en el portal de El Tiempo, para financiar la actividad proselitista del candidato del Pacto Histórico. De hecho, en el caso de Fecode, algunos de sus exdirigentes anunciaron acciones para que la justicia investigue presuntas actuaciones anómalas de sus directivas al respecto. El punto es que constitucionalmente, hoy por hoy, la violación de los topes compromete la credencial presidencial.
Y a los dos aspectos anteriores se suma, como si fuera poco, el conocido flanco de Nicolás Petro y la reciente ratificación de Day Vásquez, en relación con los escandalosos hechos ocurridos en el Atlántico, sobre lo cual, además de las pesquisas del Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía, esta semana la Procuraduría anunció que trabaja un documento completo, esencial y definitivo. Para no hablar, por su parte, del extraño allanamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio a la Registraduría, comprometiendo la data de todos los colombianos y que también tiene que ver con el software electoral de 2022.
De suyo, en otro flanco, uno de los altos funcionarios que más ha tenido que rendir declaraciones es precisamente el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fuera el gerente de la campaña petrista. Es más, hace un par de días se conoció un taxativo informe internacional, revelado en medio del cambio de Junta, advirtiendo el impacto reputacional sobre la empresa en la OCDE y a nivel mundial.
Y nada menos que de colofón ayer, también, Estados Unidos recortó su colaboración financiera a Colombia. Pero, aún más diciente, condicionó el desembolso de los 400 millones de dólares a la conducta del gobierno frente a los compromisos adquiridos. Que, por lo visto, están en tela de juicio y cuyas sospechas se profundizarán en esta recta final de la campaña Trump-Biden.
Una semana de pasión… y no precisamente por la Semana Santa.