Más de una década se demoró el sistema judicial en establecer si el predio objeto de una venta era una playa. ¿Cómo puede ser tan difícil determinar algo tan evidente?, se pregunta uno desde lejos. Cabe aclarar que al terreno nunca lo han bañado las olas del mar, que durante medio siglo ha albergado a una piscina y que, a simple vista, nada indica que pueda ser una playa; sobre todo porque está muy lejos de la orilla.

Aun así, la definición del carácter de este lote, de 240 metros cuadrados, se convirtió en un proceso kafkiano que envolvió durante más de diez años a Judith Pinedo y la mantuvo 23 meses en prisión. Siguiendo las indicaciones de la ley, amparada en las escrituras del predio que lo definían como baldío, de propiedad de la Alcaldía, y con el respaldo de su secretaria de hacienda y su equipo de asesores, la exalcaldesa de Cartagena autorizó la venta del predio durante su mandato; a finales de los años 2000.

Tiempo después se abrió el proceso jurídico en su contra aduciendo que se trataba de una playa, de uso público, y que su venta constituía un delito. Al final, después de que el caso cursara en tres instancias distintas, la Corte Suprema de Justicia determinó, la semana pasada, que sí se trataba de un lote baldío, que no era una playa y que su venta se había hecho conforme a derecho; tal y como ella había alegado desde siempre.

Aunque al final se hizo justicia, queda un sinsabor en el ambiente. Quiere uno entender cómo pudo avanzar tanto el proceso, si las claves para resolverlo se encontraban a mano desde el primer momento. ¿Cómo es posible que el mismo sistema jurídico lo permitiera? A lo largo de estos años, Judith Pinedo siempre expresó tener plena confianza en la justicia y en las instituciones. Ella misma se entregó a la Fiscalía cuando el fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Cartagena anuló la primera decisión que la absolvía y la condenó a 12 años y 5 meses de cárcel. Tenía razón, la condena era el resultado de una argucia legal de sus contradictores políticos y sería capaz de demostrar su inocencia; por eso apeló. Pero, ¿eran necesarios tantos años para constatarlo?, ¿era correcto encarcelarla, aunque la sentencia estaba en duda?

Judith Pinedo hizo lo que le correspondía como alcaldesa, y aunque así lo demostraban los documentos y lo corroboraron dos sentencias absolutorias, eso no evitó el sufrimiento irreparable que padeció en prisión. Así, no es completamente justa la justicia.

Así las cosas, queda claro también que el sistema juega en contra de los funcionarios y que es un riesgo ejercer cargos públicos, por más conocimiento, experiencia y vocación que se tenga. Esto es lo que preocupa en este caso, el lawfare; que la ley sea manipulada como arma para atacar a los adversarios políticos y pierda su esencia en tanto sustento del derecho que le queda a este pobre y flaco Estado.

@tatianaduplat