ASÍ COMO los malos alumnos, el Gobierno cuadró las cifras a las malas para decir que había cumplido con la regla fiscal del 2024; sin embargo, para este año si no corrige los números que presentó en el Plan Financiero, corre el riesgo de continuar con el mismo despelote.

De entrada, analistas y expertos, desde ANIF, hasta Corficolombiana, firmas calificadoras como Moody’s, la banca de inversión como JPMorgan, Fedesarrollo, consideran que las cuentas siguen mal y que en el mejor de los casos hay un faltante a la vista de $30 billones. Eso teniendo en cuenta que este año sí se cumpla con el recaudo previsto.

Un análisis del Plan Financiero por parte de ANIF, considera que “el Gobierno está proyectando unos ingresos tributarios de $298,8 billones para 2025; sin embargo, consideramos que siguen estando sobreestimados. Desde ANIF proyectamos que los ingresos tributarios serían de $273,4 billones”.

Sostienen los analistas, que “por el lado del gasto, el Gobierno proyecta unos gastos totales por $418,7 billones. Sin embargo, a ese escenario se le deben sumar algunas deudas que tiene el Gobierno con el sector privado y el rezago presupuestal de 2024”.

Bajo este escenario, desde ANIF proyectamos un déficit fiscal de 6,8% del PIB en 2025. Por tanto, para alcanzar el déficit de 5,1% del PIB proyectado en el Plan Financiero se requeriría un recorte de gasto de unos $30 billones”.

Altas pretensiones

Los investigadores indican que, con el plan financiero de 2025, el Gobierno vuelve a repetir los errores pretendiendo un alto recaudo tributario que no se va a lograr. El Gobierno está proyectando unos ingresos totales de $327,9 billones para 2025, $15,8 billones por encima de las estimaciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024 y $48,7 billones por encima de los ingresos totales de 2024. Particularmente, la proyección de los ingresos tributarios ($298,8 billones) supera en $55,2 billones el recaudo de 2024.

El temor es que “el Gobierno repita los mismos errores en 2025 y, peor aún, que no se busquen soluciones estructurales para garantizar la sostenibilidad fiscal. Dentro de las prioridades debería estar reducir las inflexibilidades presupuestales, las cuales dificultan los ajustes en el gasto cuando el Gobierno presenta choques negativos en sus ingresos. Así mismo, es fundamental que el Gobierno adopte una política de austeridad fiscal para ajustar los desbalances y tener estimaciones más realistas sobre sus ingresos esperados”.

Indican que “desde ANIF hemos advertido que uno de los factores detrás del problema fiscal es la composición del crecimiento económico. Actualmente los tres sectores que más aportan al impuesto de renta de personas jurídicas (minas y canteras, industria y comercio explicaron el 64% del recaudo de renta corporativa del periodo 2021-2023) han presentado contracciones o moderaciones no menores en su crecimiento. En contraste, sectores con un alto crecimiento, como entretenimiento y actividades artísticas, tienen una contribución baja al recaudo tributario de personas jurídicas”.

Más recortes

Por su parte, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, dijo a los medios, que “consideramos que el Gobierno no cumplió con la regla fiscal el año pasado. Tampoco es una sorpresa, los mercados ya estaban anticipando que el Gobierno probablemente no iba a cumplir con esa regla. La pregunta más de fondo va a ser qué va a ocurrir en el 2025. Nosotros hemos dicho que el Gobierno tendrá que recortar el presupuesto más allá de estos $12 billones en $28 billones adicionales para cumplir”.

Según el ejecutivo, el panorama podría ser preocupante si se llegase a incumplir con la regla en el año en curso, pues el peso colombiano podría perder su valor, el dólar podría aumentar considerablemente y las tasas de interés para el pago de la deuda de la nación serían más altas.

“Si continuamos con este problema de fragilidad fiscal, es muy posible que el Banco de la República continúe con esa pausa en las tasas de interés (...). “Los mercados financieros, los acreedores del Gobierno nacional tienen confianza en la evolución de las cifras fiscales y están atentos a que el Gobierno tome las medidas para garantizar el cumplimiento de esa regla fiscal. Es fundamental que el país no pierda la credibilidad de su posición frente a los mercados”, sostuvo Mejía.

