La sanción, superior a los 23 mil millones de pesos, que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) le impuso a Empresas Públicas de Medellín (EPM) por suspender la construcción de la hidroeléctrica de Porce IV es una muestra de la falta de claridad en la normatividad sobre cuándo un contratista puede paralizar la realización de una obra pública por fuerza mayor.