Con la premura de plantear una iniciativa donde resalte el consenso que buscó el Gobierno en las principales regiones del país con los jóvenes, amas de casa, empresarios, partidos políticos y ciudadanos de a pie, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo presentó el eje del proyecto de Inversión Social.

Según el ministro, este texto se construyó con ideas y propuestas comunes de todos los sectores. Hay varias coincidencias con lo que también plantea el Gobierno nacional, como son: fortalecer los programas sociales, no afectar a la clase media, presentar un proyecto corto y conciso que recaude entre $10 billones a $15,2 billones, reactivar la economía, generar empleo y estabilizar las finanzas del país. Bajo este contexto, se deberá ahorrar, por lo menos, $1.8 billones al año (3% del PIB en 10 años) para destinarlos a Inversión Social.

Entre los principales aspectos del proyecto están:

1.- Austeridad del gasto público. Se pretende un ahorro de $1,9 billones anuales: A partir de 2023, los gastos de las nóminas financiadas con el Presupuesto General de la Nación no crecerán sin afectar el poder adquisitivo de los funcionarios. Se limita la adquisición de bienes y servicios a aquellos que son estrictamente esenciales, recortando gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos, entre otros.

Las transferencias a cargo de la Nación, se reducirán anualmente, salvo las del Sistema General de Participaciones, los aportes a la salud, a las universidades y a las pensiones.

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Se controlarán y se disminuirán los gastos relacionados con los contratos de prestación de servicios o nóminas paralelas.

2.- Subsidio a la nómina (PAEF): Se amplía para el periodo julio-diciembre 2021, focalizando el programa en las empresas de menor tamaño (menos de 50 trabajadores) e incluyendo a empleadores personas naturales generadoras de mínimo dos empleos. Costo: $1,06 billones en 2021.

3.- Ayuda a educación: Habrá mayores recursos para el pago a la matrícula de estudiantes de instituciones de educación superior pública. A su vez, se podrán otorgar estímulos y alivios a las personas que tengan obligaciones financieras con el Icetex. Costo: $700.000 millones por año.

4.- Ingreso Solidario: Se propone extender el programa hasta 2022, manteniendo los beneficiarios actuales y ampliando su cobertura en 200 mil hogares en condición de pobreza extrema que hoy no reciben ningún beneficio del Gobierno. Costo: $2,13 billones para 2021 y $6,59 billones para 2022.

5.- Empleo: Se propone un esquema de incentivos para la contratación formal de jóvenes (25% de un salario mínimo), así como para el resto de la población con ingresos de hasta 3 salarios mínimos (10% de un salario mínimo). Costo: $236.000 millones en 2021 y $573.000 millones para 2022.

6.- Estímulo a la formalización tributaria: Se fortalecerá la capacidad de fiscalización de la DIAN. Recaudo: $2,7 billones. Con el propósito de continuar la campaña de reducción de la evasión, se faculta a la DIAN para enviar las declaraciones de renta a aquellos contribuyentes que están obligados y hoy no lo hacen.

Se crea el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) con el propósito de identificar mejor las personas que son propietarias o beneficiaras de las empresas para que cumplan con sus obligaciones tributarias. Se utilizará un sistema de información georreferenciada con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados.

7.- Mayores ingresos tributarios, sin afectar a las personas naturales: Se reduce a un 50% el beneficio tributario que permite descontar el ICA del impuesto de renta para las empresas. Recaudo: $3,9 billones.

8.- Solidaridad de las empresas. Aporte solidario de las empresas para el financiamiento de la inversión social, a través de un incremento en la tarifa de renta de 30% a 35% a partir de 2022. Recaudo: $6,7 billones

9.- Sobretasa al sector financiero. Extensión de la sobretasa de 3 puntos porcentuales, desde 2022 hasta 2025. Recaudo: $415.000 millones (precios de 2023).

10.- Normalización tributaria. Esta medida deberá estar lista para el 2020. Recaudo: $300.000 millones en 2021 y $360.000 para 2022.

Fortalecimiento de la institucionalidad, para promover la sostenibilidad de las finanzas públicas.