Pesimismo del Emisor

A todas estas, en el congreso de tesorería en Cartagena de Asobancaria, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que las presiones fiscales se mantienen claras en el país, luego de la presentación del Plan Financiero de 2025 por parte del Ministerio de Hacienda.

Sostuvo que “las cuentas fiscales de 2024 estuvieron considerablemente más deficitarias que lo que se preveía con un déficit de 6,8% del PIB superior en 1,2 puntos porcentuales a lo previsto. Algo que se traduce en que hoy Colombia tiene endeudamiento público de cercanos a 60% del PIB considerablemente mayores a lo que se tenía previamente”, aseguró Villar.

El gerente destacó que, si bien en parte las cifras del Plan Financiero de 2025 prevén una mejoría, “las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal persisten”, no solo porque es superior a lo que se esperaba frente al Presupuesto General de la Nación, sino porque se muestra “a pesar de que supone un crecimiento fuerte” en los ingresos tributarios cuya viabilidad “genera incertidumbre” a varios analistas.

En paralelo al tema fiscal, entre los factores que también afectaron recientemente a las perspectivas de inflación por parte del Emisor está la magnitud del aumento del salario mínimo para este año.

“No sobra destacar que ese aumento del salario mínimo tiene también un efecto importante sobre las cuentas fiscales, en particular por su impacto sobre los pagos de pensiones del sistema de prima media, que en alto porcentaje corresponden a pensiones de montos equivalentes o cercanos al salario mínimo”, puntualizó Villar.

¡Ojo a las calificadoras!

Mientras tanto, en declaraciones a Valora Analitik, Renzo Merino, vicepresidente y analista de calificaciones soberanas en Moody’s, dijo que “con la presentación del Plan Financiero hemos visto que se confirma ese deterioro, con algunos números como el déficit (fiscal) y el aumento de la carga del gobierno a niveles mayores a los que habíamos anticipado, aunque no muy lejos. Las medidas para ajustar el gasto no fueron suficiente para contener el deterioro”.

Consideró Merino que “para 2025 estamos viendo que esa probabilidad de que se sigan deteriorando los números está vigente. Estaremos monitoreando de cerca las determinaciones respecto al cumplimento de la Regla Fiscal de 2025 y serán muy importantes las acciones que pueda tomar el Gobierno, si se vuelve a dar una sobreestimación de los ingresos”.

Por otra parte, en la presentación sobre la gestión en 2024, la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, habló de los principales desafíos que tienen como conglomerado frente al contexto macroeconómico que vive Colombia, en donde destaca los cambios en la política fiscal y pública.

“Con la presión económica y fiscal del país, creemos que el plan financiero y el plan fiscal de 2025 serán desafiantes. La ejecución del pago de gobierno bajó. Aunque la inversión se ha recuperado un poco, permanece bajo el nivel histórico”, dijo Gutiérrez.

A su turno, los analistas de Corficolombiana señalan que “es claro que la situación fiscal es uno de los mayores desafíos que enfrenta la economía colombiana. Los problemas de desfinanciación del presupuesto de la nación observados en 2024 seguirán estando presentes en 2025, generando incertidumbre en el proceso de recuperación de la economía colombiana y ejerciendo presión sobre las tasas de interés en el mercado de deuda, la prima de riesgo y la tasa de cambio”.

Las señales claras

Para los investigadores de ANIF, “el manejo prudente de las finanzas públicas debe ser prioridad en 2025. Repetir los errores de los años anteriores y no transmitir señales claras al mercado podría poner en riesgo la calificación crediticia del país (BB+). Actualmente, Colombia se enfrenta a tasas de financiamiento más altas que países como Brasil (BB) y Paraguay (BB+), e incluso, similares a las de países con calificaciones significativamente más bajas, como es el caso de Turquía (BB-). Si bien el mercado ha venido descontando una reducción en la calificación, de hacerse efectiva, llevaría a un encarecimiento aún mayor del financiamiento externo, ante un acceso más restringido, y provocando una mayor depreciación del peso colombiano”.