Carlos Caballero Argáez defendió las gestiones de Jorge Elías Melo y de Luis Fernando Andrade, director, Agencia Nacional de Infraestructura; menciona defensa efectuada por una cantidad notable de empresarios y ésta actuación genera agrado y sorpresa debido, lo segundo, a que no es usual y lo primero a qué así se debe proceder de creer en la inocencia de alguien. Es más prioritaria la absolución del inocente que el castigo del culpable, previa aplicación de lo siguiente: debido proceso, presunción de inocencia en tanto no se pruebe lo contrario, ejercicio de normas legales y de metodología científica. Resta esperar la decisión de los jueces y se tiene alto concepto de los organismos de control.

 Luis Guillermo Plata se mueve en la misma dirección de Caballero y lo complementa. Hay crisis de la justicia “que seguramente viene de décadas atrás”,  importante “tratar como sagrados los recursos públicos”, cual lo predicaba Antanas Mockus y “¿dónde queda la presunción de inocencia?”: Plata cree que lo acostumbrado es presentar a los acusados como culpables, o sea, “se condene antes del juicio a los acusados”. “Y, peor aún, cuando salen inocentes… la mayoría se queda con la idea de que esa persona es culpable, y no es así”. Se sufrió esa irracional experiencia el siglo pasado, como consecuencia de una “chiva”, pese a la rectificación de los medios de comunicación y se lamenta su vigencia. El efecto es permanente, imborrable, debe combatirse y se cuenta con el periodismo investigativo y personalidades como Daniel Coronell y Gloria Behar.

 Plata contempla otra consecuencia. …”también me inclino a reflexionar sobre los riesgos de ser funcionario público en Colombia” y “no se asusten de servir en el sector público”. Las  prioridades laborales personales fueron en orden creciente: actividad privada, labor académica y sector público. Un nuevo régimen presidencial, con posterioridad a la “chiva”, eliminó del servicio a quien escribe, pese a jamás recibir sanciones legales o disciplinarias, mediante la aplicación de facultades discrecionales, es decir, motivaciones reservadas (ocultas) jamás reveladas. Este proceder se tradujo en el cese en el servicio público y perjuicio en la trayectoria, logros, reputación y jubilación. Se considera injusto, permite la pseudomoralidad,  difícil ejercer la defensa, esclarecer la verdad. Tales facultades recuerdan la supuesta e inexistente información secreta en contra de Alfred Dreyfus.