DURANTE ESTE martes, más de cuatro mil indígenas Emberá, provenientes del departamento de Risaralda, se asentaron con carpas en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para exigir al Gobierno el cumplimiento de acuerdos pactados, además de garantías para mejorar su calidad de vida.

“Necesitamos reunirnos con Petro y que Petro convoque a sus distintos ministros, queremos plasmar algo serio, algo que sea contundente y serio, porque no queremos seguir viviendo de las mentiras que algunos funcionarios nos han dado y nos han ofrecido”, indicó Marco Fidel Wasarabé, alto consejero de la comunidad.

Dentro de los reclamos que hacen los líderes comunitarios se ha destacado la importancia sobre la entrega de tierras, educación y salud por parte del Gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro a los indígenas de Chocó y Risaralda, quienes han asegurado que más de 30 niños Emberá han muerto durante 2024 por desnutrición.

Según lo señalado por el alto consejero de la comunidad, se quedarán el tiempo que sea necesario en la capital hasta poder resolver todas sus exigencias con el Gobierno nacional.

¿Qué dice la ANT?

Según Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, durante la mañana de este martes se llevó a cabo una mesa de diálogo con la comunidad Embera de Risaralda, para poder establecer acuerdos con los indígenas sobre los territorios.

“En el marco de la conversación con la comunidad Embera de Risaralda, hemos llegado a unos compromisos claros y concretos. Hoy se va a instalar una mesa de negociación. Ellos han pedido la participación de distintos ministerios y actores del Gobierno nacional para llegar a acuerdos asociados con sus territorios”, indicó Harman.

Así mismo, señaló que se estableció la posibilidad de una mesa para mantener un acuerdo transitorio, de convivencia, tranquilidad y armonía, para establecer parámetros para mantener la normalidad en la capital, mientras se desarrollan los diálogos.

Una situación injusta para la ciudad

En diálogo con EL NUEVO SIGLO, Juan Carlos Flórez, historiador y exconcejal de Bogotá, aseveró que la capital se ha vuelto la que paga los platos rotos en una situación en la que, como ciudad, en teoría, no tiene ninguna responsabilidad.

“¿Qué hacen los departamentos donde viven las comunidades Emberá que llegan a Bogotá?, ¿cuáles son las acciones de la Nación? Todo parece indicar que el problema es el de una muy grave desintegración de las comunidades indígenas por diversas causas, este es un país en el que llevamos en guerra mucho tiempo, y eso hace que venir a Bogotá para muchos sea como una suerte de salvación, porque aquí o van a las calles o reciben alguna asistencia estatal. Eso ha profundizado el proceso de crisis social de ellos, porque en Bogotá, en donde ya se había logrado sacar a los niños de las calles, volvieron a las calles a través de las familias Emberá y eso es un problema social y pedagógico de inmenso calado”, explicó el experto.

Además, enfatizó que este es un momento para que los departamentos y el Gobierno nacional se apersonen de la situación.

“¿Quién organiza un desplazamiento de esa magnitud, de dónde salió la plata para conseguir todos esos buses?, ¿quién envía a esas personas a Bogotá, a estas familias, a mujeres con niños que llegan aquí a vivir en un hacinamiento terrible? Lo que me llama la atención, es el tamaño de este desplazamiento y el costo de la logística de ese desplazamiento. Lo que yo siento es que hay unos departamentos de donde proceden las comunidades indígenas que se echaron a dormir y les dijeron: allá en Bogotá les arreglan el asunto”, cuestionó Flórez.

Del mismo modo, indicó que se debe pedir ayuda a otras comunidades indígenas para encontrar maneras a través de las cuales ellos puedan reconstruirse como comunidades, “porque entre los problemas de allá y venir a vivir aquí en hacinamiento, en condiciones terribles, insalubres y con los niños en las calles, comprenderán que el riesgo de que estas comunidades se desintegren es cada vez más alto”, advirtió.

“Es hora de poner las cosas con sinceridad sobre la mesa, todos somos conscientes de la tragedia de muchos pueblos indígenas y campesinos en Colombia, pero este es un problema de otros departamentos, un problema de la Nación y cogieron a Bogotá que tiene recursos limitados y eso se volvió un juego en el que toda solución resulta insuficiente y la ciudad haciendo un esfuerzo. Yo veo aquí una irresponsabilidad de gobiernos departamentales y del Gobierno nacional, que dijeron: Bogotá, que pague”, agregó.

Abandono gubernamental

A su turno, el concejal del Nuevo Liberalismo y presidente del Cabildo Distrital, Juan Baena, señaló a este Diario que la llegada a Bogotá de indígenas Emberá, que, a su juicio, huyen de la violencia, el abandono del gobierno del presidente Petro y la pobreza extrema que enfrentan en sus territorios, exige una respuesta inmediata y coordinada.

“Para prevenir que esta situación se convierta en un problema a largo plazo en materia de seguridad, violencia y afectaciones sociales, es fundamental que la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Integración Social trabajen de manera coordinada con el Gobierno nacional para brindarles seguridad y condiciones dignas. Aunque los Emberá están en Bogotá por necesidad, su verdadero deseo es regresar a sus territorios, un derecho que el gobierno de Gustavo Petro debe garantizar y parece haber dejado a un lado. La promesa de la “paz total” no puede quedarse en discursos, se necesitan acciones concretas que no solo enfrenten las causas de su desplazamiento, como la violencia y la falta de oportunidades”, enfatizó.

Señaló, además, que el compromiso debe ser claro: proteger sus derechos fundamentales mientras están en Bogotá. “Al mismo tiempo, debemos garantizar su retorno seguro. El llamado es a dar soluciones reales y efectivas que resuelvan esta situación”, agregó.

Finalmente, el Taita Oscar Bastidas, concejal étnico de Bogotá, demostró su apoyo a la protesta de las comunidades Emberá que integra el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR) y la Asociación de Cabildos Indígenas Regional Risaralda (Acirr), quienes desde la mañana del martes adelantan una movilización en el Centro Administrativo Nacional (CAN).

“Invito al Gobierno nacional a resolver estos requerimientos, pero también a la administración distrital, a atender a esta población en el marco de sus competencias, con el objetivo de solucionar lo más rápido esta situación”, concluyó.