Sin tacañería
NO tiene presentación el viejo argumento de que fijar un salario mínimo digno y justo en Colombia compromete la generación de nuevos empleos y pone en aprietos fiscales a las empresas. No está equivocado el vicepresidente, Angelino Garzón, cuando cuestiona el antaño proceder de gobiernos y patronos en el sentido de no ir más allá en el salario mínimo por razones absurdas de que se cae el empleo o se pone en riesgo la estructura financiera de compañías.
Es una posición de décadas en la que los negociadores del Gobierno y el sector privado anteponen las frías cifras a reales dimensiones de acordar un ingreso decente para trabajadores del país. Si quienes ostentan poder y riqueza han tenido el privilegio de aumentar sus ingresos a cargo del Estado, y nadie dijo nada ni salieron a relucir las dificultades fiscales de la Nación, ¿por qué habría de procederse distinto con los asalariados?
Habrá exministros de Hacienda que salgan a indisponer la sociedad con la sugerencia descabellada de incluso, no aumentar el mínimo o hacerlo con mucha tacañería. Y saldrán quienes aseguran que está primero la estabilidad y disciplina financiera del presupuesto nacional que un alza amistosa del sueldo de los más pobres. No tiene sentido seguir pensando así. Las Mipymes dan ejemplo de ello. Son las unidades de producción que más empleo aportan al país y las que no tienen reparos en darles buenos sueldos mensuales a sus obreros y operarios. Tampoco son tacaños los comerciantes quienes mantienen salarios arriba del mínimo para la mayoría de sus vendedores.
No es sano para el crecimiento económico, la equidad y la prosperidad, concertar el salario mínimo con tanta precaución y temores fiscales. Sin comprometer estabilidad de finanzas públicas y la caja de empresas, es preciso que la comisión negociadora del salario mínimo para 2014 concerte un incremento acorde con realidad social y económica de familias colombianas. Mejorar calidad de vida, aumentar consumo de hogares, mejorar competitividad, democratizar la propiedad, propiciar apertura de empresas y negocios familiares, bancarizar, educar más y mejor, y acceder a salud, deporte, recreación y esparcimiento, pasa en alto grado por un ingreso decoroso para trabajadores.
Si queremos que mejoren las condiciones sociales en que sobreviven millones de gentes pobres y vulnerables, el equipo de concertación salarial debería poner sobre la mesa las necesidades básicas de las familias y sus costos. No mirar con el frío rigor de las matemáticas el precio de la canasta familiar. Es empezar a darles a ciudadanos un pedazo de pertenencia social. La socialización de lo público, la humanización de los recursos.