- ¿Un salto presidencial al vacío?
- Mayorías silenciosas e indecisas
Con ocasión de la fiesta nacional del Perú el presidente Martín Vizcarra sorprendió al Congreso y a todo el país al lanzar la propuesta de adelantar para el año entrante las elecciones generales de 2021. La iniciativa cayó como un baldado de agua fría sobre los legisladores, tanto de la oposición como gobiernistas. Las réplicas más fuertes vinieron del fujimorismo, que tiene mayoría en el Parlamento. Para esta facción contraria al Ejecutivo la idea de acortar el período presidencial es una evidencia de la debilidad gubernamental y un claro intento para afectar el régimen democrático. Una tesis rechazada por los voceros oficialistas que consideran que adelantar los comicios es sano pues tras todo el tsunami político y judicial por el escándalo de los sobornos de Odebrecht es el momento de darle un vuelco a la política nacional.
No pocos analistas estiman que la idea de Vizcarra podría ser un salto al vacío puesto que en un ambiente político tan caldeado nada garantiza el triunfo del gobierno. La situación económica y social no es fácil, y ello se refleja en el decreciente nivel de popularidad del Ejecutivo. Perú hace una década crecía al 8% anual pero en 2018 apenas lo hizo a la mitad, con el agravante de que este año, según el Fondo Monetario Internacional, apenas si pasará del 3,5%. Quizá por esa misma razón Vizcarra apuesta por adelantar las elecciones, un golpe de opinión que le podría ayudar a recuperar apoyo popular. Sus contradictores creen, por el contrario, que es una medida desesperada que solo intentan los gobiernos agónicos, como pasó con los de Alfonsín o De la Rúa en Argentina. Incluso se recuerda el caso un tanto extravagante del exdictador chileno Augusto Pinochet, quien empujado por asesores demasiado optimistas llegó a creer que mediante elecciones libres y democráticas se quedaría en el poder, pero fue derrotado estruendosamente.
En el caso del Presidente peruano hay ciertas particularidades. En todo momento ha apoyado a los jueces y fiscales que investigan las millonarias coimas que repartió Odebrecht a varios gobiernos a cambio de obtener jugosos contratos. Es una cruzada sin antecedentes ya que en ese país casi todos los presidentes de las últimas dos décadas se han visto involucrados en este escándalo de sobornos, terminando varios de ellos en prisión. Incluso meses atrás la misma suerte iba a correr el exmandatario Alan García pero prefirió suicidarse cuando los agentes judiciales fueron a detenerlo en su casa.
Salvo Fujimori, que terminó condenado por graves casos de violación a los derechos humanos, todos los últimos jefes de Estado han terminado procesados e incluso presos por corrupción: Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, el ya mencionado caso de García y hasta la excandidata presidencial y jefe de oposición, Keiko Fujimori.
En la medida que la situación de las clases más vulnerables del Perú se ensombrece por un horizonte económico y social complicado, es claro que la popularidad del actual Presidente, más allá de su cruzada anticorrupción, tiende a disminuir. De allí que no parece que lanzarse a una aventura como la de adelantar la cita en las urnas, tanto para escoger Jefe de Estado como renovar el Parlamento, sea una apuesta segura, tanto para mejorar su imagen y lograr el apoyo de las mayorías, como para imponerse electoralmente el fujimorismo y demás rivales políticos que dominan el Congreso. Es más, hay observadores que consideran que Vizcarra corre el riesgo de que esta maniobra termine beneficiando a los sectores más radicales de la oposición. Por el contrario, en las toldas del oficialismo se cree que unas elecciones con los grandes jefes de todos los partidos en prisión mostrarían que la crisis de la democracia peruana es grave y ello le daría de alguna manera la razón a Vizcarra en su intento de depurar todo el panorama del poder político.
En el sector judicial hay más dudas que certezas sobre la propuesta de Vizcarra. Jueces y fiscales no ven con mucho optimismo esta salida electoral dado que en las urnas el Gobierno podría perder y el fujimorismo y otros sectores salpicados con la corrupción volverían al poder y desde allí bloquearían las investigaciones.
Tampoco faltan los sectores que consideran que en medio de una delicada situación económica citar a elecciones anticipadas afecta la estabilidad política y jurídica, así como el clima para negocios e inversión.
¿Qué pasará? Por el momento el Presidente se mantiene firme en su propuesta y ya radicó el respectivo proyecto de reforma constitucional en el Congreso. No solo persisten dudas constitucionales al respecto, sino que algunos de los más reconocidos gobiernistas le han pedido a Vizcarra que aplace la convocatoria del referendo (que debe aprobar el adelanto de las elecciones), dado que no están preparados para ganarlo y las encuestas muestran que las mayorías se mantienen todavía indecisas. Habrá que esperar el paso de los días para saber si esta maniobra puede resultar un triunfo político para el Gobierno inca o una especie de harakiri.