* Apuesta por una reforma integral
* Grandes procesos serán definidos
Mañana termina el periodo de vacancia judicial y se reinicia en forma la actividad en toda esta rama del poder público. Además de la función primaria de aplicar justicia de forma pronta y eficaz, disminuyendo la impunidad criminal y la morosidad procesal, así como combatiendo el pico delictivo que se registra en todo el país, y que tiene a la ciudadanía y a los nuevos mandatarios territoriales contra la pared, hay otra serie de retos de alto calado en este 2024.
De entrada, por ejemplo, hay mucha expectativa en torno a la reforma a la justicia que quiere llevar este Gobierno al Congreso y para cuya construcción conformó una comisión con amplia representación sectorial, política, académica, de jueces, magistrados, Fiscalía, sindicatos, abogados de alto nivel y centros de estudios especializados. Los 34 integrantes de esta instancia no solo tienen el reto de consensuar una reingeniería integral a la rama, sino de construir una propuesta funcional, moderna, sin sesgos ideológicos ni saltos al vacío. No hay que olvidar que las modificaciones al sistema judicial son las que más han fracasado en el Congreso o en los exámenes de exequibilidad en más de tres décadas. Y tampoco se puede dejar de lado que el actual Ejecutivo insiste discursivamente en buscar acuerdos políticos, pero a la hora de la verdad no muestra voluntad de concertación.
No menos importante es la tarea que en la última semana de este mes tendrá que finiquitar la Corte Suprema de Justicia: la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Este ha sido un proceso complejo, no solo por el cambio de la terna inicial presentada por el presidente de la República y compuesta solo por mujeres, sino por la controversia sobre el nivel de independencia que tendrá la nueva titular del cargo frente al Gobierno y en medio de un clima de polarización política y partidista muy marcado. Asimismo, resulta innegable el cortocircuito en materia de Política Criminal del Estado y marco jurídico de la cuestionada estrategia de “paz total” entre el saliente fiscal y la Casa de Nariño.
Por otro lado, es evidente que hay mucha expectativa en el país en torno a la definición de los procesos penales, disciplinarios, así como de pérdida de investidura que cursan contra senadores y representantes a la Cámara en la Corte Suprema, la Procuraduría y el Consejo de Estado, respectivamente. Hay más de una veintena de parlamentarios encausados en las distintas entidades. Escándalos de corrupción como el de “Las marionetas”, que involucra a varios congresistas, son de extrema gravedad y urgen medidas ejemplarizantes.
Por otra parte, hay procesos judiciales de alto impacto en la opinión pública, así como de profundas consecuencias políticas, que deben tener este año instancias definitorias. Procesos como la decisión final en torno a si el expresidente Álvaro Uribe va a juicio o qué pasará con las pesquisas en Fiscalía, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara sobre las sospechas en torno a la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Este caso, como se sabe, está atado al procesamiento del hijo del jefe de Estado.
En cuanto a fallos de alto calado, hay varios en turno en las altas cortes. Por ejemplo, en la Constitucional se está a la espera de más sentencias sobre el alud de demandas contra la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo, así como de la decisión en torno a la exequibilidad del último ajuste al Código Electoral.
En el Consejo de Estado, a su turno, hay una serie de causas en estudio, desde decisiones sobre multimillonarios laudos arbitrales, hasta fallos sobre las demandas a decretos y otros actos administrativos de este Gobierno en asuntos de primer nivel.
La justicia transicional también tiene muchos desafíos. El principal, sin duda alguna, es que este año, por fin, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) produzca las primeras condenas y “sanciones propias” contra la cúpula desmovilizada de las Farc en 2016.
A todo lo anterior debe sumarse, luego del fallo del año pasado delimitando la discrecionalidad del Gobierno en la aplicación de su accidentada política de “paz total”, qué proyectos se llevarán al Congreso en materia de marco jurídico para el sometimiento a la justicia de las bandas criminales, así como para desmovilización y desarme de los grupos guerrilleros. Ya el año pasado algunas de estas iniciativas se hundieron, junto a la de “humanización carcelaria”, que buscaba flexibilizar el castigo penal y de cárcel a los delincuentes.
Como se ve, estos y otros retos, tanto coyunturales como estructurales, que también deben ser enfrentados de manera urgente, comprueban que la justicia tendrá un año muy complicado y desafiante.