Ministra de Justicia, Gloria María Barrero, alertó por el grave problema de los centros de reclusión

Para superar la crisis carcelaria el Gobierno no descarta decretar conmoción interior. Esto frente al alarmante panorama que presentó la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.

Según explicó, la nueva administración recibió “un estado de cosas inconstitucional”, al encontrarse con un hacinamiento en el país, “cercano al 48%. Además tenemos cárceles que superan un hacinamiento en un 100%”.

Precisó que para superar la crisis se deben construir más de 45.000 cupos carcelarios adicionales, sin embargo, “solamente están contratados 3.640 nuevos cupos”. Teniendo en cuenta que hacer una cárcel en Colombia cuesta alrededor de $130.000 millones de pesos, los recursos que se tienen son insuficientes.

Sumado a esto, “en los últimos cuatro años no se había contratado mantenimiento de ninguno de los centros penitenciarios”, por lo que se están encontrando con problemas que afectan la infraestructura y la integridad de las cárceles del país.

Frente a este panorama confirmó que, “estamos evaluando a ver si decretamos la Emergencia Carcelaria o una conmoción interior, para poder desatracarnos en este problema gigantesco que tenemos entre manos”.

Asegura que se está diseñando un plan con diferentes estrategias que incluyen acciones contra la corrupción, un trabajo articulado con los mandatarios locales y regionales, al igual que la formulación de Alianzas Público Privadas, e incluso se está acudiendo a la cooperación internacional.

Preocupación de la fiscalía

El fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no ha dado respuesta ni ha ofrecido una “solución eficaz” a la problemática del hacinamiento y aseguró que podría afectarse la detención de delincuente.

Martínez le pidió al general Jorge Luis Ramírez, director del Inpec, que se “adopten soluciones estructurales al problema que está enfrentando el sistema penitenciario y carcelario” porque la capacidad de albergue de las URI superó el 100 %.

La Fiscalía indicó que “en total, se encuentran 1.023 personas privadas de la libertad en las Salas de Paso de la Fiscalía General de la Nación a nivel nacional y solo se tiene capacidad para alojar 663 personas”. Martínez le envió una copia de esa carta a la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.

En rueda de prensa, Luis González, director de Fiscalías y Seguridad Ciudadana, agregó: “Van a encontrar que las URI están atestadas de tantos criminales que se les ha impuesto medida de aseguramiento y como pasa en nueve ciudades del país ya no hay cupo para tanta persona privada de la libertad y que se le ha impuesto por los jueces medida de aseguramiento y ya no hay donde llevarlos”.

Otra de las recientes crisis carcelarias se vivió en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, cuando los reclusos denunciaron en videos que enfrentan una grave emergencia porque no tienen agua potable ni servicios sanitarios.

El Inpec

Por medio de un comunicado, los dragoneantes y demás funcionarios del Inpec señalaron que "hemos denunciado (el hacinamiento) hace más de una década, donde son culpables el Gobierno nacional, el Congreso de la República y la Fiscalía".

Consideran que se debe implementar una política criminal de prevención del delito y agregaron que deben existir más colegios y universidades públicas en vez de cárceles. "La culpa del hacinamiento no es del Inpec, somos víctimas del abandono administrativo del Estado", señala uno de los apartes del documento.

Los trabajadores penitenciarios advirtieron que como consecuencia de las normas carcelarias en el país "fácilmente podemos ver a un juez con más de 2000 procesos", lo que según ellos agrava la situación de hacinamiento.