La opinión pública no se resigna a los abultados sueldos de los altos funcionarios del Estado, especialmente cuando la situación derivada de la pandemia no permitió que se diera un gran incremento del salario mínimo.
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Ayer el exministro Juan Fernando Cristo informó que le envió al presidente Iván Duque una carta pidiéndole evaluar “la posibilidad de expedir un decreto presidencial eliminando los gastos de representación de los congresistas”.
Cristo explicó en sus redes sociales que “el artículo 187 de la Constitución señala que la asignación mensual de los congresistas se reajusta cada año según certificación de la Contraloría. Esto se refiere solo a la asignación básica, pero no a los demás componentes como primas y gastos de representación”.
Como lo publicó oportunamente EL NUEVO SIGLO, en julio la Contraloría certificó que el incremento debía ser de 5,12% y el presidente Duque firmó el respectivo decreto el 24 de diciembre, con lo que la asignación salarial de los congresistas quedó en $34.417.000, de los cuales el básico es de casi $8 millones, la prima especial de servicios es de $10,7 millones y los gastos de representación de $14 millones.
En su propuesta, Cristo señaló que “la Ley 4 de 1992 en su numeral 11 y la propia Corte Constitucional han señalado que los componentes adicionales de la asignación básica de los congresistas pueden ser fijados por el Gobierno ‘cuando las circunstancias lo justifiquen’ y no necesariamente en forma automática”.
“En medio de la crisis económica y social, la pérdida de empleo e ingreso a millones de colombianos y las sesiones virtuales del Congreso, es evidente que ese reajuste no se justifica y el Gobierno podría eliminarlo o limitarlo para garantizar mayor equidad”, expuso, anotando que “el Gobierno está obligado a reajustar solo la asignación básica y puede utilizar su potestad reglamentaria para suprimir o limitar el pago de gastos de representación y primas. Así se evita el desgaste de improbables reformas constitucionales para reducir salarios”.
Ya el también exministro Mauricio Cárdenas había juzgado que “sin tanta demagogia y politiquería el Gobierno puede reducir por decreto la prima que reciben los congresistas en $1.676.000, que corresponde al incremento de 5,12% del 24 de diciembre. No se requiere ley ni mucho menos reforma constitucional”.
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Ya el tema se lo había comentado a este Diario el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, al señalar que “incluso sin que se requiera un acuerdo político y sin que se requiera una ley o un acto legislativo, el Gobierno podría expedir un decreto que elimine uno de los tres componentes del salario de los congresistas”. Para el parlamentario, “el rubro de la prima o de los gastos de representación podrían disminuirse”.
El asunto podía ser todavía más simple, le argumentó hace poco a este Medio el senador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, precisando que “en eso se gasta un reglón de escritura y un segundo de decisión” y que “se le da una orden al pagador, así de fácil”.
Ayer mismo, el senador Rodrigo Lara, exmilitante de Cambio Radical, le dio la razón al exministro Cristo, manifestando que “basta con un decreto del Gobierno para descontar los gastos de representación de los congresistas, en particular de aquellos que decidan seguir sesionando desde su casa sin justificación alguna. No hay necesidad de referendos ni de reformas globo”.
Pero el senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, apuntó que “el salario de congresistas y otros servidores del Estado, hay que bajarlo, sin populismo ni mentiras, ni cinismo. El exministro Cristo, hizo parte del gobierno Santos que decretó la ‘prima especial de servicios’ para congresistas, de $7,8 millones en esa época”.
Macías se refería a que en octubre de 2013 el Gobierno creó una prima especial luego que el Consejo de Estado tumbara las primas de salud y localización, lo que representaba una reducción de $7.898.445 en los ingresos mensuales de los congresistas.
Más propuestas
Entre tanto, los parlamentarios siguen hablando de propuestas que llevarán al Capitolio el 16 de marzo cuando termine el receso de las sesiones ordinarias.
La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, ha anunciado que “estaremos dispuestos a presentar de manera inmediata y ojalá lo haga el Gobierno, la reforma para que todos los altos salarios del Estado queden gravados en un 20%”.
Por su parte, el senador Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia, rememoró que “desde el año pasado vengo insistiendo en que los congresistas nos estamos robando los gastos de representación. Son $14,8 millones que no estamos usando porque trabajamos desde las casas. Este año será igual. La pandemia no cede y seguiremos en virtualidad. ¿Continuará el robo?”.
Ya Bolívar había anunciado que “con mi UTL trabajamos en tres proyectos para bajarnos el salario: eliminar gastos de representación de $14,8 millones cuando trabajemos virtualmente, bajarnos sueldos a 25 SMMLV (hoy son 40), pago por sesión para acabar con cuatro meses pagos de vacaciones. Sabrán quienes apoyan”.
También el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, contó que “congresistas de oposición tenemos listo proyecto para rebaja salarial de senadores y representantes a la Cámara. Esta no es una iniciativa nueva. Desde hace una década venimos exigiéndolo. Espero que el Gobierno y el Centro Democrático dejen de oponerse”.
Impuesto fijo
Ya está en trámite el proyecto de ley número 200 de 2020 Cámara, “por el cual se crea un impuesto al salario de los congresistas y se dictan otras disposiciones”, radicado el 21 de julio por el expresidente Álvaro Uribe y la bancada del Centro Democrático y que desde el 28 de octubre tiene ponencia positiva para primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara preparada por los representantes Fabio Arroyave (Partido Liberal), Gilberto Betancourt (Cambio Radical) y Edwin Valdés (Centro Democrático). El proyecto plantea gravar con 10% permanente el salario de los congresistas, con lo que se recaudarían $660.146.620 mensuales.
En cambio se hundió sin ningún debate, aunque desde el 23 de septiembre también estaba lista ponencia en la Comisión Primera del Senado, el proyecto de reforma constitucional “por medio del cual se modifica el salario de los congresistas y se dictan otras disposiciones”.
La iniciativa que reducía la asignación parlamentaria de 40 a 25 salarios mínimos ataba su incremento al que defina la Mesa de Concertación Salarial y le aumentaba mes y medio a cada legislatura (el receso que empieza el 16 de diciembre terminaría el 1 de febrero y no el 16 de marzo), fue radicada el 22 de julio por las bancadas opositoras (Lista de la Decencia, Colombia Humana, MAIS, Polo Democrático, partido Farc y Alianza Verde) y contaba con informe de ponencia preparada por Armando Benedetti (ex La U), Julián Gallo (Farc), Alexander López (Polo) y Gustavo Petro (Colombia Humana).