Aunque las periódicas cumbres de gobernadores suelen redundar en las mismas problemáticas e incluso termina pesando más lo protocolario que los asuntos de fondo, en el cónclave de esta semana en Villa Leyva (Boyacá) pasó lo contrario: los mandatarios seccionales alzaron su voz para poner sobre la mesa y ante el presidente de la República y varios ministros el difícil panorama que enfrentan en múltiples campos, especialmente por la violencia e inseguridad que en muchos territorios están disparadas y tienen a la población a merced de la delincuencia común y organizada.

Impactaron a cuál más las dramáticas denuncias de gobernadores como los de Norte de Santander y Chocó sobre las graves crisis que afrontan por el accionar terrorista y bárbaro del Eln, grupos residuales de las Farc, bandas criminales de alto espectro, carteles del narcotráfico y minería ilegal. Y no es para menos, la situación en el Catatumbo sigue complicada, ya que si bien cesaron los combates entre facciones subversivas que dejaron decenas de muertes y más de 80.000 personas desplazadas y confinadas, la Fuerza Pública todavía no recupera el control jurisdiccional e institucional de la zona. De hecho, el Eln desató esta semana una oleada terrorista tanto en Cúcuta como en Arauca que aumentó los interrogantes sobre la capacidad del Estado para enfrentar este desafío criminal.

A ello se suma que en Chocó crece exponencialmente la crisis humanitaria por el ‘paro armado’ impuesto por los elenos en medio de fuertes combates con el ‘Clan del Golfo’ y las disidencias de las Farc. Hay miles de damnificados, desplazados y confinados. Incluso en algunas carreteras y vías fluviales la guerrilla instaló explosivos y amenaza con asesinar a todo el que transite sin autorización.

Como se dijo, fue unánime la denuncia sobre la violencia desbordada y la necesidad de redoblar la operatividad y eficiencia de la Fuerza Pública. Incluso, varios titulares departamentales reiteraron que la controvertida política de “paz total” es aprovechada por los grupos armados ilegales para fortalecerse, derivar más ganancias de las economías ilegales y, peor aún, entrar en combate directo entre sí para dominar enclaves estratégicos de estos ilícitos. Todo ello ante un Estado cada vez más ausente y débil.

Pero no fue el único reclamo. Los mandatarios seccionales se quejaron de la desconexión entre el Gobierno Nacional Central y las regiones. Recalcaron que la cantidad de cambios en los ministerios y entidades del Ejecutivo se ha convertido en un obstáculo para la viabilización presupuestal y administrativa de proyectos y programas territoriales que requieren la participación de la nación e incluso hasta para obtener avales a obras que se financian con recursos propios de las gobernaciones.

También se escucharon voces enfáticas en torno al grave impacto de los recortes de presupuestos nacionales para múltiples proyectos en las regiones, demoras en los giros de recursos comprometidos y la disminución o cese definitivo de subsidios estatales a grupos poblacionales vulnerables o para la compra de vivienda o los créditos para acceder a educación superior. Si bien los gobernadores indicaron que entendían las dificultades fiscales que atravesaba el Gobierno Nacional Central, advirtieron que al Ejecutivo le faltó previsión sobre el grave efecto del apretón para unos departamentos que ya de por sí tienen sus propias dificultades por la disminución de ingresos directos, como los impuestos al tabaco y licor.

La desfinanciación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la crisis en los sistemas de salud seccionales, el aumento de la conflictividad social, el incumplimiento del alto gobierno a los acuerdos para levantar paros y los cortocircuitos entre los niveles central y departamental en cuanto a política minero-energética también hicieron parte del memorial de agravios regional. Igualmente, se advirtió de la lenta reacción del Ejecutivo para atender la emergencia ambiental, los pleitos por peajes, los problemas de los productores del agro y el retraso en construcción y reparación de vías secundarias y terciarias, entre otras falencias.

Aunque el jefe de Estado y algunos de los pocos ministros activos (muchas carteras siguen en interinidad) escucharon los reclamos de los mandatarios regionales, las respuestas del Ejecutivo poco o nada convencieron, no solo porque no hay margen de acción presupuestal real para destinar más recursos y cumplir los compromisos territoriales, sino porque se insiste en un discurso político desgastado y una lesiva ideologización de la gestión oficial.

Precisamente por esto es que varios gobernadores, exteriorizando un creciente sentimiento de desespero e impotencia, le urgieron al Gobierno que teorizará menos y diera soluciones más concretas. Con respeto, pero también con la contundencia del caso, solicitaron a la Casa de Nariño que se escuche a las regiones y que el Estado se mueva de forma efectiva y tangible para dar respuesta inmediata a escenarios cada vez más críticos. De hecho, no faltaron las voces que llamaron a que Petro y compañía se concentraran más en los temas y urgencias nacionales, y menos en los debates externos o en la ruidosa y mediática controversia política diaria en Bogotá.

Como se ve, las regiones alzaron la voz. La pregunta es: ¿El Gobierno sí las escuchará y atenderá esta vez?