En las últimas décadas el tema ambiental adquirió mayor importancia para los distintos gobiernos y la sociedad colombiana, en un proceso que arrancó con la manifestación de buenas intenciones, pero que en la actualidad ha tomado cuerpo con una serie de acciones en lo local para proteger los recursos y ambiciosos compromisos en lo internacional en asuntos como el cambio climático.
En ese propósito el mayor reto que se ve este año es que el país no deje perder el impulso que trae y siga produciendo y desarrollando iniciativas para mejorar la calidad del aire, así como proteger aguas y bosques, aprovechando los recursos económicos que por primera vez son importantes para el sector, producto de la reforma al Sistema General de Regalías, así como la normatividad existente y la que se está desarrollando en el Congreso de la República.
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La reforma al Sistema General de Regalías destinó una partida del 5% de recursos del presupuesto bienal para el medio ambiente, lo que permitirá financiar proyectos relacionados con la conservación de áreas ambientales estratégicas y fortalecer la lucha nacional contra la deforestación.
Si se tiene en cuenta que el presupuesto bienal de regalías 2021-2022 asciende a $17,3 billones, al medio ambiente le corresponderá en la vigencia un poco más de un billón de pesos por este concepto, cifra nada despreciable para un sector que había sido la cenicienta en la distribución presupuestal.
No obstante, es fundamental invertir acertadamente esos recursos y protegerlos de las manos de la corrupción. Además, es necesario que sean ejecutados y no como sucedió con los dineros de regalías para ciencia y tecnología, que durante varias vigencias se quedaron en la caja.
Como se dijo Colombia ha asumido objetivos ambiciosos en materia ambiental, como es que en el marco del Acuerdo de París el presidente Duque anunció la meta de reducción del 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país para el año 2030.
Este compromiso implica fortalecer acciones como la transición energética, la movilidad limpia, la lucha contra la deforestación, la siembra de 180 millones de árboles, el pago por Servicios Ambientales y la conservación de la Amazonia y de los páramos.
Como aspecto importante a resaltar de este proceso se encuentra la definición de 29 medidas en adaptación y más de 30 en mitigación del cambio climático.
Una de esas metas que más ha sorprendido es la siembra de 180 millones de árboles al 2022, pues hasta la fecha se han plantado cerca de 40 millones, no obstante se espera que más gobiernos departamentales, municipales y la empresa privada se sigan sumando a la iniciativa Sembrar nos Une.
Es el caso de Ecopetrol, EPM y el Grupo ISA, que se comprometieron a sembrar más de 20 millones de árboles.
Deforestación
El 52% del territorio emergido de Colombia es bosque natural, una riqueza sin duda que envidiaría cualquier país, pero que en nuestro caso ha sido afectado por prácticas agropecuarias y principalmente el accionar del narcotráfico y la minería criminal, lo que ha generado una importante deforestación.
No obstante, las medidas que se han tomado y la labor de la Fuerza Pública han logrado una leve reducción de este daño. En 2017 la superficie deforestada fue de 219.973 hectáreas, en 2018 fue de 197.159 hectáreas y en el año 2019 de 158.894 hectáreas, según cifras del Ideam.
En enero del 2020 el presidente Duque ante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, reconoció que “hemos visto que la deforestación lleva mucho tiempo en el país, y nosotros queremos hacer una diferencia con una gran meta en el mundo… queremos sembrar 180 millones de árboles antes de agosto del 2022”.
Llega el fracking
Ambientalistas que se oponen a la implementación de la técnica del fracking en Colombia para la explotación de petróleo y gas, le están ‘cobrando’ al presidente Duque que en campaña se comprometió a que su gobierno no lo habilitaría, pero ahora piensa lo contrario.
Esta técnica que consiste en el fracturamiento de la roca en el subsuelo por agua a presión ha sido prohibida en algunos países por los eventuales efectos ambientales. En Colombia no ha podido ser habilitada hasta el momento por una demanda de nulidad, que está por resolver el Consejo de Estado, a un decreto y una resolución que permitirían el fracking.
Por su lado el Gobierno llamó una comisión de expertos para que se pronunciara sobre la posibilidad de desarrollar el fracking de una manera sostenible. Esta recomendó realizar unos pilotos que permitan en la práctica ver los beneficios y eventuales consecuencias.
El pasado 24 de diciembre se firmó el primer contrato de piloto de fracking entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Ecopetrol, para desarrollar un proyecto en la cuenca media del río Magdalena, cerca al municipio de Puerto Wilches, Santander.
Santurbán
La Constitución prohíbe la minería en los páramos, aun así, en la práctica algunos de estos sistemas son afectados por la minería criminal y otros como el caso de Santurbán por falta de una delimitación efectiva están en la mira de compañías.
La empresa Minesa, con capital árabe, sigue empeñada en obtener una licencia para la explotación subterránea de minerales en zonas cercanas al páramo de Santurbán, la cual hasta el momento le ha sido negada por la ANLA.
Mientras tanto las audiencias virtuales en el proceso de concertación para la delimitación del páramo de Santurbán continúan, después de que el Consejo de Estado negó una tutela que buscaba suspenderlo alegando las dificultades de la comunidad para participar.
Vale recordar que una primera delimitación de este páramo que hizo el Ministerio de Ambiente se cayó en la Corte Constitucional en 2017, precisamente porque no garantizó la efectiva participación de la comunidad.
En consecuencia, la delimitación de Santurbán es otro de los grandes retos ambientales este año, teniendo en cuenta la importancia de su ecosistema y que de allí Bucaramanga se surte de agua.
En el Congreso
Este año el Parlamento tiene la palabra sobre varias iniciativas clave para el medio ambiente, en primer lugar, la ratificación del Acuerdo de Escazú que suscribió Colombia en 2019, que tiene como propósito central facilitar la veeduría ambiental ciudadana sobre los proyectos de desarrollo, pero que la discusión terminó imbuida en un pulso entre los gremios, quienes advierten que algunas de sus disposiciones afectarían proyectos e inversiones, y los ambientalistas.
También entre otros están pendientes de discusión proyectos como el que busca resolver el tema de la existencia de una minería de hecho o informal; el cual prohíbe el plástico de un solo uso en áreas protegidas, turísticas y zonas de reserva natural; así como la iniciativa que adopta una política de Estado para ordenar la delimitación, recuperación, restauración y ordenamiento ambiental y agrario de los lagos, ciénagas, playones y sabanas comunales.