GRAVES violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y de grupos armados en Venezuela, así como que en este país existe una “crisis humanitaria de gravedad” reconoció la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, durante la 40 sesión de ese organismo.

En junio, Bachelet debe publicar un informe sobre la situación en Venezuela, pero la expresidenta chilena ya denunció el miércoles la "reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas".

"En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país en los dos primeros meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales", prosiguió la responsable, incluyendo "el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas".

La oficina de la Alta Comisionada analizó las informaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad. En 2018, al menos 205 muertes fueron atribuidas a las fuerzas especiales de seguridad venezolanas y otras 37 fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas, precisó.

En lo que se refiere a la educación, Bachelet indicó que más de un millón de niños no asiste al colegio debido a la escasez de recursos de sus padres, a lo que se suma el fracaso de los programas de alimentación escolar, la crisis de transporte y ausencia de docentes.

La comisionada también se refirió a la falta de agua, de gas y a las deficiencias en el transporte público. “Junto con la hiperinflación, esto genera condiciones económicas extremas que han provocado miles de protestas sociales”, dijo Bachelet. 

A renglón seguido indicó que "Me preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población".

Por ello, instó a encontrar una "solución política" a la crisis venezolana. Entretanto, su oficina envió una "misión técnica" con vistas a preparar una posible visita de la Alta Comisionada.

"Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes", dijo Bachelet, siempre según el texto en español difundido por su oficina.

La oposición venezolana, a través de Voluntad Popular, exaltó que Bachelet reconozca que en Venezuela existe una crisis humanitaria de gravedad que alcanzó el área de salud, alimentos y que la frecuente falla de servicios básicos e hiperinflación han sido los detonantes de las protestas, viene a reafirmar las razones de nuestra lucha contra la dictadura y su incapacidad para solventar los graves problemas de los venezolanos.

A través de un comunicado agregaron que “consideramos muy importante que la Comisión Técnica que se encuentra en Venezuela haya podido constatar que autoridades venezolanas han aplicado arbitrariamente la "ley contra el odio" para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes, con lo cual queda demostrado el apartheid político del que hemos sido víctimas como organización”

En la OEA

Un nuevo reporte sobre represión, abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela fue presentado ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el que se detallan decenas de casos de supuestas torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas en los primeros meses de este año, que el organismo califica de crímenes de lesa humanidad.

Según denunció el Instituto Casla, ubicado en Praga, República Checa, los nuevos casos de torturas documentados en lo que va de 2019 ascienden a 40 e incluyen a menores de edad y a militares.

A estos casos se suman al menos 8 asesinatos cometidos por “grupos paramilitares” conocidos como colectivos del chavismo, y decenas de detenciones arbitrarias en centros clandestinos y de la inteligencia militar venezolana. De acuerdo con la denuncia hecha por Casla, cinco de los torturados son familiares directos de militares disidentes que en las últimas semanas cruzaron la frontera con Colombia.

La información fue entregada este miércoles a la OEA por parte de la directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju.

Según adelantó Suju, el mismo documento será enviado a la Corte Penal Internacional en La Haya, donde avanzan otras investigaciones sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela en los últimos años.

Suju describió el primer trimestre del año en Venezuela como "el más duro y cruel por las torturas". Afirmó que los casos documentados tuvieron como responsables a “grupos paramilitares creados por el régimen chavista”, y dijo que hubo un recrudecimiento de la represión a partir de los días 22 y 23 de febrero en relación con los intentos de la oposición venezolana y parte de la comunidad internacional de ingresar ayuda humanitaria desde la frontera con Colombia.

En esos días, detalló la responsable del Instituto Casla, se produjeron al menos 8 muertes en el municipio venezolano de Gran Sabana, donde los colectivos chavistas y los efectivos militares del régimen "sembraron el terror" y dispararon "ráfagas" con intención de matar. Además, dos decenas de periodistas fueron detenidos en esos días, recibieron un "trato cruel" y sus equipos fueron confiscados, dijo Suju.

La información sobre nuevos casos de tortura fue acompañada por la presentación de una serie de videos hechos de manera clandestina por un militar disidente, el teniente venezolano Ronald Dugarte, quien hasta el mes pasado cumplió funciones de analista de inteligencia en las instalaciones de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM).