Hace ya algunos días en los distintos medios de comunicación se dio a conocer el grave caso que sucedió con una licitación del Ministerio de las TIC por la suma de 2.2 billones de pesos, que tenía como objetivo llevar el servicio de internet a todas las zonas y regiones del país, en especial a los centros de educación, la cual fue adjudicada a la firma consorcio Centros Poblados y resulta que ante atrasos presentados en la ejecución del contrato multimillonario, se estableció que las pólizas de garantía del Contrato eran falsas y por tanto no había pólizas reales. Así mismo las pólizas para el manejo del anticipo por más de 70.000.000.000 de pesos también resultó que era falsa.
Pero como cuando las cosas empiezan mal terminan mal, vale la pena recordar que durante el acto de recibos de la primera licitación pública abierta para este objetivo, seguramente una de las licitaciones más grande de las que ha hecho el Ministerio de las TIC, y que el país esperaba que por su importancia fuera presidida y liderada directamente por la hoy exministra Karen Abudinen, algunos de los viceministros o por el Secretario General de ese Ministerio, resulta que el mismo fue presidido por la subdirectora de contratación administrativa. Durante ese acto de recibo de las propuestas, uno de los oferentes denunció que a una de las firmas participantes estaba vinculado un asesor oficial del despacho de la Ministro y que por tanto no entendía esa irregularidad, por denominar ese acto de inmensa gravedad de alguna manera.
En ese momento pidieron un receso mientras analizaban el caso y, al continuarlo, la razón que dieron era que con el asesor del despacho de la Ministra en su contrato de trabajo habían dejado una cláusula en la que podría dar asesorías en contratación administrativa a personas tanto naturales como jurídicas. Semejante anomalía en cualquier otro momento hubiera tenido, además de una severa investigación y la cancelación del contrato del asesor, hasta la caída del Ministro o al menos de la persona responsable de tan grave situación presentada ya que además de loa consecuencias penales hay que responder por la responsabilidad política.
Lo que uno a partir de ese momento se imaginaba era que iban a estudiar muy bien las propuestas que se presentaran a esa dependencia, que las analizarían de la forma más expedita, responsable y que quien fuera el ganador, además de ser el mejor en experiencia, precios y calidad, fuera una garantía para el desarrollo del multimillonario contrato. Lo que nunca llegamos a pensar es que la persona jurídica beneficiaria del contrato presentara unas pólizas falsas y que ni el Ministerio, ni la Interventoría, ni la firma que contrataron para que estudiara las pólizas se hubieran dado cuenta.
Ese es un error imperdonable que ha puesto en alto riesgo las sumas de dinero entregadas como anticipo y que además muestra el desgreño administrativo de esa cartera ministerial y la irresponsabilidad de la entonces ministra que posaba y decía que era una gran ejecutiva. Los medios así lo presentaron, pero además el mensaje que le llegó a la ciudadanía y a la opinión pública, fue de un acto de corrupción sin precedentes.
En este caso es muy importante que tanto la Procuraduría como la Contraloría General de la República y la Fiscalía, investiguen a la mayor brevedad las verdaderas razones de semejante escándalo y le den a conocer a la opinión pública sus resultados, además de las sanciones que debe imponer a quienes por acción u omisión dejaron que esto sucediera.
La ciudadanía tiene derecho a conocer porqué ocurren actos de tanta gravedad y el por qué no se toman medidas rápidas y ejemplarizantes.
Sabemos bien que el mayor problema y enfermedad que afrontamos en nuestro país es la corrupción y la pérdida de valores. Si dejamos que un escándalo tape otro y así sucesivamente, estamos perdidos.
No es un secreto que últimamente Colombia ha aparecido como uno de los principales países donde la corrupción ha llegado a los distintos sectores y niveles de la sociedad. Requerimos por tanto que se tomen medidas prontas y eficientes contra los corruptos.