Opositores nicaragüenses se movilizaron este miércoles en Managua para protestar por la represión y detenciones sufridas en el último año, desde el inicio de las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega, pese a que la policía les impidió marchar y realizó nuevos arrestos.

La jornada, en la que al menos 67 manifestantes fueron detenidos, se dio en momentos en que Estados Unidos aumentó también su presión sobre el gobierno con nuevas sanciones del Departamento del Tesoro contra Laureano Ortega Murillo, el hijo del mandatario y la vicepresidenta Rosario Murillo.

El hijo de Ortega es el segundo miembro del clan familiar objeto de sanciones, además de Murillo y otros cinco allegados al gobernante.

"Libertad para los presos políticos", "democracia sí, dictadura no", "el pueblo unido jamás sera vencido", gritaron manifestantes en grupos dispersos sobre la ruta donde inicialmente se iba a realizar la marcha "Todos somos abril" para conmemorar el aniversario del estallido de protestas que piden la salida de Ortega.

Los manifestantes, en grupos de entre 100 y 200 personas, quedaron atrapados en varios puntos por antimotines y fuerzas especiales de la policía que mostraban sus fusiles y hacían sonar las sirenas de las patrullas.

Uno de los puntos donde se concentró la tensión fueron los alrededores de la Catedral de Managua, donde cientos de manifestantes buscaron refugio para evitar ser arrestados.

Al menos 67 personas fueron detenidas en la capital. Entre ellos, el periodista Abixael Mogollón, de la plataforma digital Artículo 66, mientras hacía una transmisión en vivo, según datos de la Articulación de Movimientos Sociales.

Seis ya fueron liberadas, incluido Mogollón, indicaron los opositores. La policía aún no se ha pronunciado al respecto.

 "Despliegue policial desproporcionado" 

"Tenemos que decirle a la dictadura que tenemos derecho a manifestarnos", declaró a la AFP el politólogo José Antonio Peraza, del opositor Movimiento Por Nicaragua.

"Hemos visto un despliegue policial desproporcionado, no nos han dejado ejercer nuestro derecho a la manifestación", dijo el dirigente estudiantil Max Jerez.

"No nos vamos a inmovilizar por el miedo porque no podemos. Hace un año fuimos protagonistas en la calle y vamos a salir nuevamente", dijo también la universitaria Dolly Mora, de la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que organizó la protesta.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que agrupa a empresarios, estudiantes y la sociedad civil, respaldó la convocatoria a marchar para conmemorar el inicio del estallido social contra Ortega.

"Asesino Ortega, vamos a luchar hasta el día que te vayas", gritaban jóvenes mientras corrían por una calle huyendo de una patrulla policial.

La represión a las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018 hundió a Nicaragua en una grave crisis política que erosionó la economía, con una contracción del 3,8% del PIB y la pérdida de 294.000 empleos, según el Banco Central.

Los gremios empresariales estiman por su parte que la economía se contrajo en un 4% el año pasado, con 400.000 puestos de trabajo perdidos.

La policía había negado la autorización a la marcha alegando que sus organizadores "estuvieron involucrados en graves alteraciones al orden público" en el pasado.

El gobierno mantiene una prohibición de manifestarse desde septiembre, cuando declaró ilegales las protestas y amenazó con acusar a los organizadores de alterar el orden y la seguridad ciudadana.

Ortega, un exguerrillero de 73 años, gobierna desde 2007 y es acusado por la oposición de corrupción y de instaurar una dictadura junto con su esposa.

 "Hasta aquí"

"El pueblo de Nicaragua le ha puesto un hasta aquí a la dictadura, aunque aún esté en el país", declaró a periodistas la abogada Azahalea Solís, integrante de la ACJD. "Ha dejado demostrado que el régimen no está habilitado para gobernar, ha desnudado al régimen en su faceta de represor", agregó.

Organizadores de la marcha habían dado previamente recomendaciones a la población para no exponerse a la acción policial, como andar en grupos de no menos de 10 personas, detectar rutas de salida y lugares para resguardarse en caso de agresión.

La alta comisionada de la ONU para los derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó el martes al gobierno a asegurarse de que las fuerzas de seguridad "garanticen los espacios necesarios para que las personas se reúnan pacíficamente".

Bachelet pidió "a las autoridades que tomen medidas con el fin de evitar el uso excesivo de la fuerza" tras señalar que en la represión el año pasado "más de 300 personas resultaron muertas, 2.000 heridas, 62.000 desplazadas fuera del país y varios cientos de personas han sido privadas de libertad".