La violencia continúa afectando con especial énfasis a las personas que ejercen algún tipo de liderazgo en las comunidades, ya sea en materia de causas comunitarias, ambientales o de la defensa de los derechos humanos.

Las estadísticas de la organización no gubernamental Indepaz señalan que en lo corrido de este año ya han sido asesinados 34 líderes sociales en todo el país, la mayoría de ellos en departamentos como Antioquia, Valle y Putumayo.

Los informes periódicos de la Misión de la ONU para la implementación del acuerdo de paz advierten a cada tanto que esta es una de las circunstancias más graves en Colombia, ya que no solo evidencia la debilidad del Estado para proteger a la población civil, sino también que la violencia continúa reciclándose en muchas regiones del país, a través de actores ilegales de vieja y nueva data.

A ese diagnóstico debe sumarse lo advertido por la Defensoría del Pueblo que este fin de semana urgió tanto a la Unidad Nacional de Protección (UNP) como al Ministerio del Interior que refuercen las medidas de protección con enfoques étnico, de género, territorial y diferencial en los esquemas de seguridad para población víctima del conflicto que se desempeña como defensora de derechos humanos o en liderazgo social.

Según la entidad del Ministerio Público, resulta claro en los más recientes asesinatos y atentados que pese a que varios de los líderes asesinados contaban con esquemas de seguridad, pero estos no fueron suficientes para salvaguardar sus vidas.

Se trajo a colación, por ejemplo, el caso de una líder social en Florencia (Caquetá), a finales de febrero, asesinada dentro de su casa cuando ya no estaba disponible el esquema de protección en su lugar de residencia.

La Defensoría advierte que constantemente recibe solicitudes de lideresas y líderes sociales víctimas que tienen dificultades con sus medidas de protección. Por ejemplo, los protegidos que pertenecen a comunidades indígenas solicitan que los escoltas sean escogidos con enfoque étnico, ya que solo ellos tienen ingreso a algunos territorios.

La entidad también denunció que algunos protegidos se quejan de las dificultades mecánicas de los vehículos asignados a sus esquemas de protección, ya sea porque se varan en los trayectos o no son aptos para los territorios donde hacen su trabajo. Otros automotores se demoran en ser entregados cuando están en mantenimiento o presentan problemas con el dispositivo para la dispensación del combustible…