Carta al Minjusticia

Señor Ministro:

Se han cumplido 18 años del acto criminal que acabó con la vida del doctor Álvaro Gómez Hurtado. La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación y la propia conducta de los organismos estatales para esclarecer el crimen constituyen una infamia al país, a la familia del doctor Gómez y a quienes nos honramos con su cercanía. Pero también, como parecen ignorarlo gravemente usted y el señor Fiscal General de la Nación, a la comunidad internacional.

Álvaro Gómez padeció en vida de la calumnia constante, procedente de sectores perversos de nuestra sociedad que en nombre de un fementido liberalismo, construyeron sobre su personalidad magna el infundio de un espíritu sectario. Sobra decir que sin haber ocupado la Presidencia de la República, Álvaro Gómez ha influido como pocos líderes en el último siglo en la democratización real de nuestro sistema político. La Fiscalía General de la Nación, idea que empezó a desarrollar 15 años antes de la promulgación de la Constitución de 1991, es obra suya.

Ni sus antecesores en el despacho a su cargo, Juan Carlos Esguerra y Ruth Stella Correa, como tampoco usted han mostrado interés alguno en exigir a la Fiscalía resultados prontos en la investigación. Porque los tres se inscriben en el principio silencioso pero actuante de que en Colombia existen mártires de primera y de segunda clase. Álvaro Gómez, cautivo aún del sectarismo que se propuso castigarlo desde su temprana juventud, sigue siendo su víctima cuando al acto horripilante que puso fin a su existencia se le ha inscrito el rótulo de prioridad última. Otra vergüenza más del régimen de componendas tácitas o abiertas que impera en nuestro país.

Opera hoy, por fortuna, la Corte Penal Internacional. Su Fiscal debe actuar de manera independiente. Y de tal manera autónoma lo han hecho los dos fiscales que han operado que Henry Kissinger ha escrito que en la práctica goza de discrecionalidad absoluta. El Fiscal está facultado, según el Estatuto de Roma, para iniciar una investigación cuando así se lo solicite una de las salas de la Corte pero también cuando sobre el caso el Estado concernido haya demostrado incapacidad o falta de voluntad para esclarecerlo.

Estas dos circunstancias, en el caso Gómez Hurtado, admiten prueba expedita ante la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional. Las versiones de fábula que rondan en Colombia acerca de este cuerpo, incluso dentro de los llamados expertos que apenas lo son en distorsionar la realidad, han hecho pensar que debe tenerse identificado el presunto culpable o culpables para proceder. No es así. La Corte puede proceder a hacerlo. Un ejemplo lo brinda el caso reciente MV Mavi.

Hemos implorado una y otra vez que el crimen sea declarado lo que es: de lesa humanidad. Pero ningún gobierno, incluido el actual, ha estimado que lo es porque -reitero- se inscriben dentro de la norma monstruosa pero efectiva de que en Colombia hay muertos eminentes de segunda clase, así evaluados desde los balcones de los sectarios liberalismos radicales.

Usted dejó pasar deliberadamente, señor Ministro, esta fecha luctuosa del 2 de noviembre en silencio al omitir la declaración de lesa humanidad y la remisión de una solicitud de urgencia al Fiscal General de la Nación para esclarecer el crimen.

Un grupo de colombianos, en asocio de prestigiosas firmas norteamericanas y francesas que ya estudian y proyectan el caso, concurriremos a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional para que, confirmada la desidia culposa del Estado colombiano, se proceda a iniciar la investigación condigna que justifica y corrobora el silencio del ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez.

Atentamente,

Juan Daniel Jaramillo Ortiz