Turno para grandeza política

  • Gobierno, bancadas y pacto legislativo
  • Priorizar proyectos en un año electoral

 

La agenda legislativa de 2019 será crucial no sólo para la administración Duque sino para el país en general. De allí que sea urgente empezar a definir los derroteros políticos que Gobierno, partidos y bancadas podrían seguir con el fin de que el Congreso discuta y apruebe las reformas legales y constitucionales que urge Colombia para hacer frente a una serie de problemáticas de viejo y nuevo cuño.

Es claro que el primer tramo de esta legislatura, entre julio y diciembre del año pasado, tuvo un trámite algo accidentado, no solo por las exigencias propias de la transición gubernamental entre dos administraciones diametralmente opuestas, sino porque parte del tiempo parlamentario se destinó a la conformación de las coaliciones al tenor del debutante Estatuto de la Oposición, la siempre desgastante elección de directivas de Senado y Cámara, la escogencia de Contralor General y magistrados del Consejo Nacional Electoral, el imperante trámite del proyecto de presupuesto general para el año subsiguiente y –por último pero no menos importante- el aterrizaje de una nueva estrategia de interacción del entrante Ejecutivo con el también recién posesionado Legislativo, productos ambos del inédito mapa político dejado por los comicios del primer semestre de 2018.

Todo ese cuadro circunstancial determinó que así como salieron avante proyectos como la ley de presupuesto para 2019, una reforma tributaria, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, más ‘dientes’ para la Supersalud, la prórroga de la Ley de Orden Público y el tratado de adhesión a la OCDE, también fracasaran a medio camino iniciativas trascendentales como la reforma a la justicia u otro intento para crear 16 curules en la Cámara para las víctimas de la violencia… Sin embargo, quedaron en tránsito reformas clave como la política y electoral, la mayoría de los proyectos del paquete anticorrupción, el ajuste a las TIC, la no conexidad del narcotráfico y el secuestro con el delito político o la reingeniería a las corporaciones autónomas regionales, entre otras. Adicionalmente el Gobierno ya tiene listo el proyecto sobre el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que será radicado el próximo 7 de febrero, al tiempo que se plantea la necesidad de volver a llevar al Parlamento otra iniciativa de reforma judicial. A todo ello habría que sumar el cúmulo de proyectos que cada bancada parlamentaria tiene en trámite o ya anunció para ser radicado a partir de mediados de marzo.

Esa abultada agenda legislativa se estrella con el hecho cierto -negarlo sería ingenuo- de que 2019 es un año electoral y, por lo mismo, la agenda de los partidos y congresistas estará enfocada en buena parte en la campaña de cara a los cruciales comicios de octubre para gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Dicha cita en las urnas es determinante para confirmar o revertir el mapa político y la correlación de fuerzas partidistas dejadas por las elecciones parlamentarias y presidenciales.

Visto todo ello, es claro que la prioridad debe ser aumentar la productividad legislativa en el corto plazo. Pensar en aplazar varias iniciativas de primer orden  para el segundo semestre podría ser contraproducente ya que estará cruzado por el remate de la contienda electoral. Así las cosas, las apuestas deben dirigirse al próximo tramo de la legislatura, entre marzo y junio. Si bien tres meses es un lapso muy ajustado para sacar avante leyes urgentes y la segunda vuelta de los actos legislativos en trámite, si existe voluntad política es posible hacerlo. Incluso, el tiempo de debate será mayor pues el Gobierno ya anunció que citará a sesiones extraordinarias a partir de febrero, inicialmente para discutir el Plan de Desarrollo pero se podrían sumar otros proyectos.

Es vital, entonces, que Gobierno, partidos y bancadas concreten un pacto político de alto espectro sobre la agenda legislativa prioritaria. Ya el Presidente de la República anunció reuniones con todas las colectividades (oficialistas, independientes y de oposición) para finales de enero o comienzos de febrero con el fin de allanar acuerdos sobre los proyectos más importantes. Para que esto sea viable, se requiere que el Ejecutivo y las bancadas, más allá de sus diferencias ideológicas y las estrategias electorales particulares y coyunturales, demuestren la suficiente voluntad política para allanar consensos amplios sobre las principales iniciativas legales y constitucionales que requiere el país para enfrentar diferentes problemáticas y desafíos. No es tiempo de insistir en mezquindades, polarización u oportunismos. Hay margen de acción suficiente para acordar asuntos fundamentales que permitan enfrentar las crisis ya sobrediagnosticadas pero no por ello enfrentadas con la necesaria firmeza institucional. Este es el momento de la grandeza política y los acuerdos sobre lo fundamental. No hay excusa.