El cese bilateral del fuego

Según el acuerdo celebrado entre las delegaciones del Gobierno y las Farc divulgado el pasado 23 de junio, los integrantes de este grupo armado ilegal se concentrarán en 23 zonas veredales y 8 campamentos de los que las Farc tienen actualmente.

Se informa que dentro de los criterios de ubicación se ha tenido en cuenta que tales sitios deben quedar distantes de las zonas urbanas y fronterizas. Del mismo modo, no se instalarán en parques naturales, ni cerca de áreas de infraestructura estratégica, de cultivos ilícitos, explotación minera, grupos étnicos, resguardos indígenas y de bases militares.

En estos territorios se suspenderán las órdenes de captura contra los guerrilleros que allí habiten. Tendrán un carácter temporal con límites previamente establecidos en los que sea razonable la verificación. Podría entenderse que en estas zonas se concentrarán los guerrilleros rasos y los jefes lo harán en los campamentos.

No se sabe si dentro de los criterios de escogencia de las zonas de ubicación se tuvo en consideración la circunstancia de que no hubiera presencia de las demás organizaciones armadas ilegales que pueden constituir un elemento de perturbación difícil de controlar. Así, por ejemplo, dentro de los sitios escogidos aparecen Arauquita  y Tame en Arauca. Por ahí cerca está el ELN y, además,  Arauquita queda a corta distancia de la línea fronteriza. Lo propio se puede decir de Tibú en el que su corregimiento La Gabarra es uno de los principales centros cocaleros del Catatumbo.

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Lucha de poderes en Venezuela

Negros nubarrones se ciernen sobre el horizonte amable de la patria de Bolívar, Miranda y Sucre. Hace unos de Nicolás Maduro anunció que la Asamblea Legislativa en Venezuela tenía pocos días de vida desconociendo así en forma grotesca el carácter soberano del órgano de representación popular en su país.

Ahora el “Polo Patriótico” se propone solicitar una consulta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia “con el fin de pedir la abolición de la Asamblea Nacional.” Uno de sus portavoces acusa en forma irresponsable al Legislativo de su país de “usurpar funciones del gobierno en materia interna y diplomática, así como de traición a la patria y violación de las normas constitucionales”, cuando el TSJ ha anulado casi todas sus decisiones. Disolver el Legislativo sería el último coletazo de un régimen que se derrumba solo y el paso arbitrario que le faltaba para soportarse en poderes dictatoriales.

De dónde sacan que el TSJ tiene facultades para disolver o revocar la Asamblea Nacional. Cuando eso sucede en los regímenes parlamentarios los gobiernos sencillamente se caen, y en los presidenciales, el Congreso solo se puede renovar al vencimiento del período constitucional.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, acaba de afirmar que este organismo revocará la elección de los magistrados del TSJ.

La única salida a la aguda crisis institucional que se vive en Venezuela es que se abra paso el referendo revocatorio con el compromiso de que el que gane sea reconocido por el adversario.