El reporte, “Frentes de deforestación; impulsores y respuestas en un mundo cambiante” publicado por WWF, analiza 24 frentes de deforestación en el mundo. Estos son lugares que tienen una concentración significativa de puntos críticos de deforestación y donde grandes áreas de bosque remanente se encuentran amenazadas.
Entre 2004 y 2017, más de 43 millones de hectáreas de bosque fueron devastadas en esas zonas, un área del tamaño de California, en Estados Unidos.
Nueve de los 24 frentes de deforestación están en América Latina: seis en la Amazonia en Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela/Guyana; otro en el Gran Chaco (Paraguay/Argentina); uno en el Cerrado (en Brasil); uno en Chocó-Darién-Colombia/Ecuador; y otro en la Selva Maya (México/Guatemala).
El reporte identifica 12 impulsores de deforestación, entre los que la agricultura a gran escala se ubica como la mayor causa detrás de la pérdida de bosques alrededor del mundo, con áreas boscosas despejadas para dejar espacio al ganado y los cultivos. En América Latina, la ganadería, la agricultura a gran escala, la minería, la infraestructura de transporte y los incendios se resaltan como los mayores impulsores.
El reporte también llama la atención respecto al papel de la deforestación y la degradación forestal como los principales impulsores de las enfermedades zoonóticas. Cuando están sanos, los bosques son un amortiguador contra enfermedades como el Covid-19. Pero cuando los bosques son atacados, sus salvaguardas se debilitan, ocasionando la propagación de enfermedades.
“Si bien las cifras que compartimos son alarmantes, la pandemia de covid-19 puede brindar una oportunidad para el tipo de cambios transformadores que son esenciales en la meta de salvaguardar nuestros bosques”, advirtió por su parte Fran Raymond Price, líder global de la práctica de bosques de WWF.
“Necesitamos cambiar nuestra relación con la naturaleza. Debemos abordar el consumo excesivo y dar más valor a la salud y la naturaleza en lugar del actual énfasis en el crecimiento económico y las ganancias financieras a toda costa. El riesgo de que surjan nuevas enfermedades es mayor en las regiones de bosques tropicales que están experimentando cambios en el uso de la tierra”, explicó Price.
El reporte señala que las respuestas a la deforestación deben ir acompañadas de condiciones que aseguren su permanencia a largo plazo (como un apoyo político ambicioso y continuo), aumenten su aceptación y amplíen su escala con el tiempo.
Oportunidad
Señala el informe que Colombia está ante una oportunidad única en términos políticos para abordar esta problemática, pues justamente el pasado 29 de diciembre, el Gobierno nacional presentó ante Naciones Unidas su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) como aporte para el cumplimiento del Acuerdo de París de Cambio Climático.
Dentro de la ambiciosa meta de mitigación -reducir en 51% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero proyectadas para 2030- el Ejecutivo contempla pasar a una tasa de 50.000 hectáreas deforestadas por año en 2030. En 2019, la tasa de deforestación en el país fue de 158.894 hectáreas, mientras que en 2018 el área deforestada sumó 197.159 hectáreas, según las cifras del Ideam.
Igualmente, recientemente el Gobierno nacional aprobó la Política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques en la que se identifican las acciones que este mismo debe desarrollar de manera articulada con los sectores, comunidades, entre otros actores, para controlar esta problemática, y promover la conservación y manejo sostenible de los bosques. Las medidas de esta política deberán estar articuladas con otros instrumentos y compromisos regionales asumidos por Colombia como el Pacto de Leticia, y la NDC actualizada, entre otros.
Para que el país logre sus cometidos será crucial reconocer la contribución de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, campesinas y locales al cumplimiento de la NDC -especialmente en el componente de medios de implementación- y otras políticas nacionales, a partir de los ejercicios propios y autónomos de manejo del territorio que hacen, teniendo en cuenta el rol que han tenido por décadas en la conservación de los bosques que habitan.
En cuanto a los compromisos de deforestación cero por parte de las empresas, el informe destaca que son un paso clave, pero que la mayoría de las empresas luchan por impulsar una agenda de conservación sin que haya marcos normativos y políticas nacionales que apoyen su esfuerzo. En este sentido, también señala que cuando las políticas gubernamentales coinciden con las iniciativas privadas, pueden producirse importantes disminuciones en la pérdida del bosque, como fue el caso en ciertas partes de Indonesia y en la Amazonía brasileña, donde el gobierno apoyó la reducción de la deforestación e implementó la correspondiente legislación.
El informe analiza las soluciones y respuestas a la deforestación y concluye que éstas deben ser inclusivas y adaptadas al contexto local y regional. Enfatiza que no hay un enfoque único ni un criterio universal, y deja claro que las respuestas más efectivas son aquellas que combinan múltiples soluciones.